El gobierno provincial se dispone a desandar lo acordado hace tres años entre Mendoza y la Nación para lo que se denominó el rescate de la empresa Impsa. Para la actual administración provincial es un paso necesario no sólo para mantenerse en línea con las premisas de achique del Estado que plantea el gobierno de Javier Milei, sino, como dijo en su momento el Gobernador, reubicar a la firma en el sector privado. “No puede ser estatal, no sólo por razones ideológicas”, señaló cuando se trabajaba en el borrador de lo que ahora se hará público. El gobierno nacional, que tiene la mayoría accionaria, ya decidió actuar en ese sentido conforme a su visión del Estado.
En aquella jornada de junio de 2021 tanto el kirchnerismo gobernante en el país como el radicalismo por entonces de Rodolfo Suárez se adjudicaron su cuota parte en la autoría que tuvo el rescate de la emblemática empresa mendocina.
En esos momentos, pese a las críticas generalizadas que recaían sobre el gobierno nacional por los efectos del encierro forzado por la pandemia, se mantenía en el país el debate, fuertemente inspirado por el kirchnerismo, y tradicional en el peronismo, sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo de empresas en grave situación financiera.
Por eso aquel acto en Pescarmona fue más que nada político. El sector privado, en general, mostró indiferencia, por no decir que le dio la espalda. Es que, como señalamos en aquel momento desde este mismo espacio, sobraban antecedentes sobre el discutible manejo del Estado en compañías que pasaron de estar al borde del colapso en manos privadas a sociedades estatales sumamente deficitarias para las cuentas públicas.
Aquel de 2021 fue un acto mayormente peronista. Su dirigencia local estuvo prácticamente a pleno en esa oportunidad por el éxito político que, según lo que consideraban, tenía la jugada. Se anotaron prácticamente de todas las vertientes de la interna del PJ mendocino. Y también llegaron personajes del clan nacional.
En cambio, el oficialismo provincial tuvo una representación más acotada y menos eufórica pese al tinte de acierto que pretendió otorgarle siempre el gobierno de Suárez. No sólo hubo faltazos notorios entre radicales; los socios partidarios de la coalición Cambia Mendoza no disimularon su desacuerdo, como los demócratas y Omar De Marchi, que consideraba que la firma Pescarmona debía buscar desenvolverse por sus propios medios, como cualquier empresa privada con inconvenientes financieros. Hay que admitir que éste era un discurso antipático al oído de muchos mendocinos que sienten una obvia nostalgia por la trayectoria que tuvo la emprendedora empresa familiar. Tal vez eso haya justificado la postura de Suárez.
A propósito de De Marchi, tres meses después de aquel acto hizo pública nuevamente su disidencia, esta vez para cuestionar el proyecto de presupuesto anual que había presentado el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, otorgándole a la estatal Impsa la eximición del pago de derechos de importación de bienes de capital y otros insumos que la firma necesitaba para operar. Entendía quien todavía era titular del Pro mendocino que si esa cláusula presupuestaria se concretaba constituía una burla al sector privado en general, que no podía de ninguna manera competir en igualdad de condiciones. Y así fue.
De todos modos, el entonces gobernador Rodolfo Suárez también se encargó de resaltar ese paso dado como un logro de su gestión, siempre en el marco de relacionamiento con el kirchnerismo gobernante a nivel nacional en el ya aludido contexto de pandemia, que lo obligó durante mucho tiempo a quedar supeditado a los designios del Ejecutivo nacional. Efectos de aquel recordado “trío pandemia”, surgido de las apariciones televisivas casi diarias de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para decirnos a los argentinos lo que no podíamos hacer. Cuando se firmó el convenio por Impsa ya había comenzado a ser notorio el desgaste en la relación con la Nación, porque Mendoza había demostrado que las actividades privadas en general se podían habilitar paulatinamente en base a protocolos en entendimiento factibles, algo que la Nación resistió siempre.
