“El daño que nos hizo Bonarrico no se recompone en una semana o dos. Es permanente”. El que habla es un apesadumbrado funcionario y sus palabras describen la consecuencia más temida. El caso carcome una de las columnas del relato que primero encaramó y luego ha sostenido en el poder a Cambia Mendoza: la transparencia.
Un acuerdo político pagado con dinero del Estado va en contra de todo lo que el discurso público del oficialismo ha profesado en los últimos siete años. De pronto, aquella declaración del pastor evangélico lo emparentó con el kirchnerismo.
Es cierto, hay una distancia abismal entre ese subsidio y los bolsos de López, los hoteles de la familia Kirchner y los cuadernos que describen la corrupción en la obra púbica. Pero deja flotando en el aire una similitud en las conductas. Un abuso de posición y del uso del dinero público.
Esa sensación que corroe a algunos en el frente oficialista, sobre todo pensando en el impacto electoral futuro, no se extiende a todos por igual. Para otros, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Sacar de agenda a Bonarrico y seguir como hasta ahora.
Esa dualidad ayuda a profundizar los reproches cruzados entre los que intervinieron en el acuerdo pero nunca lo admitirán públicamente. “Todos sabíamos”, confiesa una de las figuras del oficialismo. Muchos prefieren hacerse los desentendidos.
El escándalo se desató justo unos días antes de que comenzara una encuesta que el Gobierno ya tenía planificada para fines de mayo. Pese a eso, no hubo, aseguran, preguntas específicas. Pero sí una inferencia con los resultados ya procesados: el caso no afectó la imagen de Rodolfo Suárez, que se mantuvo sin alteraciones respecto de los anteriores sondeos.
El dato alivió al Gobernador, que se muestra siempre atento, casi con obsesión, al respaldo de social. Tan bien creen que les ha dado que la semana próxima la difundirán.
“El tema no llegó a la gente”, concluyen en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. “Otra cosa es el círculo rojo”, dicen, limitando el impacto de la confesión radial del pastor al segmento más informado de la sociedad.
“La gente ve a Suárez como un dirigente sensible que suele comportarse como la sociedad espera que lo haga y haber dado de baja el decreto que otorgaba el subsidio va en ese sentido”, aportó una persona del entorno del Gobernador que analiza en profundidad los informes de imagen.
Habrá que esperar a ver si la encuesta que hace a principios de cada mes la consultora CB, con foco en todos los gobernadores del país, detecta algo más. Este 2022, el mendocino tuvo su piso en enero, con 67% de adhesión y un séptimo puesto en el ranking. El techo lo tocó en abril, con 70,5% y el segundo lugar. Esta semana deberían conocerse los resultados.
La encuestadora Martha Reale sí detectó, al contrario de la meseta alta en la que parece consolidado el mandatario, que no se detiene la caída del apoyo en Mendoza al Gobierno nacional y el Frente de Todos.
Quienes vieron algunos de los gráficos dicen que la inflación, principal preocupación de los mendocinos hace tiempo, se distanció aún más del resto y esto explica que la adhesión al presidente, Alberto Fernández, perfore lo que se creía un piso.
Una vez más, las desgracias y desatinos del peronismo ayudan al frente liderado por la UCR.
Frentes múltiples
El PJ no piensa por ahora abandonar su ofensiva. Ve en el “Bonarrico gate” una posibilidad no tanto de sumar adhesiones como sí de horadar al frente gobernante. Insistirá por eso en la Legislatura con la citación al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, para que explique el convenio anulado.
En el Ejecutivo no están dispuestos a ceder por ahora. Es el funcionario en el que más confía (y delega) Suárez. Tanto que bien podría decir “Ibáñez soy yo”, en un remedo de aquel “Cazabán soy yo” que declaró el peronista Arturo Lafalla en 1999.
Por eso, el Gobernador continúa defendiéndolo. Hace algunos días, se lo dijo a un aliado con el que mantiene una relación ambivalente: “El Víctor la está ligando de arriba”.
