La decisión del Máximo Tribunal de Justicia venezolano ratificando que María Corina Machado no puede ser candidata, reabre el conflicto entre Venezuela y los países occidentales. En el régimen autoritario que preside Nicolás Maduro -quien va hacia una nueva reelección tras una década en el poder-, la Justicia está totalmente bajo su control.
La decisión implica no sólo que la candidata opositora no podrá presentarse a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre, sino que está impedida de hacerlo por un período de quince años. Cabe recordar que ella fue electa en una primaria abierta de la oposición, en la que obtuvo el 92% de los votos.
De acuerdo a los sondeos, si la elección fuera hoy y libre, ella le ganaría a Maduro. Esto implica que el acuerdo negociado en Barbados en el segundo semestre de 2023 entre Maduro y la oposición, avalado por Estados Unidos y países europeos, podría quedar ahora sin efecto. Las elecciones libres eran la concesión central por parte del régimen de Maduro, frente al cual Estados Unidos comenzó a anular las sanciones económicas que impuso a Venezuela por su régimen dictatorial.
Se trataba de una restitución gradual de las reservas en oro del país que fueron incautadas al régimen chavista y luego traspasadas al gobierno provisional que constituyó Juan Guaidó, que hoy se encuentra disuelto. El acuerdo incluía la liberalización de las restricciones impuestas en materia de comercio de petróleo, que es el sector exportador más importante del país. También se había acordado la revisión de las sanciones personales impuestas a funcionarios y colaboradores del régimen por parte de Estados Unidos (anulación de visas, congelamiento de cuentas bancarias, etc.).
Pero Venezuela tiene la segunda inflación del mundo después de Argentina. Su economía vuelve a entrar en recesión y los niveles de pobreza están entre 70 y 80%.
Venezuela será posiblemente el problema político más conflictivo en la región durante 2024 y su elección presidencial un punto de fricción permanente. Siempre es posible una nueva negociación, pero esta vez no parece fácil porque sería necesario, para que llegara a buen puerto, que se modificara la decisión del Máximo Tribunal, lo que no parece fácil. Tampoco que la elección sea realmente libre, porque ello implica un riesgo cierto para Maduro de perder el poder.
Venezuela ha sumado en años recientes el problema del crimen organizado. La mayor expresión del mismo en el país es el llamado “Tren de Aragua”, que extiende sus redes en América Central, el Caribe y América del Sur. Al igual que sucede en toda la región, el control de las cárceles por parte del crimen organizado resulta clave para su expansión y subsistencia.
En paralelo a prohibir la candidatura de Machado, Maduro denunció un intento de golpe militar en su contra. Es una maniobra reiterada en momentos de crisis o dificultades por parte de su gobierno. En este caso, fueron denunciados treinta y tres miembros de las Fuerzas Armadas, con nombre y grado. Claramente no podían formar parte de una conspiración activa, ya que algunos habían desertado y otros se encuentran exiliados. Se daba el caso también de detenidos que habían sido liberados y otros que ya estaban encarcelados. Muy pocos fueron los apresados a consecuencia de la denuncia. Los supuestos intentos de golpe han servido en cada ocasión como pretexto para aumentar la represión sobre la oposición y esto ha vuelto a ser así. En este clima, fueron detenidos varios integrantes del equipo de Machado, acusados de conspirar.
Pero ahora Maduro tiene una nueva herramienta, que es el reclamo de soberanía territorial sobre la región de Esequibo, la que constituye dos tercios del territorio de Guyana, la ex colonia británica que se independizó en 1966 y tiene frontera con Venezuela. Ya no se trata de supuestas invasiones orquestadas por Estados Unidos ni de intentos frustrados de golpes, sino de la posibilidad de una confrontación militar con otro estado por razones de soberanía. Al comenzar este conflicto, fue escalando a partir de mediados de 2023, y tuvo un punto culminante el 3 de diciembre cuando se realizó un referéndum en Venezuela que arrojó como resultado que masivamente los venezolanos creen que Esequibo es un territorio propio.
El conflicto se incentiva por el descubrimiento y explotación de petróleo frente a las costas de Guyana. En los primeros días de enero, el patrullaje que realizó un buque de la Armada Británica en aguas del Caribe frente a Guyana y Venezuela, fue utilizado por Maduro para denunciar una posible invasión extranjera a su país, en apoyo de la posición de Guyana.
Hasta ahora, Estados Unidos comenzó a restablecer sanciones en forma gradual. Lo hizo a la exportación de petróleo, oro y otros metales preciosos. Ha dado plazo a Maduro hasta el mes de marzo para que levante la medida que impide a María Corina Machado ser candidata. Nada es imposible, pero los márgenes de negociación se han tornado cada vez más estrechos.
A la alta inflación, los niveles extremos de pobreza y el crimen organizado, Venezuela muestra muy altos niveles de corrupción. En la última semana de enero se conoció el índice de Percepción de Corrupción que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional. El ranking incluye a 180 países. Regionalmente, Venezuela ocupó el último lugar de América Latina y el anteúltimo, sólo por encima de Somalia.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
