En enero de 1959, Fidel Castro inauguró en Cuba un régimen que impulsó insurgencias en toda Latinoamérica. También fue un primero de enero, el de 1994, cuando desde Chiapas el alzamiento zapatista avisó que el Consenso de Washington y la ola neoliberal que el presidente Carlos Salinas de Gortari iniciaba en México, no eran “el fin de la historia” y encontrarían resistencias en toda América Latina.
El 6 de enero del 2021, la turba multitudinaria que asaltó el Capitolio para que Donald Trump continuara en el poder a pesar de haber perdido la elección, anunciaba que el ultra-conservadurismo amenazaba la democracia en Estados Unidos y más allá de la superpotencia occidental. Y el 8 de enero del 2023 otra multitud violenta daba el mismo mensaje desde Brasilia, asaltando los principales edificios del Estado en la Plaza de los Tres Poderes.
Enero suele anunciar de manera shockeante profundos conflictos que nacen o profundos conflictos que persisten aunque se los consideraba terminados. Los mensajes shockeantes de enero siempre son reveladores de inmensos desafíos continentales.
Ahora es en Ecuador donde apareció un aviso aterrador: las mafias del narcotráfico deben ser la principal hipótesis de conflicto y se las debe enfrentar a nivel continental.
La aterradora jornada con la fuga de dos capos narcos, el asalto a un canal de televisión, el ataque a una universidad, estallidos de coches bomba, motines carcelarios y secuestros de policías, parece la crónica de una tragedia anunciada.
Los primeros anuncios fueron las guerras carcelarias entre bandas que estallaron en el 2020 tras el asesinato de Jorge Zambrano. Esa muerte descentralizó el poder narco y puso fin a la coexistencia mantenida mientras a la más grande de las bandas la lideró Zambrano.
Desde hacía una década se veía el crecimiento del tráfico de cocaína que ingresaba desde Colombia y desde Perú.
Las guerras entre bandas narcos en prisiones incluyeron decapitaciones y torturas, sumando centenares de muertos.
A esa altura estaba claro que las mafias del narcotráfico se incubaban en las prisiones ecuatorianas, convirtiéndolas en cuarteles generales, puestos de comando y campos de batalla entre bandas, en sus guerras por el control de rutas y puntos de distribución interior y exterior.
Sin embargo, pasaron casi tres años sin que el Estado priorizara enfrentar el tumor que crecía y generaba metástasis en todas las instituciones, principalmente la policía, el ejército, el sistema judicial y las áreas del gobierno abocadas a la seguridad.
Tuvo que ocurrir un magnicidio para que el tema se volviera prioritario. El asesinato de Fernando Villavicencio, quien como periodista investigaba y descubría los vínculos del narcotráfico con la política y, como candidato a presidente, prometía lanzar la guerra total contra las bandas, hizo que los demás aspirantes a la presidencia continuaran sus campañas vistiendo cascos y chalecos antibalas.
Al proceso electoral lo terminó ganando un candidato joven y desconocido, que no venía de la política a pesar de que su padre, el millonario Alvaro Noboa, fue cinco veces candidato a presidente. Y la carta ganadora de Daniel Noboa fue su promesa de implementar lo que llamó Plan Fénix, para acabar totalmente con el narcotráfico.
Si ganaba la elección y cumplía su palabra, en Ecuador habría una guerra entre el Estado y el narcotráfico. Noboa ganó y dio los primeros pasos en el cumplimiento de su promesa de campaña, haciendo estallar ese conflicto inevitable.
En Colombia, quien declaró la guerra al narcotráfico fue el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1991, al denunciar que Pablo Escobar se había enriquecido traficando cocaína y reclamar su expulsión del Congreso.
La respuesta del capo del Cartel de Medellín fue el asesinato de Lara Bonilla. Lo mismo ocurrió en México a partir del 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. En ambos casos, las sociedades, sus dirigencias y el resto de la región se sorprendieron con la dimensión del poderío narco.
La primera señal de guerra que dio Noboa fue proponer cárceles flotantes para que los capos narcos cumplan condenas en alta mar, sin poder dirigir las mafias desde sus celdas.
El segundo fue anunciar la militarización de las cárceles. En el acto fugaron los dos principales capos: Adolfo Macías, de Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, de Los Lobos.
A continuación hubo rebeliones carcelarias, secuestros de policías, estallidos de automóviles, ataques a universidades y el copamiento de un canal de TV que fue transmitido en vivo.
Noboa enfrenta a un enemigo poderosísimo con apoyo del todo el arco político ecuatoriano. La pregunta es si el resto de Latinoamérica mirará desde afuera, como hizo con Colombia y con México, o entenderá que el desafío es continental.
* El autor es politólogo y periodista.
