Mendoza se ve distinta desde su extremo sur. Al menos, parece, cambia y mucho la mirada de los que desde allí contemplan la realidad de la provincia. Tal vez por eso, mientras en el área metropolitana todos dan por caída la construcción de Portezuelo del Viento y se apuran a buscar opciones para invertir esos 1.023 millones de dólares, en Malargüe aún creen posible, al menos, dar la pelea.
Lo de la represa es vivido en el departamento sureño como un cachetazo a su ilusión. El segundo en algo más de dos años. La frustrada reforma de la ley 7722 fue el primero. Entonces también se verificó aquello de las miradas opuestas: mientras las manifestaciones en las calles de Capital eran en contra de la minería, allá marchaban a favor. Ese momento quizás haya alumbrado una nueva versión del teorema de Baglini.
Precisamente esas previsibles decepción y reacción malargüinas obligaron al oficialismo a dejar de hablar del plan B luego de que Rodolfo Suárez revelara su existencia cuando se extinguía el 2021. El enojo que se generó entonces en el Sur obligó al Gobierno a mantener las formas y recién volvió a exteriorizar su idea una vez que Alberto Fernández confirmó que laudará a favor de La Pampa.
La oposición presidencial al pedido mendocino era la noticia deseada por la cúpula radical provincial. Por un lado, le da más sustento al discurso de la discriminación nacional y por otro, libera de manos al Ejecutivo para avanzar con su verdadera prioridad, destinar ese dinero a otras obras.
Desde el año pasado hubo en torno a Portezuelo una puja de intereses, primero disimulada y luego desembozada, empezando por los empresarios. La construcción de la represa es defendida por los que pueden ganar algo con su construcción y la esperada tercerización de tareas. Entre los denostadores están los que pretenden ganar con su no ejecución: el plan B desparramará dinero entre las constructoras durante al menos cinco años.
Con la decisión de Fernández ya anunciada por él mismo, aunque no firmada aún, parece haberse desatado ahora la pelea entre los intendentes. Todos quieren su tajada.
Algunos, como San Rafael, empiezan a sacar del archivo las razones por las que deberían captar una mayor inversión en obras que los otros. Como si se tratara de una familia en la que todos se pelean por ver quién quería y cuidaba más al fallecido para recibir más cuando se haga el reparto.
“Estamos dividiendo la herencia cuando el tío todavía está en terapia intensiva”, admite un intendente que observó el festival de los últimos días como una comedia de enredos.
Esa permanencia “en terapia intensiva” es precisamente lo que alienta las esperanzas malargüinas de “salvar” a Portezuelo. Y la idea que el jefe comunal, Juan Manuel Ojeda, terminará de definir esta semana es una acción que tiene mucho de golpe de efecto: movilizar a todo el departamento hacia la Casa Rosada para convencer al Presidente de apoyar la represa. Una caravana desde la cordillera a la sede del poder nacional.
De hacer esa movilización, la presión también se sentirá en la Casa de Gobierno mendocina. El intendente de Malargüe, empujado por la necesidad de generar trabajo en su departamento, cree que el estudio de impacto ambiental exigido podría hacerse mientras avanza la construcción.
Suárez tiene claro que ni siquiera puede poner el cartel de obra sin un aval total de la Nación. El riesgo de empezar, invertir dinero y que el dique quede paralizado para siempre es demasiado grande como para lanzarse a una aventura incierta. Ni hablar de los posibles juicios posteriores.
Conocedor de primera mano de esa decisión provincial, Ojeda también busca su propio plan B pensando en el futuro. Por eso quiere volver a discutir en la Legislatura la habilitación de la minería metalífera, esta vez restringida a su departamento.
Sería volver al plan que se tejía en el Ejecutivo antes de que Suárez asumiera y decidiera extender a toda la provincia la habilitación minera con la modificación de la 7722 que impulsó.
Para convencer a los otros intendentes, el proyecto que presentará Ojeda dispone que la mitad del 1,5% de regalías extra que se cobraría sería para Malargüe y la otra mitad para obras hídricas en toda la provincia.
