Rodolfo Suárez cerraba el año de gestión dejando en marcha una nueva polémica con la oposición: el decreto para refinanciar deuda sin tener que pasar por la Legislatura. Es otro capítulo en la principal discusión que sistemáticamente le planteó el justicialismo a la actual administración desde su arranque.
Sin embargo, al caer la tarde del jueves se supo que el presidente de la Nación había firmado el laudo arbitral sobre Portezuelo del Viento, dándole la razón a la provincia de La Pampa en cuanto a la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental para la proyectada obra.
Un balde de agua fría para el gobierno local no por el resultado del laudo, sino por el momento elegido por el jefe del Ejecutivo Nacional para formalizar lo que ya había anticipado de palabra en una visita realizada a La Pampa.
Precisamente, después de aquel comentario del Presidente, Mendoza dio prácticamente por caída la megaobra, descontando que el Ejecutivo nacional laudaría, como había dicho Fernández, a favor del pedido pampeano.
Por eso la administración de Suárez mantuvo inmovilizados los fondos que periódicamente recibe la Provincia de la Nación, como resarcimiento, y decidió comenzar a publicitar el llamado “plan B”, en base a la alternativa que le posibilita a Mendoza destinar los recursos a otras obras hídricas, según la cláusula añadida en el convenio durante el gobierno de Cornejo, con el acuerdo de la presidencia de Macri.
Atinadamente señaló el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que grande hubiese sido el problema si Mendoza adjudicaba la obra mientras el Presidente decidía en qué momento laudaría a favor de La Pampa. Esta firma presidencial tan reclamada por el gobierno mendocino le pone, ahora sí, punto final al gran proyecto para Malargüe.
La Pampa maneja varias herramientas: no sólo logró que se vuelva a realizar un estudio de impacto ambiental, sino que, en última instancia, hasta podría oponerse a su realización, ya que su principal objetivo es neutralizar toda posibilidad de obra hídrica que encare Mendoza con alcance a su territorio.
En ese sentido, no hay que olvidar que en octubre el gobierno de La Pampa resolvió pedir informes sobre la factibilidad de Potasio Río Colorado, una de las más fuertes apuestas que tiene la gestión de Suárez para Malargüe, siempre dentro de los límites que impone la legislación minera vigente, y para la cual se avanzó en la búsqueda de inversores. En ese momento en el gobierno provincial consideraron esta nueva jugada de los pampeanos como “absurda, antojadiza y antijurídica”, pero sin descuidar la situación de alerta que genera la complicidad política y partidaria pampeano-nacional.
También se produce con el laudo formalizado una situación incómoda para el justicialismo mendocino. Por eso sus principales referentes locales decidieron salir a repartir públicamente críticas hacia los dos bandos en pugna. Anabel Fernández Sagasti apuntó a “la falta de trabajo y gestión de Suárez, la conocida mala fe del gobernador de La Pampa y el escaso trabajo para el consenso en el Coirco”. Y Adolfo Bermejo, sin dejar de reconocer lo perjudicial del laudo para nuestra provincia, alude a “culpas compartidas” y opina que una gran parte de la responsabilidad la tiene Mendoza por “falta de diálogo y de búsqueda de consenso”.
Es difícil medir qué nivel de consenso se pretende cuando el escenario resulta totalmente adverso en lo político. El revanchismo pampeano supo aprovechar la incursión del Frente de Todos a la conducción del país y de la influente provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿faltó diálogo? No debe olvidarse que el peronismo mendocino tiene en Fernández Sagasti a una de las dirigentes más influyentes en la cima del gobierno nacional. Queda claro que en este tema puntual pudo más la política partidaria.
La deuda, nuevo capítulo
El decreto que firmó Suárez para refinanciar parte de la deuda provincial en dólares con vencimiento en 2023 sí desata un nuevo capítulo en la pelea política local. Se prevé emitir un crédito en pesos.
Como se esperaba, la oposición justicialista ya anticipó su decisión de judicializar el tema presentando el caso ante la Suprema Corte. Prometen llegar con el reclamo a la Justicia la próxima semana, con un escrito que sería firmado por todos los diputados y senadores.
No sólo se basan en lo que determina la Constitución de Mendoza con respecto a endeudamiento, sino que toman muy en cuenta el punto de vista que dio hace poco el fiscal de Estado, Fernando Simón, potenciando la necesidad de aprobación legislativa con los dos tercios de sus miembros presentes. El Presupuesto provincial para el año que arranca avanzó con aval opositor porque este controvertido mecanismo quedó afuera de la discusión.
Tal vez sea una nueva pulseada en el juego de mayorías y minorías partidarias con que se identifica al máximo tribunal provincial en estos momentos. Esta situación, sin embargo, fue largamente superada cuando los jueces supremos se vieron obligados a opinar, consensuar y proponer ante el polémico proyecto de reestructuración del funcionamiento de la Corte que remitió el Ejecutivo a la Legislatura.
Ahora se evaluará y opinará si el artículo de la ley de administración financiera en el que se referencia el Gobierno para no pasar por la votación legislativa se enmarca en lo que establece al respecto la Constitución Provincial.
Con respecto al “roll over”, está claro que es una herramienta financiera de uso habitual tanto a nivel nacional como de varias provincias. Es que el Estado tiene siempre la necesidad de reprogramar deudas. Si un endeudamiento fue adecuado o no, forma parte de otro aspecto de la política, que es la investigación de las acciones de gobierno. Pero no queda ninguna duda de que el contexto económico nacional obliga a las administraciones provinciales a tomar los recaudos pertinentes para poder asegurar el cumplimiento de sus compromisos.
Tema seguro para febrero, después de la feria judicial del primer mes del año. Y de resolución probablemente rápida por parte de la Corte en virtud de las necesidades financieras de la Provincia, a pesar de la aclaración que hizo el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, en el sentido de que “hace tiempo que la deuda no es un problema. Si hay que pagar lo haremos, pero nos conviene refinanciarla”. Una especie de salvoconducto si los jueces supremos se ven obligados a fallar mayoritariamente en contra de la estrategia gubernamental.
Asuntos que se acumularán para Suárez al regreso de sus días de descanso. Ya con el laudo presidencial por Portezuelo del Viento firmado, corresponderá avanzar definitivamente con las alternativas previstas y oficializadas meses atrás por el Gobierno. Y en cuanto a la refinanciación de la deuda, más allá de que lo que llegase a determinar la Corte, si se concreta el planteo anticipado por el PJ, seguirá siendo tema de discusión política, con más razón en un año electoral.
Justamente, el proceso hacia las elecciones no se presenta fácil para la coalición oficialista provincial a raíz de los reiterados choques entre el radicalismo y el Pro, especialmente. Si bien las diferencias entre el radicalismo y De Marchi se resolvieron hace dos años a través de un buen acuerdo para la confección de las listas, en este caso, cabe reiterarlo, es muy fuerte la partida que juega el principal referente larretista en lo que muchos suponen sería su última oportunidad para pelear por la Gobernación”. Puede ser con respecto a nuestra provincia, porque a nivel nacional De Marchi mantiene un buen posicionamiento y probablemente todavía tenga mucho por recorrer.
