La pandemia del Covid-19 aún no está controlada a nivel global, al tiempo que aparecen nuevas cepas del virus que plantean un horizonte de incertidumbre en cuanto a su impacto en la economía global. Argentina no escapa a esos desafíos, más aún cuando apenas vacunó al 1% del núcleo de su población madura. La necesidad de contar con un importante número de inmunizados es clave para afrontar el desafío que supone la dispar recuperación que se observa entre los distintos sectores de la producción, de la logística y de la comercialización.
El crecimiento del empleo formal se convierte así en el centro del crecimiento del consumo, que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, avizora como el impulsor de la expansión para este año.
Sin embargo, las proyecciones en ese sentido no son tan promisorias como espera el Gobierno nacional.
En 2020, se perdieron más de 203 mil trabajos registrados. Pese a la contundencia de esas cifras, el mercado laboral no reflejó en toda su magnitud la crisis de la economía, que retrocedió 10% en relación con el nivel que tenía a fines de 2019.
La prohibición de despidos en la primera etapa de la pandemia, la doble indemnización y el auxilio estatal a través de diferentes programas determinaron que el mercado laboral formal se redujera apenas poco más de un tercio en relación con la caída del producto interno bruto (PIB).
La utilización a pleno de la capacidad productiva requerirá de la fuerza laboral que hoy cumple actividades reducidas por incluir a personal de riesgo o con otros permisos por la situación sanitaria.
En la actualidad, la incorporación de trabajadores se produce, en gran medida, a través de contratos eventuales o por vía de la tercerización de servicios y de bienes. Esto señala implícitamente que las rigideces de la legislación laboral impiden la creación de más empleos registrados.
Los costos de incorporación, el cumplimiento de contratos anacrónicos con el desarrollo de las nuevas tecnologías y otras exigencias sindicales conspiran, sin dudas, con la generación de nuevos puestos.
La Ley de Teletrabajo, que entrará en vigencia el 1 de abril, añade nuevas incertidumbres por la falta de precisiones en algunos de sus artículos, además de sumar riesgos a las empresas en momentos en que las ventas aún no repuntan con fuerza.
No sólo es necesario el trazado de un sendero económico basado en la producción, en la innovación y en el equilibrio en el gasto público. Es imprescindible, al mismo tiempo, la puesta en marcha de una legislación que atienda la emergencia y ofrezca esquemas más flexibles para incorporar trabajadores
