¿Por qué es importante la puesta en valor y manejo sustentable de un bien cultural tan valioso como el antiguo edificio del Jockey Club en Av. San Martín? ¿Qué parte de la historia y la identidad de Mendoza están representadas en sus espacios? ¿Qué nuevos usos son los mejores, los más apropiados para potenciar su utilización e integración sin atentar contra su significado cultural? ¿Cómo financiar un proyecto de reutilización y diseñar un plan de gestión que hagan posible un manejo sostenible del bien?
Este edificio fue declarado como “Bien del Patrimonio cultural de la Provincia de Mendoza”, junto a sus muebles y archivo, por decreto 964/ del 16/07/2002 pero sin embargo su estado de conservación y falta de mantenimiento nos muestran de manera cruda que la protección legal no alcanza cuando la valorización social y las políticas públicas no acompañan.
Aplaudimos la iniciativa gubernamental de tomar cartas en el asunto y de iniciar el proceso de reutilización de este valioso edificio estatal, parte de su Patrimonio cultural. Por ello queremos aportar algunas reflexiones en torno de los procedimientos y el alcance de la “operación” de puesta en valor de ese valioso patrimonio.
Nuestro equipo de trabajo en el CCT Conicet Mendoza desarrolla un proyecto sobre el Manejo sustentable de este patrimonio: Estamos dedicados a identificar los problemas y a evaluar las posibilidades que ofrece la conservación del patrimonio cultural “público”, es decir, analizamos la situación de los edificios del patrimonio cultural público (de propiedad estatal o que por su condición legal o funcional tengan uso público), ubicados en la ciudad capital de Mendoza en vistas a su conservación.
El patrimonio que definimos como “público” es de una importancia fundamental por el volumen y calidad de las obras y porque su adecuada gestión y activación por parte del Estado opera como ejemplo y modelo para el resto de los actores sociales. Instituciones y particulares se sienten animados a comprometerse con el tema de la cultura cuando el Estado plantea políticas públicas favorecedoras de la patrimonialización precisamente con los bienes propios y se constituye en ejemplo en la materia.
Esto es así porque el Estado es el actor privilegiado de la patrimonialización como proceso, el cual supone la incorporación de valores socialmente construidos acerca de bienes. La valoración social del patrimonio supone seleccionar ciertos bienes, en este caso edificios, asociados a un territorio dado y provenientes del pasado y transferirlos a un campo de valor o significación nuevo, sometido a procesos de activación en el presente: La construcción social del patrimonio comprende interpretación, mediación, selección y negociación.
Es importante señalar que el Estado en el caso de bienes públicos es “depositario” y debería garantizar la salvaguarda de su conservación para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. Porque el patrimonio funciona como un vínculo identitario que integra a la sociedad no sólo con las generaciones precedentes sino también con las futuras. Por el contrario el individualismo y el proceso de privatización de la experiencia han generado una memoria fragmentada y múltiple y una pérdida del sentido colectivo del pasado. Nuestro interés en el patrimonio edilicio está orientado basicamente a la valoración actualizada de los bienes con la finalidad principal de garantizar su conservación material sin perder su significado cultural y la viabilidad de perdurar en nuevos ciclos de vida.
La puesta en valor del patrimonio público podrá acrecentar su capacidad informativa y testimonial, y a la vez permitirá recuperar sus valores funcionales, arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos perdidos pudiendo asumir un papel activo y significativo en la cultura del presente, situación que hasta ahora es potencial.
El patrimonio edilicio que llamamos “público” es de importancia fundamental por el volumen y calidad de las obras y porque su adecuada gestión y activación por parte del Estado opera como ejemplo y modelo para el resto de los actores sociales.
El Departamento de Capital es dentro del Área Metropolitana, el que posee mayor cantidad, diversidad y valioso patrimonio público, integrado por arquitectura de carácter monumental, asociada a sitios urbanos de fuerte imagen y visibilidad, ligados a la identidad de la región. Los bienes cubren un amplio espectro de tipos funcionales y corrientes estilísticas, este patrimonio se compone de edificios de grandes dimensiones, de escala monumental y se encuentran vinculados a sitios o en conjuntos de gran calidad, visibilidad y valor.
Este patrimonio arquitectónico público de alto valor y significado es referente de la identidad de toda el área metropolitana. Este conjunto de bienes es altamente dependiente de las políticas públicas no sólo porque se trata de edificios de propiedad estatal sino porque están o podrían ser destinados a usos públicos, museológicos, turísticos, culturales, por sus características y emplazamiento.
Todo proceso de patrimonialización busca convertir el bien cultural en un recurso, y tiene 3 fases ineludibles donde intervienen diferentes actores sociales: una primera valorativa, luego una proyectiva y al fina una de intervención. En todas ellas es el Estado, en sus diferentes niveles y organizaciones, quien debería regular democráticamente las acciones de particulares y garantizar la aplicación de la defensa del interés público y la salvaguarda del patrimonio público.
*La autora es Doctora Arquitecta del CONICET.
*El autor es Ingeniero Civil del CONICET.