De todos modos, cabe reiterar que tanto al presidente como al gobernador de entonces les convenía quedar ante la consideración pública como dos jefes de Estado que acordaron el salvataje de una empresa emblemática para los mendocinos. Luego los caminos se bifurcaron y los resultados fueron totalmente opuestos. Suárez logró mantener su imagen y que su coalición gobernante saliese airosa tanto en las elecciones de mitad de mandato como a través del retorno de Alfredo Cornejo a la jefatura de la provincia. Fernández, en cambio, quedó como el responsable de la derrota del ex Frente de Todos en las legislativas 2021 para luego caer en el abismo que todos conocemos y que hoy lo hace estrellar contra hechos que perpetró entre las paredes de su despacho presidencial y que lo tienen contra las cuerdas del ring judicial.
Por lo tanto, a poco más de tres años de aquel “rescate” de la empresa se dio vuelta la página. Y hay coincidencias entre la administración local y la nacional. En ese sentido el gobernador, Alfredo Cornejo, expresó no hace mucho tiempo su convencimiento de que la firma Pescarmona debe ser privada “no sólo por razones ideológicas”, en un claro despegue de lo que marcó aquella impronta justicialista que llevó al acuerdo.
Mendoza debe definir ahora cómo encarrila el proceso para la venta del 21,2% del paquete accionario, del que se hizo en 2021 mediante el desembolso de 5 millones de dólares. Será un paso importante para la administración provincial en tiempos de ajustes, estrechez de recursos y necesidad de ingresos para sostener el aparato estatal básico y la ejecución de obras en las que el Estado debe marcar presencia.
En el paquete por la venta de acciones se incluyó en la semana otro proyecto, el de una nueva ley orgánica para la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público. El ministro Mema, encargado de anoticiar del esperado alumbramiento, señaló que se pretende que sea otro paso para facilitar tramitaciones y simplificar los procesos administrativos. Es en línea con reformas que se están gestando desde el gobierno nacional, en especial, en estos tópicos, desde el área que conduce el ministro Cúneo Libarona. El oficialismo ha mostrado como aval el aporte que realizaron varios colegios de profesionales del medio y universidades.
Tiene ahora el gobierno de Cornejo la tarea de buscar consensos en el ámbito legislativo para avanzar con su propuesta de desprenderse de las acciones de Impsa. Una primera mirada en base a la postura de los distintos sectores partidarios puede insinuar una votación favorable a las intenciones del Ejecutivo. Pero también todo dependerá de cómo busque la oposición posicionarse con respecto a la gestión, con la que subsisten en algunos casos diferencias siempre apuntadas a lo metodológico. Aunque queda claro que la composición de las cámaras legislativas favorece en número a las aspiraciones del oficialismo.
Por otra parte, es evidente que Cornejo insinúa corregir lo que consideró inadecuado de la gestión que lo precedió. Así como fue fijando el rumbo para que la actividad minera se reacomode, pese a la permanente reacción de los sectores políticos y ambientalistas que aducen que se va a terminar sobrepasando lo que dicta la ley 7.722, también en este caso busca darle solución a una participación accionaria que sólo le dejó rédito político al peronismo, que gobernaba el país cuando se firmó el acuerdo para la virtual reestatización, ya que la Nación siempre contó con la mayoría accionaria. El desprendimiento accionario le servirá de punto de partida para la acción privatizadora que luego complete el gobierno de Milei.
Aunque Cornejo no quiera compartir un lecho de rosas con Milei (sirvan como ejemplo las diferencias concretas que marcó con Cúneo Libarona con respecto a la pretendida investigación, por parte de la justicia local, de casos de narcomenudeo) hay una clara necesidad del oficialismo provincial de mantenerse en línea con la Nación. Por lo menos, ir monitoreando día a día cómo evoluciona la economía y con ella el humor de la población.
La caída de imagen presidencial que, con distintos números, reflejan las distintas encuestas hablan de un nivel de preocupación generado por los efectos del ajuste en la economía doméstica. En ese contexto, la adhesión a las políticas nacionales puede derivar, también, en una merma en la consideración de la gestión local, pero por el momento nada recomienda soltar amarras.
