Debería ser revisada de manera urgente la opción de permitir a ciudadanos extranjeros o empresas del exterior comprar tierras en nuestro país. Se trata de extensiones que tienen las características de ser muy valiosas por contener, muchas de ellas, importantes reservorios de agua.
En el capítulo dedicado a la Bioeconomía del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado el 20 diciembre del año pasado en el Boletín Oficial, se dispone la posibilidad de que los extranjeros adquieran tierras rurales en el territorio argentino sin ningún tipo de limitaciones.
Esta alternativa se logró por la derogación de la Ley 26.737 (Ley de Tierras), “que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”, según el decreto N° 70, dejando expuesto al país a que vastas extensiones sean comprados por capitales del exterior.
Afortunadamente, la adquisición de terrenos por foráneos, por razones de seguridad nacional, sigue limitada a las zonas fronterizas.
En realidad, cualquier extranjero tiene la posibilidad de comprar un campo en el país, salvo en áreas de frontera.
En las actuales circunstancias, cualquier ciudadano o empresa con residencia en el exterior puede venir y comprar una estancia en el norte o el sur del país, propiedades que pueden contener importantes fuentes de agua o estar muy cerca de las mismas. Es decir que se pueden reproducir varios Benetton o Joe Lewis, y repetirse la situación de Lago Escondido, un hermoso espejo de agua patagónico que siempre fue de libre acceso para los habitantes de la zona y los turistas, y ahora no lo es.
Para muchos observadores, a la Argentina “le pusieron bandera de remate” porque con esta vía libre a los capitales del exterior se habilita la posibilidad de la extranjerización sin límites de variados cuerpos de agua dulce que posee nuestro territorio, según intenta imponer el decreto presidencial.
En consecuencia, el capital extranjero quedaría habilitado para apropiarse de los grandes reservorios de líquido del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales y lagos, los glaciares patagónicos, y hasta de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche (región pampeana que almacena 300 billones de litros de agua).
Expuestos al mismo riesgo quedarían los estratégicos humedales altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Frente a esta instancia, es interesante considerar lo que piensan representantes del pensamiento nacional, como la licenciada en Filosofía y escritora Roxanna Kreimer, quien recordó una amplia lista de países que limitan la compra de tierra por parte de extranjeros como Suiza, Alemania, Australia, Singapur, Nueva Zelandia, México, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China y Vietman, además de varios estados de Norteamérica.
En Colombia, congresistas quieren controlar la compra de tierras por parte de extranjeros, que según el diario Infobae (15/nov/2023) tendrían más de un millón de hectáreas.
Esta probabilidad que habilita el Poder Ejecutivo Nacional a autorizar la compra de tierras por parte de foráneos, es cuando menos riesgosa por la variedad de situaciones que se pueden dar cuando grandes extensiones de suelo estén en manos extranjeras. Sin embargo, para otros podría ser una salida positiva por la posible radicación en el país de inversiones extranjeras en el país.
Entonces, por lo delicado del tema, atendiendo a sus pros y contras, el asunto debería ser discutido con tranquilidad y en debates de amplia participación de los representantes de la ciudanía, ya que lo que está en juego es muy trascendental y tiene que ver con la soberanía nacional, la que ya perdimos en las Islas Malvinas por la usurpación delictiva de ocupantes que se quedaron con una tierra que no les pertenece ni les pertenecerá, hace 191 años.
* El autor es periodista.
