Los anestesiólogos hicieron lo que nada ni nadie había logrado en más de dos años: unir al oficialismo y el peronismo. El radicalismo gobernante se allanó al diálogo y aceptó cambios a un proyecto propio, un giro extraño para su actitud habitual. El frente opositor esta vez no se opuso como lo ha venido haciendo sistemáticamente, buscó llegar a un acuerdo y terminó apoyando.
A los dos quizás los convenció una visión común que ensombrecía el futuro. La de un gobierno, no solo el actual, condicionado por un grupo con poder de presión. Un interés particular que doblegaría al interés general.
El oficialismo no podía permitirse ceder por lo que le queda de mandato a Rodolfo Suárez y porque tiene la ambición de continuar en el poder. El PJ tampoco podía avalar la presión porque quiere volver a gobernar Mendoza algún día y entendió que alimentar ese conflicto podía tener un efecto búmeran: de conducir la provincia, se volvería en su contra.
Por eso no extrañó escuchar en ambos lados la misma palabra para graficar lo que sucedía. Extorsión. De pronto, encontraron un enemigo común e impensado.
“Había que ponerle un freno a ese planteo, era un disparate”, resume un ministro.
El pedido de los anestesiólogos incluía duplicar el monto por guardia, actualizarlo mensualmente por inflación, sumar un adicional por zona y concentrar en la asociación que los nuclea cobros, asignaciones y gestiones. Una tercerización del servicio en el sistema de salud estatal, interpretaron en el Gobierno.
Los peronistas que se muestran en público más duros, paradójicamente, fueron los que terminaron imponiendo internamente la decisión de acompañar el proyecto, aunque suavizando las sanciones que preveía.
El oficialismo necesitaba los votos del PJ para lograr los dos tercios que requería el tratamiento exprés de la ley de emergencia. Por eso, accedió a hacer las modificaciones pese a que tiene mayoría en ambas cámaras.
“Si no salía rápido, corríamos el riesgo de que hubiera más renuncias”, se sincera uno de los negociadores. Hasta ese momento, 68 de los 150 anestesiólogos prestadores del Estado habían presentado su dimisión.
La pregunta sin respuesta aún es por qué aguardaron a que se acumularan en los hospitales casi 5.000 cirugías en lista de espera para buscar una solución.
El escenario más temido
Hay un ejemplo con el que, coincidentemente, Gobierno y oposición explican el escenario que buscaron evitar: los jueces. Desde 2008, todos los gobernadores han debido someterse a un interés sectorial que parece desconocer el contexto provincial.
Cuando Celso Jaque firmó aquel año el acuerdo que ató los aumentos salariales de los magistrados locales a los del Poder Judicial de la Nación, le quitó al poder político toda posibilidad de intervenir en la decisión.
Todo sea por la independencia judicial que enuncian y la intangibilidad salarial que defienden.
Así, uno tras otro, los gobiernos se transformaron en meros pagadores de los generosos aumentos que decide la Corte nacional a 1.000 kilómetros de distancia: en lo que va del año ya otorgó tres, que acumulan 39%.
Aquel acuerdo de 2008 beneficia a los jueces y fiscales. También a los funcionarios designados por la Corte que cobran como magistrados y tienen los mismos beneficios, entre ellos no pagar el impuesto a las Ganancias.
¿De cuántos estamos hablando? Son 495 los jueces, fiscales y “equiparados” incluidos en ese régimen y en abril el Estado debió desembolsar 414 millones de pesos para pagar sus sueldos (incluidos jubilación, obra social y demás aportes). En promedio, son 836 mil pesos por cada uno.
En el Ejecutivo dejan trascender su enojo porque así como los jueces superan largamente lo que cobra el Gobernador o cualquier funcionario, también ocurre lo mismo con los anestesiólogos. Hay algunos, dicen, que llegan a los 500 mil pesos mensuales.
“El aumento del 100% que pedían no tiene sustentabilidad porque el problema es de toda la salud, no sólo de los anestesiólogos. Pero el proyecto del Gobierno no podía pasar como estaba”, marcan desde el PJ, buscando jugar por el medio.
