La sociedad argentina que cambió con la pandemia habló por primera vez en las elecciones primarias y el Gobierno nacional respondió desde las vísceras. Cristina Kirchner le impuso a Alberto Fernández tres cosas: un destino de presidencia asintomática; un gabinete que oficie como surtidor de déficit; una campaña descentralizada en los jefes territoriales.
Esa decisión que tomó la conducción del oficialismo tiene una consecuencia inmediata en el tono de la confrontación política hasta noviembre. Tiene también una proyección estratégica para el país, porque define una posición ante la crisis. El Gobierno resolvió agravar sus causas, proveer morfina para anestesiar por un breve tiempo las consecuencias, y posponer un intento de resolución.
Es tan evidente la fragilidad cortoplacista de ese programa de gobierno que la economía empieza a anticiparse a sus resultados. El diagnóstico de sentido común que publicó el periódico Financial Times puede resumirse en una conclusión: si el Gobierno no advierte en las verdaderas causas de la crisis el predictor de la derrota, habrá más crisis y también derrota. La conclusión puede leerse no sólo en el horizonte táctico de noviembre.
Durante los meses previos a la pandemia, el Gobierno afirmaba que la economía heredada era un enfermo en terapia intensiva. Cada vez que lo consultaban por un plan de salida, el Presidente reafirmaba su desafección por los planes. Conocedor de los efectos alérgicos que la imprevisión despierta en los mercados, el ministro Martín Guzmán reemplazó luego de manera discreta aquellas respuestas de guitarrero. Explicó que el plan estaba detallado en el Presupuesto. Pero las previsiones del Presupuesto eran inverosímiles, aun antes de la pandemia. Cristina se cansó de ese debate -que le parece inoficioso- y tras la derrota impuso el “Plan Platita”.
La economía nunca es indiferente a la insustancialidad programática. Conviene hacer foco en dos indicadores cuyas series históricas demostraron correlaciones con los resultados electorales y sus consecuencias políticas.
Alfonso Prat Gay recordó el paralelismo entre la evolución del salario real y el desempeño en las urnas de los oficialismos. Cristina recién lo admitió tras la derrota. Antes se aferraba a una lectura contrahecha de la economista Cecilia Todesca, ahora exiliada en la Cancillería.
Con más discreción pública que la vice, la CGT se lo había subrayado al Presidente antes de la elección y ahora se lo recuerda, haciendo una salvedad que Cristina todavía prefiere omitir: ninguna recomposición nominal del ingreso es eficiente si no se complementa con un programa de estabilización.
También se lo explicaron los supermercadistas a la secretaria de Comercio, Paula Español. A través de la creciente presión fiscal, el Estado recaudador es el principal formador de precios (y el principal beneficiario de la licuación de gastos cuando crece la inflación). A la diputada Cecilia Moreau, dispuesta a salir a las calles a pegar fajas de clausura, se le escapó esta vez advertir esa negligencia.
Al segundo indicador lo precisó en estos días otro expresidente del Banco Central, Guido Sandleris. El nivel de reservas netas es hoy de 7.100 millones de dólares. Con la política monetaria actual (e incluso con la dificultosa invención de nuevos cepos) pueden llegar a un piso de 1.800 millones de dólares a fines de este año. Con vencimientos ante el FMI y otros organismos por más de 4.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022.
El Plan Platita no es más que un intento de mejorar el ingreso nominal de las familias pisando inflación, aumentando el déficit y quemando reservas para contener al dólar. El tipo de cambio y las tarifas congeladas están siendo otra vez usados como anclas de corto plazo, mientras la expansión monetaria crece a un ritmo tan exasperado como la carta de Cristina. Es imposible recomponer las reservas exhaustas sin la combinación de tres factores: un acuerdo con el FMI para postergar pagos, una reducción efectiva del déficit fiscal y una devaluación del tipo de cambio oficial.
Sandleris habla como economista. Desde la perspectiva política, acaso convenga también advertir que el nivel de las reservas netas del Banco Central ha sido siempre un predictor clave para la gobernabilidad. El peronismo lo sabe. En la oposición, detectó esa luz roja cuando activó con voracidad el declive final de Fernando de la Rúa. Y la última vez que el balance del Central estuvo en las condiciones actuales, la derivada de inestabilidad política estaba canalizada a través del recambio de Cristina Kirchner a Mauricio Macri.
Esto resignifica para el Gobierno la urgencia electoral: le apremia obtener un insumo de gobernabilidad. También condiciona a la oposición. En las primarias recibió un mandato para tensionar con el oficialismo y la reacción posterior del Gobierno la empuja más en ese sentido. Por eso encapsuló su compromiso hasta conocer la composición del nuevo Congreso.
Esa cautela es lógica. De todas las precondiciones posibles para un acuerdo que haga gobernable una salida a la crisis, Cristina Kirchner acaba de avisar que no cederá nunca las prioridades de su agenda judicial. Y lo hizo intentando poner en igualdad de condiciones -aunque sin fueros- a la agenda judicial de Mauricio Macri.
