El Gobierno nacional lanzó su campaña electoral flexibilizando los requisitos para acceder a las líneas de crédito para construir una vivienda. Si hasta aquí era necesario demostrar un ingreso familiar del orden de los 68 mil pesos, ahora alcanzará con 28 mil. La reducción es muy significativa y bien podría atentar contra el objetivo final, que es facilitar la concreción de una aspiración muy cara a nuestra clase media: la casa propia.
La construcción, refacción, ampliación o compra de una vivienda requiere casi siempre de un crédito hipotecario. Pero por las inestabilidades económicas crónicas que padece nuestro país, casi nunca ha existido un mercado en el que compitan las propuestas de distintas entidades bancarias privadas.
El único actor, con sus altibajos y sus regulares y arbitrarias modificaciones de las reglas de juego, ha sido el Estado. Y como los gobiernos de turno diseñan estos créditos con base en dinámicas electorales para ofrecer de todo un poco en el afán de captar votos, en vez de hacerlo con racionalidad económica, lo que ocurre es que no son pocos los beneficiados que no pueden concluir su proyecto, amén de quedar endeudados.
El Procrear de la época de Cristina Fernández, que priorizaba la construcción, es un claro ejemplo. El monto otorgado era fijo, a pesar de la alta inflación que se registraba. Muchas casas quedaron por la mitad, inhabitables. Sus dueños no pudieron mudarse. Pero igualmente, como es lógico, debían pagar las cuotas.
El Procrear de la época de Mauricio Macri, en cambio, priorizó la compra. Aquí el problema fue que los créditos se pactaron en UVA, una unidad de valor creada por el Banco Central que sigue la curva de la inflación. Es un buen sistema que se usa en muchos lugares del mundo, ya que baja la cuota inicial y aumenta el universo de quienes lo pueden solicitar, al mismo tiempo que garantiza que la entidad que otorga el préstamo recibirá un dinero equivalente al que otorgó, más allá de la inflación. El problema argentino fue exactamente este: que la inflación hace años que les gana a los salarios, o sea que cada vez la cuota de estos créditos pesa más en un bolsillo que tiene plata de menor valor.
Ahora, la administración de Alberto Fernández, sin resolver los problemas derivados de las gestiones anteriores, se propone que un núcleo familiar que apenas gana 28 mil pesos se entusiasme con pedir un crédito para hacerse su propia casa.
Si la canasta básica total de junio pasado, para una familia tipo de cuatro integrantes, fue del orden de los 66 mil pesos, ¿cómo hace una familia con ingresos de 28 mil pesos para vivir y además pagar un préstamo?
Es necesario que el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales instrumenten líneas de crédito para que las clases medias, cada vez más empobrecidas, puedan acceder a una vivienda propia. Pero, por eso mismo, no se puede jugar con las necesidades y las aspiraciones de la gente desde una perspectiva electoralista.
