El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977 en recuerdo de la protesta de trabajadoras textiles de una fábrica de New York en 1857. El acontecimiento fue escogido como punto de inflexión y de recuerdo de los movimientos feministas y las socialistas norteamericanas y europeas a comienzos del siglo XX instalando el linaje conmemorativo de sus luchas por la conquista de derechos sociales y políticos, y la promoción de la igualdad de género en el mundo de la familia, el trabajo, la política, la educación y la cultura. Con los años, la agenda de las mujeres cruzó el umbral del activismo y pasó a formar parte de políticas públicas inclusivas con mayor o menor impacto en la resolución práctica de desigualdades diversas.
El pasado 8M volvió a mostrar el alcance de la movilización de las mujeres en las calles y espacios públicos del país y en otras partes del mundo poniendo de relieve la histórica agenda de sus reclamos, resistencias, conquistas y deudas pendientes. En cambio, el gobierno nacional confrontó con dicha tradición actualizando el carácter de la batalla cultural con la que aspira a refundar las bases del país heredado, y satisfacer especialmente las ideologías o creencias antifeministas de su círculo y una porción de su propio electorado. Lo hizo mediante un acto de provocación en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, la Casa Rosada, en tanto remplazó los retratos de mujeres distintivas de la vida cultural y política nacional que lucían en el Salón de las Mujeres desde las celebraciones del Bicentenario de Mayo por una galería de “próceres”, integrada sólo por varones de mayor o menor renombre, con la intención de instalar una nueva liturgia estatal. Pero la sustitución de una galería por otra y su difusión el mismo día de la conmemoración de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos no sólo deja a la vista el regular uso político del pasado al que apela cada gobierno de turno para activar recuerdos u olvidos en la memoria colectiva. El hecho que la galería de “próceres” haya sido presentada por Karina Milei, introdujo un vector adicional en tanto se trata de una funcionaria de extrema confianza del presidente. Fue ella, la Jefe (como se la llama), la encargada de realizar la operación memorial que de un plumazo desmontó la saga de retratos de mujeres argentinas y, al mismo tiempo, erigió otra de remplazo con la pretensión de reglamentar el recuerdo de los varones escogidos y no de otros.
La liturgia estatal promovida desde la cúspide del poder presidencial exhibe inclusiones y exclusiones deliberadas. Como no podía ser de otro modo, allí figuran los fundadores de la Patria encabezados por San Martín y Belgrano. También figuran los principales referentes de la tradición liberal-conservadora del siglo XIX en la línea genealógica que enlaza a Rivadavia, Alberdi, Mitre, Sarmiento y Roca, entre otros menos conspicuos cuyas trayectorias públicas ameriten integrar el panteón de los hacedores de la Argentina moderna. Así lo atestigua la rara incorporación de Victorino de la Plaza y la ausencia de Roque Sáenz Peña, el factótum de la reforma electoral de 1912. Sin embargo, no hay lugar para el recuerdo oficial de los líderes populares del siglo XX, Yrigoyen y Perón, con lo cual se hace patente en el plano simbólico un juicio vertido más de una vez por el presidente en sus discursos de ocasión: este es, el que atribuye a la democracia de masas o “populismos” el origen o causas últimas de la decadencia nacional.
La lista de proceres de Milei se completa con un retrato de Carlos Menem, el único presidente de la democracia recuperada en 1983 que merece ser evocado. Con ello, la voz oficial introduce un manto de olvido de algunos tópicos del legado alfonsinista en materia de derechos humanos, la ley de divorcio vincular y la modernización educativa y cultural que acompasó el proceso de transición democrática. En su lugar, resalta la gestión del dos veces presidente Carlos Menem como expresión de un estadio del voto peronista ligado con la reforma del estado, la apertura económica y la privatización de las empresas públicas. Iniciativas todas que resultan valoradas por Milei y el círculo gubernamental en tanto fueron acompañadas por la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales del partido fundado por Perón, aliados de ocasión, los gobernadores de provincias prósperas, medianas o pobres, y los representantes reunidos en el Congreso con la sola excepción de algunos pocos díscolos.
Dicha valoración no resulta menor en la actual coyuntura. No sólo porque el gobierno de Milei debe recomponer el juego de alianzas e intercambios con los jefes territoriales y la craquelada oposición con representación parlamentaria para sancionar leyes que resultan indispensables para reducir el gasto público, introducir cambios en la legislación laboral, estimular el clima de inversiones y socavar los cimientos de la Argentina corporativa. El rescate de la figura de Menem parece constituir una pieza de primer orden de la retórica presidencial en virtud que le permite imbricar la reforma del estado liderada por el riojano ya convertido en presidente, con el discurso de la “antipolitica” ideado en su gabinete, el que captó el humor popular contra la “casta” expresada en la contrafigura del ministro-candidato, y lo condujo a la Casa Rosada después de haber conquistado la confianza y el voto popular en el balotaje.
Un triunfo electoral que dotó al nuevo gobierno de legitimidad popular indiscutible pero que dividió la opinión ciudadana en dos mitades contrapuestas: la que se desespera por la inflación, la disparada de precios, la licuación de salarios y jubilaciones, y la drástica caída de la actividad económica; y la que está a la espera de sus promesas de campaña de cuya adhesión o paciencia dependerá la estabilidad y la legitimidad de ejercicio última de su gobierno.
