No hay respiro. La realidad golpea una y otra vez, sin dar tiempo ni espacio para levantarse. La inseguridad. La inflación. El futuro incierto de un país cuya caída no parece haber llegado a su fin y una provincia que no puede escapar de esa realidad, al contrario.
El combo es desalentador. Y no hace falta de las encuestas para percibir que esas son las principales preocupaciones ciudadanas.
Pero por si alguien duda, las encuestas lo confirman: el último relevamiento nacional que hizo la consultora Reale Dalla Torre, en febrero, muestra que el 69% de los argentinos menciona la inflación, el 59% la inseguridad, el 52% el desempleo y la mitad la falta de dinero en su hogar como sus mayores desvelos. Nada muy distinto pasa en Mendoza.
El acuerdo con el FMI, aprobado la madrugada del viernes por el Senado a pesar de Cristina Kirchner y su tropa de leales, con Anabel Fernández Sagasti en primer lugar, tiene la forma de un nubarrón más que de un arcoiris para buena parte de los argentinos: según ese estudio, sólo 12,3% cree que mejorará su economía personal, 44,6% considera que la empeorará y para el 20%, todo seguirá igual.
En este escenario es donde se disputan a diario, en Mendoza, batallas políticas repetidas. Tan repetidas que antes de que empiecen uno puede imaginar qué dirán unos y otros. El guion carece de originalidad.
E1 oficialismo provincial culpa de todos los males a la ineficiencia del Gobierno nacional. La oposición local, que a la vez es oficialismo en la Nación, se hace la desentendida de los déficits propios y carga todas las culpas en la gestión de Rodolfo Suárez. Así, no hay salida.
El caso de Emiliano Fernández, asesinado de un piedrazo en la cabeza cuando iba a trabajar para robarle la bicicleta, alteró los ánimos. Las imágenes del instante del asesinato rápidamente inundaron los medios nacionales y las redes sociales.
La barbarie filmada multiplicó la conmoción.
Sólo una voz oficial se escuchó luego y fue la de Víctor Ibáñez, que suma poder interno y a pedido de Suárez es el vocero de la gestión. El ministro de Gobierno es el único que puede hablar en nombre del Gobernador.
Y lo que Ibáñez argumentó es lo mismo que decían y dicen en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Seguridad off the record: la situación económica por las deficientes políticas nacionales genera inseguridad y los últimos crímenes resonantes han sido resueltos en menos de 24 horas.
El primer argumento apunta a quien el relato del oficialismo ha transformado en el máximo responsable de todos los males que nos acechan: el Gobierno nacional. Esa acusación se sostiene al amparo de una coincidencia generalizada en la opinión pública, incluso entre muchos peronistas.
La gestión de Alberto Fernández al frente del país es tan mala como lo fue la de Francisco Pérez en Mendoza. A ambos los une el mismo pecado original, llegaron por decisión de otro, y el mismo efecto dañino: degradaron el sillón en el que se sentaron.
Pérez, cuando se habla del pasado, y Fernández, cuando del presente se trata, son figuras recurrentes en los discursos de todos los funcionarios.
Hay algo claro. La situación económica crítica, que se torna desesperante puertas adentro de muchas casas, es responsabilidad de la Nación. Pero la seguridad, más allá del contexto, es una tarea indelegable de la Provincia.
La razón económica del delito, de hecho, es denostada por la academia, que la considera una simplificación “burda” de un fenómeno que reconoce múltiples causas.
“¿Influye la crisis? Sí, claro. Pero también influye en el rendimiento escolar. No hay una relación lineal entre el contexto económico y el delito o la violencia”, asegura un consultor y docente de seguridad pública de Buenos Aires que conoce muy bien el funcionamiento del sistema mendocino y trabaja para varias provincias argentinas y grandes ciudades latinoamericanas.
