“Seguro van a salir y vamos a tener que aguantar. La antiminería tiene muchos adeptos y hay que dar la batalla”. Las palabras de Alfredo Cornejo llegaron directo desde Canadá, vía Whatsapp, a un funcionario que le manifestó sus temores por el impacto social que pueda tener el plan minero que el Gobernador lanzó a 8.500 km de distancia y que visualiza como su legado.
Lo ocurrido en el inicio de la gestión Suárez, con las calles tomadas por las manifestaciones, activa recuerdos ingratos en el oficialismo que nadie quiere volver a vivir. Esos mismos recuerdos habitan como pesadillas en la oposición que quiere avanzar con la minería de una vez, pero por ahora casi nada ha dicho.
Claro que ahora es diferente: no se modificará la ley 7722, como se hizo aquella vez (para luego dar marcha atrás). O sea que no se permitirá el uso de los químicos peligrosos que prohíbe esa norma. El plan se limita a la modificación del Código de Procedimiento, que data de 1945, y la creación de un “distrito minero” en Malargüe (adelantado en esta columna el mes pasado), allí donde todos coinciden que hay “licencia social” para desarrollar la actividad.
El Gobernador está decidido a avanzar. Sabe que difícilmente verá los resultados en su segundo mandato, pero acelera para al menos poder anunciar algún éxito exploratorio. Por eso, su meta era presentar el plan antes de cumplir tres meses en el Gobierno.
El cobre que alberga la cordillera malargüina es el señuelo con el que fue a la feria en Toronto, desde la cual anunció su proyecto. Una puesta en escena pensada para sacar a Mendoza de la “lista negra” en la que ha estado durante casi 20 años y que ha frenado la llegada de inversiones.
Hay otra condición legal que no variará: la Legislatura es la que deberá aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tal como lo fija la ley. La diferencia es que en vez de hacer pasar proyecto por proyecto por la votación legislativa, se pretende armar un combo con los más de 200 proyectos asentados en esos 22.000 km2 que tendrá el distrito minero.
La DIA con revisión legislativa es, según los que fueron a Toronto en la comitiva oficial, la principal duda planteada en la docena de reuniones que tuvieron con empresas del sector y organismos vinculados. También entre los que se acercaron al “Mendoza Day” a consultar. Los vaivenes de la política no dan seguridad.
Varios de los interlocutores, canadienses y australianos sobre todo, conocen bien el terreno local: son empresas que operan en la Argentina y algunas incluso tienen oficinas en Mendoza para monitorear desde acá sus negocios en San Juan.
La aprobación legislativa de la DIA es lo único que quisiera modificar Cornejo. Su idea en algún momento fue que quedara a cargo de un organismo técnico y evitar así la instancia política. Pero ya desistió de cambiarla. No quiere alterar los ánimos.
Durante la campaña electoral del año pasado, los principales candidatos eligieron la ambigüedad para hablar de la minería como posibilidad. El ganador y hoy gobernador no fue la excepción. Aunque tenía planeado retomar donde dejó al terminar su primer gobierno, como si sólo hubiera puesto pausa: limitar a Malargüe la explotación minera, allí donde mayores riquezas se concentran.
Rodolfo Suárez, su sucesor y antecesor, no se conformaba con esa idea y al asumir quiso permitir la minería metalífera en toda la provincia. El resultado ya se sabe. A dos semanas de haber asumido, tuvo que ver cómo se desmoronaba el que había pensado como eje de su gestión.
Por eso, ahora, se quieren tomar todos los recaudos posibles para evitar un nuevo fracaso. Para lograrlo, se buscará el aval de los empresarios, de la política, de la gente e incluso de las organizaciones ambientales.
En el oficialismo tienen la convicción de que los críticos, en este contexto, “se van a tener que esforzar y mucho para encontrar argumentos para oponerse” al plan minero.
Cuando hacen el punteo de las cámaras empresarias, en el Gobierno descuentan el apoyo de las del Sur, del CEM, de la UIM. La FEM, dicen, está dividida sobre la postura a tomar. Por supuesto, los primeros en apoyar fueron todos los empresarios vinculados al negocio minero. Esta vez, necesitarán que el respaldo sea más explícito que en 2019.
Hay en el escenario empresario un grupo siempre apuntado como sospechoso de boicotear todo proyecto prominero: los vitivinícolas. La puja, dicen, no se limita al agua. “Temen perder empleados. No pueden competir con los sueldos de la minería ni ahí”, asegura un intendente radical ya embanderado con el “sí”.
Cuando miran el mapa político, en el oficialismo saben que los intendentes propios bancarán. Esta vez, dicen, no hay riesgo de un “panqueque”. Aluden así al lasherino Daniel Orozco, que en 2019, tras la primera marcha callejera, salió a cuestionar la derogación de la 7722 cuando minutos antes la había apoyado.
