El fiscal federal que se encuentra a cargo de la investigación del funcionamiento de un vacunatorio de preferencia en el Ministerio de Salud de la Nación fue intimado esta semana a jubilarse. Eduardo Taiano recibió la notificación de la Anses para que defina qué hará en adelante.
El dato no debe sorprender. Ya se sabía que el organismo previsional nacional encaró la búsqueda de definiciones en los casos de magistrados que iniciaron el trámite jubilatorio o están en condiciones de hacerlo.
Una modalidad que, a criterio de los expertos, roza la inconstitucionalidad.
Curiosamente, la notificación a este fiscal de coyuntura llegó en plena investigación del más grave conflicto que enfrenta el actual gobierno, el ya denominado “vacunagate”.
Tal vez, una nueva “ingeniería” en el afán del kirchnerismo de invadir políticamente la Justicia para frenar las acciones que, por casos de corrupción, afectan a sus principales dirigentes, comenzando por la actual vicepresidenta de la Nación.
Debe tenerse en cuenta que, en esa línea, el Gobierno impulsó, hasta ahora con relativo éxito, una reforma judicial que básicamente apuntó a la justicia federal penal.
No se discute que esa área de la Justicia merece una revisión, pero, justamente, se trata de los tribunales en los que son juzgadas las terribles causas de corrupción que marcaron los 12 años previos de gobiernos kirchneristas.
A este capítulo hay que sumarle la muy cuestionada creación de una comisión consultiva, integrada con mayoría de abogados cercanos al poder y presidida por uno de los abogados de la Vicepresidenta, que tuvo como principal objetivo revisar la función de la Corte y generar más dudas sobre lo que realmente pretende el oficialismo con respecto al futuro del Poder Judicial.
El debate de la sugestiva reforma judicial se encuentra demorado en la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo no cuenta con los votos necesarios para encarar los cambios que pretende y que sí logró imponer en el Senado.
No quedan dudas, no obstante, que en algún momento el intento reformista se pondrá otra vez en marcha en el afán del oficialísimo de contar con una mayoría de jueces que puedan ser afines a sus interpretaciones de cómo se debe administrar justicia.
La actual estrategia de presionar a través del organismo previsional para lograr vacantes no es otra cosa que una grotesca jugada, con la que el Gobierno pretende demostrar que siempre tiene en la mira a los jueces y fiscales que puedan poner en jaque la estrategia de impunidad que asoma detrás del telón de la reforma.
Cuesta entender por qué desde su función pública Fernández permanentemente degrada a las instituciones, a las que debe sostener como jefe de Estado, en cada oportunidad en la que es llamado a opinar sobre las causas que sobreviven por denuncias de corrupción.
Y en este caso puntual de las vacunas de preferencia, se atrevió a calificar de “payasadas” las investigaciones montadas a partir del escándalo que se generó por semejante burla a la buena voluntad de los argentinos.
Un vergonzoso calificativo que no hace más que demostrar que la verdadera división de poderes en la Argentina se encuentra comprometida.
