El Diccionario lo define como “trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Cada vez se persiguen más activamente los casos de tráfico de influencias, nepotismo y otras formas de corrupción política”.
La etimología, en versión del glosario de Guido Gómez Da Silva, lo deriva del italiano antiguo “nepote - sobrino”, en directa referencia a la conducta de los Papas, que en los siglos XV y XVI, con sacralizado descaro, ubicaban en los altos puestos de la Iglesia o de las Cortes a sus parientes cercanos, léase: sus propios hijos. De allí la definición de Sarmiento: “el nepotismo es vicio de Papas, no de hombres de pro”.
La Nación, en su edición del 27/12/19 apunta que: “el nombramiento de familiares de funcionarios en distintas áreas del Estado ha sido una permanente fuente de sospechas, cuando no de graves casos de nepotismo”. Y si bien no es un tema nuevo en la política argentina, la conformación del gobierno de Alberto Fernández ha generado las primeras dudas por la designación de varios parientes de ministros y de funcionarios de alto rango en otros cargos inferiores”. Lo grave en este caso, es que todo esto pese a la vigencia del Decreto 93/2018, que prohíbe tales designaciones.
La cuestión en Mendoza, como en el resto del país, nace prácticamente con su institucionalización, atravesando con desvergüenza toda su historia y las distintas gestiones, pero visibilizándose en forma notable con las nuevas y variadas fuentes de información, nacidas a partir de la era digital. Hoy no existe en la Provincia Poder del Estado, sus Empresas, Municipalidades, Concejos Deliberantes y Organismos de Control, que no estén plagados de parientes, adláteres y entenados de los Funcionarios, Legisladores y Jueces de turno. Una especie de “Legión de Parientes con Derecho a Cargo”.
No son muchas las voces que alzan en contra de este “extravío moral”, pero aunque escasas, las hay. Sería injusto no rescatar el proyecto del Diputado Marcos Niven (Mayo 2.016) en el que propiciaba la prohibición de nombramientos, designaciones y contrataciones de cualquier tipo, de familiares en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Otra, más cercana en el tiempo, la de la Diputada Mercedes Llano que reflotó dicha iniciativa, proyectando una ley de condena a estas prácticas, “aplicando más restricciones a las de la Ley Nº 8.993”, vigente desde 2.017 y sin ningún resultado a rescatar en cuanto a evitar realmente el nepotismo.
La Ley citada, pomposamente llamada de “Ética Pública”, proyecto de la ex Vicegobernadora Laura Montero, enancado en la idea de remediar ex post facto, su cuestionada “declaración jurada” (aquella de la casita de 70 centavos), fue aprobada debido a presiones políticas del oficialismo, tras estar varios años detenida en Diputados, ante su notable pobreza sustantiva y defectuosa técnica legislativa.
Ésta, como tantas otras de las leyes provinciales diseñadas “ex profeso” para que nada cambie. Tan así, que Pedro García Espetxe, en nota de Los Andes, afirma no sin agudeza y razón que: “el Estado no puede ser un botín de guerra o una PYME familiar, donde los funcionarios reparten cargos para el beneficio propio o familiar o sentimental que hoy se da mucho. La ley 8993, el art 7 inc. 7, con su redacción final, se burla de la sociedad, ya que deja el juzgamiento de la idoneidad al criterio subjetivo del funcionario que designa”.
No es consuelo el hecho de este vicio haya comprometido a todos los gobiernos provinciales. La dirigencia se ha avenido a esta práctica inmoral, sin advertirse de su parte autocrítica alguna. ¿Será acaso que a favor de la bíblica frase: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, toda ella haga oídos sordos a esta demanda de la moral pública? O ¿será que tal sordera pueda imputarse a los resabios existentes en la Argentina de la llamada “supervivencia de poder”, propia de las “monarquías hereditarias” y del despotismo español? La realidad en cambio, dura y cruel a veces, sugiere una tercera hipótesis, menos académica, pero mejor posicionada como fuente de este esperpento. No otra que la “intención de que el Estado, es decir el pueblo, sea quien se haga cargo de conformar el patrimonio y emolumentos de la familia del nepotista”. Una inmoralidad a la que por su magnitud bien cabría adjetivarla como “extravío moral”, si bien no igual, al menos muy similar al delito de peculado, en donde el patrimonio público se direcciona con descaro a los bolsillos de la parentela de los gobernantes.
INFOBAE, el 09/05/14 se preguntaba: ¿cómo hacer para que nuestros políticos asuman esta nueva responsabilidad frente a la igualdad entre los ciudadanos?
Difícil la respuesta si se prescinde de considerar que tras el nepotismo subyace un tema de moral pública, en tanto entre ésta y aquel existe una relación inversa: “cuanto más baja es la moral pública, más elevado el nepotismo”. Una solución de fondo pero de lento trámite, sería atender a las enseñanzas de Agustín Álvarez quien, hace más de un siglo nos decía: “en la moral racionalista, que descansa sobre el hecho de que el individuo puede levantar su conducta por un mejoramiento e sus aptitudes naturales y un mejor conocimiento de las cosas, es obligatoria la instrucción, aún enturbiada por el atavismo, porque la moral es necesaria”.
Sin embargo e inter tanto se desanda el lento camino sugerido por el ilustre pensador mendocino, podríamos coincidir los argentinos en encontrar algunos paliativos. Por ejemplo: Una ley, no una máscara, que en serio disponga y no sólo aparente terminar con esta lacra. Otro podría ser el de la cobertura de los cargos públicos por concurso, sin excepciones y por riguroso orden de méritos: Más efectiva sería una decidida acción de la prensa independiente en la denuncia de los casos, lo que generaría una fuerte condena social, gravosa para el nepotista en tanto gran parte de la dirigencia incursa en él, se encuentra siempre más empeñada en aparentar que en ser, razón por la cual le teme más al ridículo y a la exposición mediática, que a una sanción de devenida de una moral que no posee, o del fallo de una justicia a la que no le demandará mucho esfuerzo evadir
