El proceso electoral y la formación de candidaturas en nación, provincia y municipios ponen de relieve la activación de mecanismos normativos y prácticos de quienes aspiran a conservar las riendas del poder o conquistarlo. Se trata de un fenómeno regularizado que con mayores o menores reformas dirime el funcionamiento de la democracia y del federalismo electoral desde la recuperación del estado de derecho en 1983. Desde entonces, la periodicidad de las elecciones renueva el lazo entre gobernantes y gobernados en base a normas relativamente estables, ha gestionado con mayor o menor suerte la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales antes y después del colapso del 2001, y explica la formación y ruptura de coaliciones electorales mediante el pasaje o fluidez de dirigentes políticos o líderes sociales en la mayoría de los distritos electorales.
La crisis de representación de la democracia que aflora en todas partes atraviesa la vida política argentina y no escapa al terruño mendocino. Hay quienes advierten la insuficiencia o incapacidad de las instituciones representativas clásicas y los mecanismos de control de poder internos para canalizar demandas, derechos y la participación de la ciudadanía en mundos urbanos, sociales, políticos y comunicacionales que son radicalmente distintos a los prevalecientes en el siglo XIX cuando los principios del constitucionalismo liberal sellaron los cimientos de las democracias republicanas latinoamericanas.
Pero, aunque tengamos en cuenta los contrastes entre el funcionamiento del gobierno representativo de ayer y el contemporáneo, las contiendas electorales ponen de relieve puntos en común de perdurables tradiciones políticas enraizadas en el entramado del país federal. Una primera mirada retrospectiva destaca algo que señaló Julio A. Roca a un amigo político de Mendoza en 1891 en vísperas de los comicios que erigieron a Luis Sáenz Peña como presidente en base al acuerdo celebrado con Mitre que tramitó la crisis desatada con la revolución cívica de 1890. En aquella oportunidad, y mientras Mendoza había experimentado más de una intervención federal, y maniobrado la crisis del juarismo provincial, el expresidente subrayó los límites de los principales referentes de la política nacional para disciplinar el voto unánime de los mendocinos en el colegio electoral.
En esa sustanciosa carta que albergó uno de los padres fundadores del constitucionalismo provincial, Julián Barraquero, Roca expresaba la necesaria intermediación de los políticos locales en el resultado electoral: “Allí tiene que maniobrar según las circunstancias y hacer lo que más convenga a la provincia y al partido según sus propias inspiraciones que de lejos es muy difícil seguir la batalla. La experiencia nos demuestra que todo plan aquí concertado, aunque lleve el triple bautismo del Presidente, Mitre y de su affmo servidor, al llegar se desvanece y queda en nada. Es necesario estar allí en el torbellino para apreciar el modo y momento oportuno de obrar con eficacia. Solo Sarmiento ganaba batallas a la distancia”.
El segundo tema en común pone sobre el tapete el modo en que la regularidad de las elecciones y del ejercicio del voto erigió un elenco relativamente estable de políticos que accedían a los principales cargos electivos y que, por las características del régimen electoral, excluían a los candidatos de las flamantes agrupaciones partidarias que habían resultado de la crisis del partido gubernamental. Esa vertiente exclusivista no tardaría en arrojar al ruedo críticas y denuncias por parte de los detractores de la forma de tramitar la representación por parte de los “políticos prácticos”, o de los políticos profesionales. Una crítica o embate que estuvo en boca de los primeros radicales pero que englobó también a los jóvenes reformistas de la galaxia liberal que incitaron el cambio del régimen electoral en 1912 con el fin de dotar de legitimidad el sistema político.
En ese contexto, la voz “oligarquía” se hizo patente en la prensa, debates parlamentarios, mitines y movilizaciones callejeras en la provincia y en el país. Un fenómeno que de ningún modo era argentino, sino que adquirió formalización teórica a escala global, y que adquirió raigambre provincial en un texto emblemático del Dr. Lucio Funes, cuando al historiar la seguidilla de gobernadores de Mendoza entre el momento constitucional y el Centenario, no dudó en calificar con “La Oligarquía” o “gobiernos de familia”. Con esa expresión de honda gravitación en la literatura histórica mendocina Funes ponía en agenda los riesgos que pendían sobre la cultura institucional provincial y en el horizonte de la democracia republicana.
*Beatriz Bragoni- Historiadora CONICET / UNCuyo