Ahora bien, si Ibáñez no tiene nada que ver, pese a que fue uno de los expresamente señalados (junto a Tadeo García Zalazar) por Bonarrico en su delación, la pregunta es quién negoció ese subsidio en nombre del Gobierno.
En este punto, nuevamente afloran las diferencias entre suaristas y cornejistas, contenidas hasta ahora por los dos “jefes”.
En el peronismo asumen que si el oficialismo accediera a que el ministro de Gobierno dé explicaciones en la Legislatura, inmediatamente desactivaría la crisis.
“Con Nadal estuvieron meses negándola. Lo mismo pasó con Levrino. Y una vez que fueron se calmó todo. Los medios titulan ‘El ministro dio explicaciones’ y no importa qué preguntemos o pase adentro. Mientras más tiempo lo eviten, más van a mantener en agenda el escándalo y más vamos a subir en la escala de responsabilidades”, avisa uno de los referentes opositores.
Hay un dato con el que esperan al ministro, si algún día va: esos al menos 18 millones de pesos que contemplaba el subsidio otorgado y luego quitado a Bonarrico equivalen a lo que cobra un legislador, a valores de hoy, durante los cuatro años de mandato. “Está claro que fue una compensación por haberlo dejado afuera de las listas”, argumentan en el peronismo.
El Gobierno confía en la decisión de la Justicia. “Todo fue legal”, esgrimen. Y en eso tienen razón: no hay nada en el convenio con la fundación que sea reprochable desde lo formal. Los cuestionamientos son por las interpretaciones y, sobre todo, por la confesión mediática del pastor.
Mirar hacia adelante
El caso Bonarrico alejó de las cámaras durante la semana que pasó a los funcionarios y referentes del oficialismo. La decisión fue evitar las preguntas incómodas y cantadas sobre lo ocurrido. Un momento de introspección sólo roto por el Gobernador, aunque a prudente distancia, con sus viajes a Neuquén y Buenos Aires.
Suárez visitó Vaca Muerta junto al CEO de YPF, el mendocino Sergio Affronti, y volvió “impresionado” por lo que ha generado en la vecina provincia ese boom petrolero. Se ilusiona con que eso se repita en Malargüe.
El Gobierno trató de aprovechar el viaje para mostrar algún avance. Uno fue que YPF pagará más por el petróleo provincial, lo que repercutirá en las regalías. Pero esta variación no es consecuencia de aquel reclamo hecho por el ministro Vaquié en febrero, sino una adecuación a los nuevos valores del crudo por el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania.
El otro “anuncio” es lo que ya estaba acordado con YPF desde hace casi un año y que nunca estuvo en duda: la perforación en la lengua mendocina de Vaca Muerta de dos pozos.
Si el resultado es positivo, serán la puerta de entrada a una nueva escala productiva, tras años de caída. Pero un resultado negativo no sólo será una desilusión, sino la confirmación de que la Mendoza petrolera está agotada. Urgirá, entonces, encontrar otros ingresos que potencien la estancada economía.
El fin de semana próximo, Suárez encabezará una comitiva provincial que viajará a Canadá para ser parte de la feria minera más importante del mundo con una oferta que ahora suena tentadora: Potasio Río Colorado.
Como publicó Los Andes la semana que pasó, el valor de ese mineral supera ahora los 1.000 dólares la tonelada, al menos el triple de lo que cotizaba cuando la brasileña Vale decidió abandonar el proyecto.
En el Gobierno dicen que hay 11 empresas interesadas en explotar la mina mendocina, pero aún no definen si se venderá o bien se buscará un socio inversor que la explote para asegurarse no sólo regalías sino también una porción de las ganancias.
Detrás de la ilusión que despierta ese proyecto, hay otra no admitida: que el buen funcionamiento de Potasio Río Colorado desactive el rechazo social a la minería.
Suárez entra en el último año y medio de gestión, cuando los gobernadores finalmente asumen que no harán mucho de lo que prometieron, pero en los próximos meses él puede empezar a definir el futuro de Mendoza.