Una figura clave en esta instancia va a ser el guaymallino Marcos Calvente, que antes de entrar en la política trabajó durante diez años para mineras en Perú y Chile. De hecho, su vínculo con Cornejo se empezó a construir cuando lo asesoraba en materia minera para la campaña 2015. En 2019, su plan de capacitar militantes para dar la batalla en las redes no tuvo tiempo de ponerse en marcha.
En la lista de los apoyos también cuentan a buena parte del peronismo. El sanrafaelino Omar Félix siempre ha sido un defensor de la actividad (es uno de los negocios de su familia justamente). Y al malargüino Celso Jaque lo dan por demás interesado porque creen será el más beneficiado. El resto del peronismo “de los intendentes” también apoyaría. Habrá que ver la postura de La Cámpora, que votó a favor de derogar la 7722 y luego se arrepintió.
“Malargüe debe servir para demostrar que se puede hacer minería seriamente y sin riesgos”, aclara uno de los jefes territoriales del PJ.
Ese mapa provincial se traslada a la Legislatura. El oficialismo sabe que sus números le permiten aprobar leyes por su cuenta en ambas cámaras. Pero quiere, y necesita, un respaldo más amplio en este caso. Intuye que contará con la mayoría de los votos del peronismo. Y de buena parte de La Unión Mendocina.
En esta agrupación hay una clara grieta. Dentro de sus filas tiene a un impulsor fuerte de la minería, como Gustavo Cairo, que incluso votó en contra de la derogación de la ley 9209, que había remplazado a la 7722 en ese final tumultuoso de 2019. Al mismo tiempo, cobija al impulsor de la 7722, Jorge Difonso. Ambos ya salieron a a ratificar sus posturas sin salirse del libreto. Pero el punteo interno de LUM pone a más legisladores a favor que en contra de la iniciativa oficialista.
Difonso es mala palabra en el Ejecutivo, luego haber sido aliado por siete años. “Hace antiminería, no ambientalismo”, lo definen. Cuentan que, cada vez que sale el tema, Cornejo tampoco se acuerda bien de Julio Cobos, que era el gobernador cuando se aprobó la 7722. Hay odios que con el tiempo se vuelven más profundos.
“No dejo de asombrarme con el avance de Cornejo en todo. Reforma de salud, pum. Reforma minera, pum. Nos empuja con la panza a todos”, dice un opositor haciendo referencia a la unanimidad que lograron los dos primeros proyectos del plan de salud que se votaron la semana pasada. Un resultado que el Gobierno festeja.
Los defensores de la minería sacan una cuenta: en el lado chileno de la cordillera que colinda con Mendoza el cobre extraído aporta 10 mil millones de dólares anuales, que por supuesto se exportan. Sólo El Teniente, la megamina que está a la altura de San Carlos, “factura” U$S 3.000 millones. Justamente, la intención de darle continuidad de este lado de la cordillera a esa explotación originó la polémica que terminó en la ley 7722.
Los detractores de la minería ponen la mira en quiénes serán los beneficiados. “Ya para Potasio fueron a buscar inversores a Canadá y terminaron entregándoselo a (José Luis) Manzano. No vaya a ser que ahora ocurra lo mismo”, advierte un desconfiado.
Las dos claves que según los defensores del plan oficialista pueden inclinar la balanza social a favor o en contra es cuánto dejará en la provincia la actividad minera y cómo se garantizará el control ambiental. “El control es la clave: los jugadores son muy grandes y los estados quedan muy chiquitos a su lado”, admite un funcionario provincial.
La sensación en el Ejecutivo es que hoy no hay una oposición tan férrea como hace cinco años y que la sociedad es más permeable a la minería. Esto quizás sea uno de los resultados de la “batalla cultural” que le adjudican a presidente, Javier Milei.
“Hay que explicar a la gente que la transición energética para abandonar los combustibles fósiles necesita indefectiblemente de la minería”, sugiere un involucrado en la temática.
Para contener el reclamo de las organizaciones ambientales, desde el Gobierno ya se trabaja en la convocatoria del Consejo Ambiental. El objetivo es construir puentes de diálogo. “Si trabajamos bien, no va a haber mayores problemas, más allá de los radicalizados de siempre”, dicen.
El plan ya se puso en marcha con la convocatoria a inscribirse en un registro. Apuntan a todas las organizaciones que se dediquen al estudio de los recursos naturales, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. La multiplicidad de voces, creen, neutralizará a los que siempre gritan.
Hay números que pueden jugar a favor del plan de Cornejo y son los que exponen las urgencias económicas que tiene la provincia, que se reflejan en el estancamiento en el que vivimos hace más de una década.
El modelo exportador basado en la vitivinicultura está en problemas. El año pasado, las ventas de Mendoza al exterior cayeron 18% según el último informe del Indec, publicado por Los Andes el viernes. Pasaron de 1.601 millones de dólares en 2022 a 1.312 millones el año pasado. La caída está explicada en gran medida por las bajas ventas de vino, cuyo consumo cae en un mundo con cada vez más competencia. Las opciones para crecer no abundan.