El segundo argumento esgrimido, la velocidad en la resolución, es un consuelo, pero no más. El castigo que la Justicia dictamine para el culpable no curará la pena profunda de los familiares, apenas la anestesiará. El reclamo social en cada barrio es que no sucedan los asesinatos, ni los robos. Prevención más que castigo.
El peronismo se subió a ese reclamo, aprovechando que hace rato apunta a la cúpula de Seguridad. Caído el ex jefe de Policía, Roberto Munives, por una investigación periodística, van por el ministro, Raúl Levrino.
El PJ, que se sabe en inferioridad de condiciones y valoración social, busca dar pelea desde la trinchera. Ese fue el caso también del centro de esquí proyectado sobre tierras fiscales en Malargüe. Aunque parece selectivo en las denuncias y la insistencia para instalarlas: apenas dedicó un tuit a la cesión de tierras a Edemsa en Uspallata para hacer un parque solar.
Nuevo perfil
En el Ministerio de Seguridad hay un hecho que remarcan: la caída de los homicidios (-42%) y de los robos agravados (-48%). Esa mejoría se comprueba comparando el primer bimestre de este año con el primero de 2021. Pero también si la mirada abarca los números de las últimas gestiones del peronismo le da saldo muy a favor.
“Hoy la tasa de homicidios es de 4,2 cada 100 mil habitantes, la más baja en décadas, cuando el PJ nos dejó 9,8%”, señalan. Esa tendencia, apuntan los especialistas, se da en todo el país, no sólo acá.
En el Gobierno saben que esos datos positivos no alcanzan para calmar a la gente. “Frente a casos como el del trabajador asesinado se caen todas las estadísticas”, reconocen.
Así como hay números que han mejorado, otros empeoraron el primer bimestre de este año: son los robos simples (15%), robos agravados sin armas (75%) y robos de autos (32%). Son estos casos los que multiplican los reclamos mediáticos y en las redes.
La receta a la que apuestan en el ministerio para mejorar los indicadores negativos es lo que llaman prevención situacional, o sea más presencia policial en las calles.
De esa convicción surge la decisión de invertir más en móviles y en cámaras. Pero en este punto sí el contexto económico nacional influye indudablemente: se licitaron 170 vehículos y no hubo ofertas por la escasez de vehículos 0 Km en el país.
El especialista consultado tiene una mirada crítica: “La actual política de Mendoza es antigua. Asocia la seguridad con el accionar policial. Va detrás de los hechos para castigarlos y así disuadir para que no ocurran nuevamente. En Argentina, en general, se cree que la lucha contra el crimen se reduce a que haya móviles dando vueltas por las calles”.
Los delitos cotidianos, que arrasan con dinero y electrodomésticos en las casas o vehículos y celulares en las calles, son los que sensibilizan a la sociedad. Los asesinatos brutales como el de Emiliano Fernández la ponen en crisis. Y obligan al Gobierno a hacer cambios.
Suárez incluye a Levrino entre los funcionarios de su máxima confianza y no está dispuesto a sacrificarlo. Hace menos de dos meses, ya echó a Munives, heredado de la gestión Cornejo, y rearmó la cúpula policial.
Para acallar las críticas, hay una decisión tomada: el ministro, hasta ahora reacio a las apariciones públicas, tendrá una mayor exposición. “Me concentré en supervisar los indicadores y la operatividad de la fuerza”, se defiende en privado Levrino, que fue subsecretario de Seguridad en la gestión Cobos, cuando Alfredo Cornejo era el ministro.
Pero hay otra decisión, más trascendente, que empezará a materializarse en los próximos días y es difundir los datos que recopila el Observatorio de Seguridad Ciudadana y que semanalmente reciben funcionarios y comisarios. “La sociedad debe conocer lo que pasa”, aseguran ahora.
Después de años de secretismo, el giro es profundo.
Tal vez tenga que ver el vaticinio de un funcionario que descree de la teoría académica: si la economía empeora y la inflación mantiene su escalada, nada bueno asoma en el horizonte para la seguridad de los mendocinos.
