Es la peor de las señales. Cuando la violencia narco pasa de las muertes por batallas entre bandas que disputan territorios, a los asesinatos de figuras políticas relevantes, es señal de que tiene una estructura y un poder de fuego capaz de generar una guerra devastadora contra el Estado.
El primer ejemplo está en Colombia, donde dos magnicidios en la década del 80 dejaron a la vista el poderío del Cartel de Medellín.
Luis Carlos Galán ya había subido al escenario y estaba a segundos de iniciar su discurso, cuando desde la multitud dispararon a mansalva, acribillándolo. Lo asesinaron el Cartel de Medellín y una de sus organizaciones armadas más criminales, Los Extraditables, porque el candidato presidencial del Partido Liberal había prometido que, ni bien llegara a la presidencia, autorizaría la extradición de narcos a los Estados Unidos.
Aquel magnicidio ocurrido en Cundinamarca a días de la elección presidencial de 1989, completó la revelación que había comenzado cinco años antes, cuando sicarios de Pablo Escobar emboscaron y balearon a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que quedó en como el primero en denunciar al jefe del Cartel de Medellín. Lo que quedó expuesto fue la dimensión del poder destructor que tenía el narcotráfico.
Eso es también lo que dejó a la vista el asesinato de Fernando Villavicencio. Si ya era grave lo que insinuaban las sangrientas batallas entre bandas narcos en las cárceles ecuatorianas, el magnicidio perpetrado de manera idéntica al que reveló la magnitud del poderío de Pablo Escobar, está mostrando que el narcotráfico tiene en Ecuador un aparato criminal de dimensiones suficientes como para que una guerra con el Estado resulte un equivalente de lo que fue la sangrienta guerra librada por el Cartel de Medellín.
Que su lema de campaña fuera “Es un tiempo de valientes”, prueba que Villavicencio sabía que buscar la presidencia ponía en riesgo su vida. Las mafias y la corrupción intentarían impedirle llegar a la mejor trinchera para la lucha contra esos flagelos. Si pudo acorralarlos con sus denuncias desde el congreso y desde los diarios donde desarrolló su periodismo de investigación, desde la presidencia podría acorralarlos mucho más.
Poco antes de ser asesinado, Villavicencio había dicho que estaba recibiendo amenazas de narcos. Posiblemente era la extensión ecuatoriana del Cartel de Sinaloa. Como periodista y como político, el narcotráfico fue uno de los blancos habituales de sus investigaciones y denuncias. De hecho, había sufrido atentados que llevan la firma narco, aunque cuando tuvo que esconderse en la selva durante un año y medio, escapaba de la persecución de Rafael Correa por las sospechas que generó sobre lo ocurrido en el 2010 con el presidente y los policías amotinados.
El correísmo lo tenía como archi-enemigo porque denunció desde los sobornos de Odebrecht hasta negociados multimillonarios con petroleras chinas, además de pactos secretos con la minería ilegal.
Por eso y por el modus operandi de los criminales, la primera sospecha cae sobre las organizaciones narcotraficantes. Pero sus enemigos no eran sólo esas mafias. Poderosos empresarios y también altos miembros de la clase política, habrán festejado en secreto el magnicidio que les quita de encima la lupa del periodista de investigación y del candidato presidencial cuya principal bandera era la lucha contra la corrupción.
Villavicencio fue uno de los mayores azotes periodísticos y políticos que tuvieron los gobiernos de Rafael Correa. Por eso habrá lecturas sobre el magnicidio que lleven las sospechas hasta las cercanías del ex presidente. Hace menos de un año, a la ráfaga de balas que le destrozaron el frente de su vivienda, él la atribuyó a sus denuncias sobre oscuros vínculos entre el correísmo y mafias narcos. Y no fue la última vez que habló de eso.
Tanto Correa como Jorge Glas, vicepresidente del gobierno de Lenin Moreno que acabó encarcelado por corrupción, eran los principales blancos de sus denuncias. Fue Villavicencio quien, con excesiva temeridad, describió como auto-atentado la rebelión policial que mantuvo a Correa retenido por los sublevados durante largas horas, en setiembre del 2010.
Tuvo que ocultarse en la selva y lo protegió una comunidad indígena. Sus denuncias contra pactos secretos facilitando la minería ilegal en el Amazonas, lo habían convertido en alguien apreciado por las etnias amazónicas y sus estructuras políticas, como el movimiento Pachakutik.
Por eso, entre las sospechas que sobrevolarán Ecuador, algunas apuntarán al espacio político que el candidato asesinado más ha denunciado.
Obviamente, los narcos gatillaron, pero es inevitable que algunos se pregunten si no hubo políticos detrás de esos sicarios. Y las sospechas apuntarán hacia el lado oscuro del correísmo.
* El autor es politólogo y periodista.
