El impacto por el incremento del Impuesto Automotor 2021 fue inesperado para el gobierno de Suárez, pero su repercusión de tal magnitud que una decisión política no se podía hacer esperar.
El ministro responsable de los números, Lisandro Nieri, salió a admitir que habría una revisión del valor del impuesto, de modo de acallar los reclamos de, prácticamente, todos los sectores. El primer intento se debatirá mañana, cuando Suárez reciba en su despacho a los intendentes de todos los departamentos para hablar del estado de las escuelas ante el próximo inicio de las clases presenciales. Pero no faltará en el temario la idea de conversar sobre qué hacer con el descontrolado impuesto. Además, el tema reunió a toda la oposición junto al peronismo. Y un no peronista, Mario Vadillo, fue gran impulsor del pedido para retrotraer a valores de 2020 que Cambia Mendoza no aceptó en su momento.
El malestar es generalizado. Ayer, empresarios mendocinos emitieron un comunicado en el que dan cuenta de un pedido de audiencia que cursaron al ministro de Hacienda para tratar, muy preocupados, la situación creada por el impuesto. Las seis cámaras nucleadas en la denominada Mesa de la Producción y el Empleo quieren tratar con el funcionario el impacto del canon en los vehículos utilitarios y de trabajo, preocupados, además, por el traslado de costos que se puede generar en lo que tiene que ver con logística y producción, especialmente en el sector pyme. Se trata de un grupo de empresarios habitualmente dispuestos al diálogo que esperan una señal de alivio por parte de las autoridades.
Lisandro Nieri fue quien salió primero a anunciar que habrá algún tipo de revisión de los valores del impuesto, pero siempre aclarando que no se trató de un incremento abusivo de alícuota sino del valor de los autos, que influyó en los montos que deben pagar los contribuyentes. Y aquí viene otra parte de la discusión: el Gobierno se ampara en lo que fija la ley impositiva provincial, que establece que a partir de 2010 los vehículos deben tributar el 3% del valor del auto según lo que establece la Nación; en cambio, desde la oposición, especialmente desde el PJ, sostuvieron que por tratarse de un impuesto provincial no es valedero responsabilizar al gobierno nacional de la repercusión en los montos a pagar.
Técnicamente, la mirada de Nieri, y del Gobierno, es atendible; el funcionario culpó a la inflación y a los problemas de la macroeconomía por el desenlace impositivo. Políticamente, la postura del justicialismo es lógica: aprovechar un mal trago para el Ejecutivo, que según los legisladores de la oposición le fue advertido en la discusión en comisiones legislativas del paquete presupuestario para este año.
En el oficialismo miran la situación con cautela, pero no faltaron dudas con respecto a la simulación de impacto que suele hacerse antes de dar el visto bueno a una decisión impositiva, justamente por reconocerse que el actual contexto económico nacional influyó negativamente en el resultado en este caso. Lo mismo que una comparación con los valores que se aplicarán en otras provincias.
El justicialismo garantiza la presencia de los seis intendentes partidarios mañana, en la cita convocada por el Gobernador. Sostienen que, en última instancia, los jefes departamentales son los que deciden en consecuencia, pero descuentan asistencia perfecta. Sí puede darse un choque de posturas con los jefes departamentales de Cambia Mendoza, puesto que se da la posibilidad de que los seis “caciques” reclamen, en sintonía con lo que planteó la oposición en su conjunto para que se reconsideren las observaciones hechas durante el debate parlamentario y que por ley se introduzcan las modificaciones de cálculo. De todos modos, el entuerto no es fácil de resolver. A todos los jefes departamentales, incluidos los del PJ, los recursos impositivos coparticipables, cercanos en este caso al 70%, les llegan como alivio, muy especialmente luego de un año pésimo en lo financiero.
Independientemente de lo que surja del encuentro de mañana entre Suárez y los intendentes, en el PJ local prevén que no habrá grandes cambios en la relación que mantiene el principal sector de la oposición con el Gobernador, que no es mala pero tampoco muy cercana, es decir, sin un vínculo político permanente. ¿Será así, o es una postura parecida a la que adopta la Nación con Mendoza? El interrogante surge de círculos del “suarismo”, al que todavía le cuesta asimilar el desplante por la no invitación a formar parte de la comitiva presidencial que fue a Chile.
Un año electoral siempre influye en las tensiones interpartidarias. Otro ejemplo es el de la reflotada comisión legislativa bicameral de Seguridad, que a instancias del PJ tomó el caso del asesinato de la jovencita Florencia Romano como principal argumento para poner en jaque a las autoridades del área de la Provincia. Pesada carga para los funcionarios por culpa de una gravísima irresponsabilidad en la atención del teléfono 911.
Por ello, realmente en el gobierno de Suárez pretenden dar vuelta la página tras el dolor de cabeza generado por el impuesto lo más rápido posible. Si se habla de costo político cabe preguntarse qué puede resultar más perjudicial para los intereses del oficialismo en un año electoral. Barajar y dar de nuevo con el gravamen le servirá temporalmente a la oposición por aquello de torcerle el brazo a la voluntad del Ejecutivo, pero, a la vez, seguramente hará que gran parte de la ciudadanía acepte el mea culpa oficial y dé por superado el tema. Y esa gente que se sentirá aliviada por la corrección impositiva es en gran proporción potencial votante de un gobernador que sigue manteniendo una consideración popular alta.
La imagen de un gobierno sin mayores apuros también contribuirá al resultado de la contienda nacional de octubre, o cuando el gobierno de Alberto Fernández decida que se realicen si prospera la intentona para postergarlas. Por el contrario, problemas en una de las pocas administraciones no peronistas del país no sería una buena carta de presentación para quienes se postulen desde aquí para ser senadores o diputados en el Congreso.
La apuesta al ciclo lectivo
Ya se ha señalado que el Gobierno tiene una fuerte apuesta al ciclo lectivo de este año y con un alto porcentaje de presencialidad. Es todo un desafío para Suárez y la conducción de la Dirección General de Escuelas. Además, es un compromiso con la Nación. En ese marco toma trascendencia la propuesta que mañana les hará el Gobernador a los intendentes.
Por otra parte, el vínculo con el gremio docente también es tenido en cuenta. Es el único sector sindical estatal, entre 17, que no cerró acuerdo paritario. Pero en el Ejecutivo consideran que eso es consecuencia de las desinteligencias internas existentes en el SUTE. Y especulan con que nada de eso influirá para que el arranque de clases sea normal.
Por todo ello está claro que la estrategia para poner en condiciones edificios escolares actualmente no del todo utilizables, busca adelantarse a planteos que se presenten sobre el arranque de las clases y que den sustento a más reclamos sindicales. Un año con dependencias vacías no justifica, de ningún modo, falta de mantenimiento. Y es en este aspecto donde, seguramente, varios de los jefes municipales llegarán al cónclave en Casa de Gobierno con un relevamiento previo acorde con las necesidades del caso.
