Los argentinos tenemos esa rara costumbre de tomar conciencia sobre los riesgos latentes de una tragedia una vez que esta ya se consumó.
Recién entonces nos hundimos en profundos análisis sobre las causas que llevaron a que ese drama ocurriera.
Y, de hecho, sobre lo que no se hizo para evitarlo.
Vale la salvedad: el ciudadano común tiene otras preocupaciones y puede incurrir en ese viejo hábito.
Pero lo grave del asunto radica en que son los funcionarios con responsabilidades ejecutivas, legislativas y judiciales quienes no aciertan en las medidas de prevención ante situaciones de alto riesgo.
Es decir, siempre llegamos tarde.
Un fenómeno que se reactualizó con el caso de la niña de siete años que fue rescatada hace dos jueves en la ciudad bonaerense de Luján, luego de permanecer secuestrada durante tres días por un hombre de treinta y nueve años que hace tiempo se había ganado la confianza de la madre de la chica.
Los pormenores de esta historia funesta son conocidos, en función de que tuvo una enorme repercusión nacional.
En el marco de un aparatoso operativo de las fuerzas de seguridad (aunque la niña y su captor fueron descubiertos por una vecina y un camionero), se llegó al final deseado.
Lo que también se conoce y no se debe soslayar es que la niña vivía en un estado de pobreza y de vulnerabilidad inhumanos.
Una lona en forma de carpa apoyada sobre un muro debajo de una autopista de Buenos Aires era su reparo y su modo de crecer.
Es decir, tras ser rescatada no volverá a su casa por la sencilla razón de que no tiene casa.
Ahora bien: en tren de refrescar la memoria de las autoridades, es oportuno apuntar que en Argentina hay alrededor de 316 mil niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los datos son parte del seguimiento que hace en todo el país el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Cuando se habla de “extrema vulnerabilidad” de los más chicos, no se alude a otra cosa que citar la desgracia de no contar con un hogar digno, de no recibir una alimentación diaria adecuada, de no tener acceso a la educación ni al esparcimiento infantil y hasta de crecer en un entorno familiar desmembrado y asfixiado por la pobreza y la indigencia.
Mientras la dirigencia política y algunos gobernantes parecen estar ocupados en otros menesteres de corte electoral, ¿se puede consentir que en Argentina haya tanta infancia en situación de calle?
Resulta doloroso observar que un ciudadano viva a la intemperie, cualquiera sea su edad.
Pero el contexto se torna lacerante cuando las víctimas de un sistema social decadente son niños y niñas.
“Hay mucha invisibilidad de los chicos que están en la calle. Y no hay investigaciones públicas ni privadas sobre la problemática”, alerta la UCA.
¿Tendrá que ocurrir otro drama como el que sufrió la nena secuestrada en Buenos Aires para que recién todos los niveles del Estado tomen nota de que la niñez está en peligro?
