El gobierno provincial ya tiene listo el borrador de la nueva Ley de educación, están afinando detalles para que la sociedad inicie un proceso de discusión y así poder avanzar en un texto definitivo que logre sin problemas, o con los menos posibles, su sanción en la Legislatura.
En su discurso del 1° de mayo, el gobernador Suárez dijo que enviaría “un proyecto de ley para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Provincial de Evaluación de la Calidad Educativa”, y también se refirió a otro proyecto de ley “para actualizar el marco normativo educativo de la Provincia, en línea con la Ley de Educación Nacional, y para establecer los lineamientos de la educación que Mendoza necesita de cara al futuro”.
En principio se buscará avanzar con una ley bien general para luego ir definiendo otras más específicas. La necesidad inicial es que hace falta ordenar muchas cosas desde lo legal, debido a que la Ley provincial de educación es anterior a la nacional. Así es como entienden desde el gobierno escolar que hay que reconocer lo que está funcionando pero que no está contemplado en la ley, como los jardines municipales de 3 años. También se tiene pensado avanzar en las definiciones necesarias para implementar un sistema educativo digital, la enseñanza remota y la bimodalidad.
Esta semana desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a instancias de su presidenta, la diputada Silvia Stocco (PJ), se avanzó en un proyecto para formar la comisión bicameral de educación y también se le pidió al Gobierno que realice un Congreso Pedagógico Provincial. La diputada explica que “esto salió por unanimidad en la comisión. La ley tiene que tener el consenso de la comunidad educativa y de la sociedad civil. Los que están en las escuelas, los docentes, los padres y todos los integrantes del sistema educativo deben opinar”.
También señala un punto clave que atravesará buena parte del debate, la evaluación de la calidad educativa. “Hay que pensar en la calidad educativa y en contenidos mínimos que deben incorporar los alumnos. Hay que perderle el miedo al debate por la calidad educativa, a la capacitación y a la evaluación, los docentes tienen que formarse todo el tiempo”, dice Stocco.
Sobre éste punto José Luis Martiarena, licenciado en educación, entiende que debería optarse por un modelo de evaluación de la calidad educativa que sea externo a la Dirección General de Escuelas, como funcionó a principio de los ’90 y era conducido por Carlos Salvador La Rosa, quien afirma que hay que hacer mediciones locales que no sean encuestas, sino censos, así lo hizo él y logró medir la totalidad de los alumnos. “Teníamos información de cada alumno por aula, escuela y región. El organismo debe ser público no gubernamental para que dure en el tiempo y no reciba presiones del gobierno”.
Qué dice el SUTE
En el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) ya están al tanto de la iniciativa oficial aunque desconocen el borrador. Entienden que en la nueva ley tiene que estar claro el financiamiento. “Va a ser central el porcentaje de presupuesto para la educación y no debe estar sujeto a recaudación”. La ley de educación provincial actual en su artículo 161 dice que el fondo para el financiamiento educativo estará conformado por “hasta el 35% del presupuesto de la provincia”. Desde el sindicato afirman que en los últimos años “siempre el presupuesto para educación ronda el 20%, estamos 15 puntos por debajo. También hay que sincerar los montos de los fondos fijos para las escuelas que son insuficientes, ya que el 85% del sostenimiento de una escuela se lleva adelante por cooperadoras o iniciativas de la propia institución; como una suerte de autogestión que genera más desigualdad”.
En el SUTE advierten que el Gobierno apunta a la bimodalidad, es decir una educación virtual y presencial simultánea. “Eso implica dividir grupos y poner en riesgo a estudiantes, a la comunidad y también recargar a los docentes. Hoy el Estado no sostiene la educación virtual, en muchas familias no hay recursos para realizar el aprendizaje on line, ni tampoco pueden hacerlo muchos docentes”, dice Pablo Massutti, Secretario de Educación del sindicato.
Con relación a la calidad educativa, Massutti considera que se debe analizar “en un contexto más integral. Hay que contextualizar, los trabajadores de la educación están mal pagos y sobrecargados y eso afecta a la calidad educativa. La evaluación a los docentes está concebida como un control, sólo como una búsqueda de resultados. No estamos en contra de la evaluación, es parte del proceso para guiarlo y fortalecerlo, pero no concebida como un control y medición. Hay que construir, entre las mismas escuelas y trabajadores, un instrumento para volver al proceso de aprendizaje desde los contextos reales y no desde una oficina”, explicó Massutti.
También advierten que no aceptarán “el vaciamiento de saberes y contenidos por imposición de proyectos. Desde el Sindicato y las escuelas queremos ver el proyecto y participar en su elaboración desde el principio con un debate serio. Para eso vamos a generar un congreso pedagógico propio para discutir la ley”.
Otros puntos
El psicopedagogo Alejandro Castro Santander plantea que el clima escolar y la convivencia, es lo que más condiciona la calidad educativa según los informes Pisa. Considera que la nueva ley debe incorporar en la currícula las capacidades y habilidades para el siglo XXI como la creatividad. “Hoy no hay espacios, la escuela es muy verticalista, hay docentes que sólo bajan los contenidos y punto. Ahora hay toda una apertura con el aprendizaje basado en proyectos en los que el docente coordina, pero el alumno investiga y resuelve problemas. No es lo mismo el currículum que se promulga y lo que sucede en la realidad, porque lo bajás en una escuela que hoy es vieja y tiene un formato que no soporta cambios, hay que pensar en una escuela distinta”.
También considera clave tener en cuenta el aspecto socioafectivo, la competencia social y la formación del futuro ciudadano. Para Castro Santander hay que incluir lo que hemos aprendido sobre convivencia, “hay que hablar de bullyng y ciberviolencia y tampoco olvidarnos de los chicos talentosos que tiene dificultades para aprender. El gobierno tiene que convocar y escuchar, una ley no es un texto lleno de cosas, una ley se hace para proteger valores”.
Por su parte Martiarena afirma que hay que pensar “el subsistema de capacitación laboral, profundizarlo y hacer más cosas”. También reflexiona sobre las soluciones para “el 40% de chicos que no termina la secundaria y para los 25 mil que tienen problemas educativos que son casi 10% del sistema”.
El debate ya arrancó y promete ser intenso como el de la reforma constitucional.
