El 6 de agosto el Poder Judicial de Mendoza cumple 200 años. La conmemoración toma como referencia la celebración del Centenario de dicha institución, que tuvo lugar en 1922.
¿Cómo era la justicia provincial de aquella época? Conforme a la Constitución provincial de 1916, se estructuraba con una Suprema Corte, cámaras de apelaciones, jueces de Primera Instancia y demás funcionarios que dispusiera la ley orgánica.
Todo nombramiento de jueces, fiscales y defensores correspondía al Ejecutivo, con acuerdo del Senado, siempre que se cumplieran ciertos requisitos específicos.
Hacia 1922, la Suprema Corte contaba entre sus miembros a Cicerón E. Aguirre (presidente) y a los vocales Urbano Ozán, Joaquín Sayanca, Rafael Moyano y Manuel J. Gaviola. El procurador era el reconocido jurista de orientación krausista Julián Barraquero y como secretario oficiaba Rodolfo Corominas Segura (futuro gobernador entre 1938 y 1941).
Junto con este tribunal funcionaban una Cámara Civil, otra en lo Comercial, tres juzgados en lo Civil, dos jugados de Comercio, dos juzgados del Crimen y uno correccional. Asimismo, completaban el panorama una fiscalía de Cámaras, otra fiscalía Civil, Comercial y Minas, fiscalías del Crimen, las Defensorías de pobres, el Ministerio de Menores, la Dirección de Medicina, el Registro Público y Archivo General y la Inspección de Justicia. Finalmente había juzgados Letrados y de Paz (4 en la ciudad capital y 17 en zonas de campaña, junto a 15 jueces de segunda categoría). Para el año 1923, se acordó crear un nuevo juzgado letrado (con competencia civil, comercial y criminal) en San Rafael, con jurisdicción para ese departamento y para General Alvear, lo que prefiguró la actual Segunda Circunscripción Judicial.
Por entonces la institución carecía de edificios propios y se alquilaban casas en el radio céntrico, en las que se concentraban los juzgados y demás dependencias administrativas. Por ejemplo, la Suprema Corte funcionaba en la casa del ex gobernador Carlos González Pintos, que ocupaba un cuarto de manzana al suroeste de la intersección de Necochea y San Martín, arrendada a una heredera del ex mandatario.
En vistas a conmemorarse el 6 de agosto de 1822 el centenario de la erección de la justicia local se designó una comisión para la organización de festejos por la efeméride, presidida por Cicerón Aguirre.
Se cursó invitación a Marcelo Torcuato de Alvear (presidente electo, que debía asumir el 12 de octubre), pero este se excusó por motivos de agenda (a principios de agosto estuvo de gira por Europa).
El día 6, la conmemoración se dividió en dos. Al mediodía, el personal de la administración convocó a un almuerzo en el hotel Galileo, al que concurrieron ministros de la Corte, magistrados y numerosos abogados y procuradores del foro mendocino. Al momento de los postres hicieron uso de la palabra los magistrados Cicerón Aguirre, Joaquín Sayanca y el abogado Mario Arenas (dirigente del partido liberal y miembro del Colegio de Abogados).
Luego, hubo una celebración oficial nocturna, que consistió en un banquete en el hall del edificio de la Suprema Corte. Allí concurrieron los miembros del máximo tribunal y una veintena de magistrados y otros altos funcionarios. Por el Ejecutivo lo hicieron el gobernador Carlos W. Lencinas, el vicegobernador Bautista Gargantini, el ministro de Industrias y Obras Públicas, Leopoldo Suárez, el intendente de capital Francisco Trianes y el presidente del Colegio de Abogados, José Leal.
Pronunciaron discursos Cicerón Aguirre (en calidad de máxima autoridad y presidente de la comisión), el vocal de la Suprema Corte Joaquín Sayanca, el juez –y poeta- Ataliva Herrera, el vicegobernador Gargantini (en representación del Ejecutivo y la Legislatura) y el doctor Leal.
La prensa local destacó el clima de cordialidad y camaradería reinante en el almuerzo como el carácter “brillante” del banquete nocturno.
En el plano funcional, con motivo del Centenario la Corte dictó una circular instando a todos los magistrados a llegar al día 6 de agosto con sus respectivos despachos y sentencias al día, lo que reportaría beneficios concretos a los habitantes de la provincia y afianzaría el crédito del Poder Judicial. Sin embargo, conforme señalaba el diario Los Andes, para mediados de octubre esta beneficiosa iniciativa no se había cumplido y arreciaban las quejas de muchos abogados litigantes, descontentos por la morosidad de los tribunales, principalmente los de primera y segunda instancia, donde regía una “paralización en el despacho de los litigios”.
En ese marco, advertía el diario decano de la prensa mendocina en tono de amonestación: “Es una cosa bien sabida de todos los que ventilan asuntos ante la administración de justicia que, salvo contadísimas excepciones, los juicios no se resuelven dentro de los términos establecidos por la ley, y así se explica la existencia de un respetable stock de expedientes que se encuentran con autos para sentencia desde hace largos meses y hasta uno y más años. No es necesario mucho esfuerzo para darse cuenta de los trastornos y perjuicios que trae consigo para los litigantes la paralización de los asuntos judiciales, la que afecta seriamente valiosos y respetables intereses que en ellos se ventilan”.
A cien años de aquellas celebraciones y a doscientos del hito histórico que dio origen a este pilar republicano de nuestra provincia, vale recorrer las páginas de nuestra historia para recordar la importancia de las tareas que lleva adelante este poder y su contribución al progreso y el bienestar de los mendocinos, como así también a la salud de sus instituciones.
*El autor es historiador (FFyL-UNCuyo/INCIHUSA-CONICET).