El argumento es simple: así como los malargüinos respetan que no se haga minería en aquellos departamentos cuyos habitantes no quieren, por ejemplo San Carlos, el resto debería respetar la voluntad de los malargüinos.
Prioridades y necesidades
El plan B para invertir los fondos de Portezuelo es por ahora apenas un título sin contenido. No hay nada confirmado. El Gobernador ya ha dicho que consultará a todos los sectores de la vida política, económica, social y educativa de la provincia antes de decidir qué se hará.
Hay sí una decisión tomada por Suárez: la primera obra que se financiará será de Malargüe, a modo de compensación. Y es allí donde asoma la construcción del parque industrial, minero y petrolero de Pata Mora, en el extremo sur, junto al río Colorado, el límite con Neuquén.
Esa zona aporta el 40% del petróleo de Mendoza (aunque la mayoría de los que trabajan son neuquinos y pampeanos) y es la única que atrae la mirada de potenciales inversores. De hecho, su área de influencia comprende a Paso Bardas Norte, donde YPF proyecta dos pozos para confirmar el potencial del lado mendocino de Vaca Muerta, y a Cerro Morado, donde apuesta a la recuperación terciaria. El futuro pasa por allí.
“Pata Mora abre a Malargüe 100 oportunidades más que Portezuelo y además empezaríamos a competir con Neuquén”, argumenta el Gobernador cuando se reúne con su equipo.
Por eso, el próximo viaje que hará, antes de ir a la feria minera en Canadá, será precisamente a la vecina provincia, para conocer in situ cómo se opera en Vaca Muerta. Sus anfitrión será el presidente de YPF, Pablo González. El encuentro también servirá para aliviar tensiones en la relación.
Fuera de Pata Mora, hay una obra alentada por el Gobierno que ha recobrado vigencia con la segura caída de Portezuelo. Es El Baqueano, un dique en el río Diamante cuyo proyecto están apurando para licitarlo antes del final del mandato de Suárez.
Pero ese avance genera rispideces inesperadas. Cuentan que la presa ha encontrado en Alfredo Cornejo a un objetor de peso. El senador nacional no sólo es el fundador del proyecto político que hoy manda en la provincia, sino también uno de los posibles continuadores. Su argumento es que debe obviarse toda obra que pueda ser cuestionada, y frenada, por La Pampa.
Ese desacuerdo, dicen, se extiende al pedido del actual mandatario a Fernández para que lo habilite a usar el dinero de Portezuelo en obras que no sean hídricas, el destino estipulado en el acuerdo original firmado por Cornejo y Mauricio Macri.
El fundamento del ex gobernador es que hay muchas inversiones por hacer, contempladas por aquel convenio, mientras se aguarda que cambien los vientos nacionales, como creen que ocurrirá, en 2023. Esperar un aval presidencial a los nuevos usos sería “una pérdida de tiempo” con final conocido: otro no.
Fernández tiene hasta agosto para poner por escrito lo que dijo durante su discurso en La Pampa. Si se demora, el Gobierno provincial volverá a la carga exigiendo su pronunciamiento.
El contexto indicaría que hay que apurar el proceso de definición de las obras mientras se espera esa firma. Como nunca en los últimos años, los dólares bloqueados en el fideicomiso (la Nación ya ha depositado 422 millones) se deprecian al intenso ritmo de la inflación local y mundial.
Pero también es cierto que ese dinero no se invertirá en un año o dos. Si se usaran 200 millones de dólares por año, una cifra que en Mendoza hace más de una década no se destina a obras, incluso alcanzaría para que lo use el gobernador que asuma en 2027. El apuro no garantiza que rindan más.
Más importante es asegurarse el buen uso de los fondos, porque de esos 1.023 millones de dólares depende en buena medida que puedan borrarse los nubarrones que asoman en el futuro de Mendoza de seguir como venimos. No hay margen para fallar.
