El 6 de agosto de 1922 el Poder Judicial de Mendoza cumplía cien años de su creación como poder público independiente. El aniversario recuerda que un 6 de agosto de 1822 la Honorable Junta creaba la Cámara de Justicia, antecedente de la actual Suprema Corte.
El acontecimiento se celebró en el hotel Galileo y a la noche hubo un banquete oficial en el hall del edificio que contó con la presencia del gobernador Carlos Washington Lencinas -el presidente Marcelo T. de Alvear tuvo problemas de agenda- y se otorgó un aguinaldo a los empleados judiciales con motivo del centenario.
En el corazón de la ciudad
En 1922, Mendoza tenía una industria en notable expansión y unas fuerzas políticas convencidas de la acción del Estado para la protección de los más débiles. Las instituciones se encontraban organizadas según la Constitución de 1916 y se planteaba la necesidad de hacer varias reformas en la justicia, entre ellas, la Ley Orgánica de Tribunales que había quedado anacrónica.
El clima intelectual estaba cambiando, al ímpetu por imitar el esfuerzo de esos “ilustres que nos dieron patria e instituciones”, se sumaba la revisión de lo que habíamos evolucionado como sociedad luego de un siglo de historia constitucional y jurídica. Ese año se incorporaba la estadística del movimiento de los tribunales y se enfrentaba con sinceridad lo que estaba pendiente, principalmente la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
El Poder Judicial era el único de los poderes que no tenía edificio propio. Para entonces, la Suprema Corte y las dos Cámaras de Apelaciones en lo civil y criminal, funcionaban en el corazón de la ciudad -la esquina de Espejo y San Martín-, y había 8 juzgados de primera instancia funcionando en la capital; recién a comienzos de 1923 surgía la Segunda Circunscripción Judicial. Se calculaba un foro de no más de 200 abogados; debieron pasar varios años más para que las mujeres ocupasen algún puesto en la administración de justicia.
Bajo el pulso de la Revolución
A comienzos de 1922 se conformó una comisión para organizar el Centenario a cargo del entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Cicerón Aguirre, quien estudió el significado y alcance del Centenario, lo que plasmó en un libro publicado ese mismo año. Además, aportó a la ley de presupuesto para la justicia, aumentándose los sueldos de los empleados y funcionarios judiciales que estaban congelados desde hacía una década. El Ejecutivo contribuyó con un proyecto de ley para la construcción de un edificio, que preveía un costo inicial de 1.500.000 pesos, más 30.000 que se gastarían en los festejos. La Casa de Justicia estuvo planeada en la manzana formada por calles Chile, 25 de Mayo, Sarmiento y Espejo, donde funcionaba el Cuartel de Bomberos.
Cicerón Aguirre entendía que el aniversario simbolizaba los esfuerzos que había realizado la provincia de Mendoza para hacer efectivos los principios republicanos de división de poderes. Y es que en 1822 no sólo se crea la Cámara de Justicia como poder autónomo, también se invita a las provincias vecinas de San Juan y San Luis a celebrar el acuerdo de San Miguel de Las Lagunas para que se dicte una constitución que contemplase las atribuciones de cada uno de los tres poderes del gobierno.
En Perú, será la creación de la Cámara de Justicia por parte de José de San Martín, un 4 de agosto de 1821, fecha señalada para establecer por ley el Día del Juez. La Mendoza de 1922 no era indiferente a la influencia de San Martín y Bolívar, por eso se conmemoró con un acto oficial en la plaza San Martín y un Te Deum en la Alameda, el Centenario de la Entrevista de Guayaquil del 26 de julio de 1822.
El legado de los libertadores, marcando el despertar del pueblo a una idea de derechos de la humanidad, alimentaba una ética pública en clave moderna, considerada indispensable para asegurar el progreso de la sociedad. A propósito, una de las medidas aplaudidas por la prensa en 1922, fue el llamado de atención de la Suprema Corte de Justicia al entonces Defensor de Pobres y Ausentes tras comprobarse que no cumplía con la obligación de visitar dos veces por semana a los procesados en la penitenciaría, para su efectiva defensa.
Ese año se inauguraba la primera enfermería en el penal, lo que mereció una crónica del diario La Palabra en la que se resaltaba la práctica humanitaria del director, Guillermo Correa, quien cree “como todo hombre ilustrado, al que ley la aísla de la sociedad, es un desgraciado al que hay que atender dentro de la prudencia, y favorecer, corregir, no maltratar.”
El 1 de mayo de 1922 entraba en vigencia el nuevo Código Penal, que acordaba nuevas facultades a los jueces, como el beneficio de la libertad condicional, lo que llevó a la revisión de los procesos ya fallados para la aplicación de la nueva ley más favorable. En Mendoza, la primera sentencia ajustada al nuevo código fue la aplicada por el entonces juez del crimen doctor Ataliva Herrera. Se trataba de una condena de 2 años de prisión por el delito de lesiones, el juez le redujo el tiempo sufrido en prisión preventiva y mantuvo en suspenso el resto.
