CONICET, UNCuyo, Instituto de Trabajo y Producción
El siguiente artículo tiene por objetivo presentar una descripción de la población beneficiaria del primer pago del Ingreso Familiar de Emergencia en la provincia de Mendoza a partir de los datos publicados por el Observatorio de la Seguridad Social de ANSES en el informe denominado “Boletín IFE I-2020: caracterización de la población beneficiaria”.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) consiste en una prestación monetaria no contributiva que implementó el Gobierno Nacional, a través de ANSES, para mitigar los efectos socio-económicos provocados por la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia del COVID-19. El objetivo principal de esta medida fue compensar la pérdida o disminución del ingreso de las personas y atenuar el incremento de la pobreza y la indigencia, cuyos valores ya eran preocupantes a nivel nacional y a nivel provincial.
Según los últimos datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), en las zonas urbanas de Mendoza, para octubre de 2019, la pobreza alcanzaba al 42,1% de las personas y la indigencia al 6,4%. En el caso de los hogares, 3 de cada 10 se encontraban por debajo de la línea de la pobreza para la fecha mencionada, aproximadamente 125.275 unidades domésticas.
Respecto al mercado de trabajo, el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el primer trimestre de 2020, registró una desocupación del 9,8% para el aglomerado de Gran Mendoza, 2,5 puntos porcentuales (p.p.) más que lo informado para el cuarto trimestre de 2019. Es importante mencionar que este fenómeno no impacta de manera homogénea en la población: en el caso de las mujeres la desocupación fue del 11,8% y en los varones del 8,1%. A su vez, dentro de estos grupos poblacionales, los más afectados fueron los/as jóvenes, registrándose una desocupación de casi el 20% para las mujeres de hasta 29 años y de un 14,5% para los varones de hasta 29 años.
Los indicadores mencionados describen la situación pre-pandemia, la cual se agravó a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de esta necesaria medida, implementada a fines de marzo, se suspendieron diferentes actividades económicas no esenciales, lo cual afectó sensiblemente al sector más informal de la economía. En este segmento del mercado laboral se encuentran los grupos más vulnerables: los jóvenes, las mujeres, los trabajadores independientes y de la economía popular. Esta población, que no cuenta con derechos laborales, no tiene cobertura médica, ni protección social y cuyos ingresos son fluctuantes, fue la más afectada en el contexto del aislamiento y hacia ella se dirigió la política del IFE. Asimismo, se incluyó a las personas que ya se encontraban desocupadas.
El ingreso familiar se destinó, entonces, a las familias que se encontraban bajo condiciones de exclusión o precariedad laboral y lo cobró solo un/a integrante del grupo familiar. Por otra parte, si dentro de un mismo grupo familiar había más de un solicitante, se priorizó a la mujer, entendiendo los diferenciales de género en el mercado de trabajo. Esta medida excepcional, que en los próximos días realizará su tercer pago, representa un 59,3% del salario mínimo vital y móvil, es decir, un monto de $10.000.
El diseño de esta política fue destacado por el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) como un antecedente fundamental para pensar un Ingreso Básico Temporal (IBT) que proteja a las personas más pobres del mundo y desacelere el aumento de los casos de COVID-19. Sobresale que el IFE no está condicionado por la composición del hogar, es decir, que se concedió independiente de si se trataba de hogares unipersonales o con niños/as. Asimismo, se subraya la compatibilidad con otras políticas de trasferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el PROGRESAR y con otras políticas temporales como el pago extraordinario para destinatarias/os de la tarjeta Alimentar y el bono para receptores de la AUH.
En la provincia de Mendoza se registraron 356.616 personas que recibieron el primer pago del IFE. De este total de personas, el 57% fueron mujeres (204.563) y el 43% varones (152.053). Esta diferencia se explica por la situación de las mujeres respecto de su inserción más precaria en el mercado de trabajo, que explicamos en párrafos anteriores.
Si miramos las edades de las personas beneficiarias en Mendoza, observamos que los/as jóvenes los/as fueron los/as mayores perceptores del ingreso de emergencia. Como mencionamos anteriormente, se trata de un grupo que, en general, tiene una inserción laboral muy débil y que presenta el mayor porcentaje de desocupados/as. En este rango etario hubo 102.275 beneficiarios/as entre 18 a 24 años y 124.531 entre 25 y 34 años, lo que expresa el 63,5% del total de perceptores.
Al analizar a los/as beneficiarios/as por su situación laboral, observamos que el 59% pertenece al conjunto de trabajadores/as informales y desocupados/as (212.210 personas), el 30% a perceptores de la AUH (105.987), el 7% a monotributistas de las categorías más bajas (A, B o monotributo social) (26.385), el 2% a trabajadoras/es del servicio doméstico (6.205) y el 2% restante a beneficiarios/as del PROGRESAR (5.829). En el informe publicado por ANSES, se aclara que, si bien la AUH y el PROGRESAR no son situaciones laborales, al ser dos prestaciones de amplio alcance compatibles con el cobro del IFE se utilizaron como categorías a fin de caracterizar mejor a la población seleccionada.
Otro dato a resaltar es que solo el 14% de los/as beneficiarios/as mendocinos/as (49.571) tuvo al menos un mes trabajo en relación de dependencia formal en el período febrero 2019 a enero 2020. Lo expuesto demuestra, una vez más, que las elevadas tasas de trabajo informal es una problemática estructural que expone a una enorme fragilidad a un gran porcentaje de la población.
Frente a la crisis desatada por la pandemia, el Gobierno Nacional reaccionó de manera rápida al proponer una serie de políticas, entre las que destaca el IFE por su focalización en aquellos grupos poblacionales sumergidos en la precariedad que perdieron o vieron disminuidos sus ingresos. No obstante, una vez más, se evidenciaron las problemáticas estructurales que atravesamos en el país y en la provincia en términos de mercado de trabajo y pobreza. Es por ello que se torna urgente repensar el sistema económico-productivo, el cual hace décadas presenta graves insuficiencias para absorber al conjunto de la fuerza de trabajo disponible y para generar empleos con plenos derechos y salarios dignos que superen la línea de la pobreza.