El conflicto fue atizado por un contraste: mientras acá los médicos cobran por las guardias de 24 horas $ 30 mil, San Luis paga $ 120 mil. La tentación es tan grande que muchos viajan cada fin de semana a cubrir turnos en el nuevo hospital puntano que brilla al costado de la ruta 7.
Pero no todo lo que brilla es oro: San Luis necesita atraer profesionales para hacer funcionar esa megaestructura semivacía y ofrece lo que no paga a sus propios médicos. Allí, como se publicó en Los Andes el 13 de mayo, quienes trabajan en el sector público cobran $ 230 mil mensuales por 48 horas a la semana y no pueden ejercer en el sector privado.
El encuentro del viernes sirvió para, al menos, cambiar el tono del debate. “Hubo un diálogo constructivo, menos agresivo, quedaron atrás las rispideces”, contaron luego los anestesiólogos. “Ellos bajaron varios cambios respecto de lo que decían en los medios”, describió un funcionario.
La emergencia declarada obliga a los renunciantes a permanecer al menos 120 días en sus puestos. En la primera reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno quiso saber si van a volver a trabajar mañana. Es una decisión individual, respondieron los representantes de los médicos.
Mejor no hablar de ciertas cosas
El planteo de los profesionales generó en los últimos días una reacción de los otros gremios estatales, que a dos meses de cerrar los acuerdos salariales salieron a exigir una reapertura inmediata de las paritarias, prevista inicialmente para setiembre.
Ese pedido sindical tiene mucho que ver con un argumento que el vocero de los anestesiólogos autoconvocados, Arturo Salassa, esgrimió durante el debate mediático. Habló de 35 mil millones de pesos que al Gobierno le habían sobrado en 2021. Detrás de esos datos estaba el aporte técnico de una consultora, el Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC).
Justo en esos días de debate caliente, el Ministerio de Hacienda publicó la ejecución presupuestaria de 2021 y contiene un dato que en cualquier otro momento hubiese sido celebrado públicamente por el Gobierno. Por primera vez desde 2004, la Provincia tuvo superávit incluso después de contabilizar el pago de la deuda.
Obviamente que ese balance positivo, después de años “en rojo”, era conocido hace rato por Suárez y su equipo, pero optaron por no difundirlo para evitar justamente una reacción de los gremios. De hecho, en el discurso del 1º de Mayo, el Gobernador sólo habló de “superávit corriente”, un logro menor en política fiscal.
Pero ese dinero que sobró en 2021 dista mucho de los 35 mil millones que enunciaban los anestesiólogos. Fueron 4.362 millones de pesos, menos de la mitad de lo que demanda el pago de los sueldos estatales de un mes y apenas 1,56% del total de los recursos. Todo gracias a que los ingresos crecieron bastante más que los gastos, 56% y 41% respectivamente, cuando la inflación anual rozó 51%.
Detrás de ese superávit hay razones concretas que van más allá del “orden en las cuentas” del que se ufana el Gobierno. La primera, que es una mala noticia en sí misma, es la baja inversión en obra pública. Fueron $ 5.855 millones, casi lo mismo que en 2018, pero luego de tres años de altísima inflación. La segunda causa es la refinanciación de la deuda, que pateó hacia adelante los vencimientos.
Hubo otros ahorros menores para las cuentas públicas, pero con alto impacto social: la reducción de meriendas y almuerzos escolares que el PJ viene denunciando con insistencia.
Dentro de los ingresos, los nacionales crecieron algo más que los provinciales (58,4% y 53,5%) respecto de 2020 y a la vez se observó la profundización de una tendencia iniciada hace unos años: el dinero que recauda la provincia se aleja de la mitad que supo representar (42,6%) y crece la participación de los fondos que envía la Nación (57,4%).
Entre las erogaciones, siempre la mayor es la partida de Personal y allí el crecimiento fue de 29%, aunque los acuerdos paritarios superaron el 40%. La razón es simple: el aumento salarial pactado en etapas o tramos impacta en el gasto también en cuotas.
La decisión de no publicitar el equilibrio fiscal de 2021 reconoce otra causa: en el Gobierno no creen que las razones que lo explican sean sostenibles en el tiempo. El lado positivo es que augura que la inversión en obras crecerá. El negativo es que el próximo año deberá empezar a pagar la deuda postergada. No hay mucho para festejar. Al menos, ya tiene un “colchón” para evitar las zozobras.
