El bochornoso episodio observado en el Congreso de la Nación en la semana durante la sesión virtual de la Cámara de Diputados obliga, una vez más, a poner la mirada en las cualidades éticas de quienes se postulan para cargos electivos no sólo en el ámbito nacional; también a nivel provincial y municipal.
El diputado por Salta, Juan Emilio Ameri, asumió su función con antecedentes de hostigamiento y acoso sexual. El comportamiento previo del legislador no fue tenido en cuenta por quienes propusieron su candidatura y menos aún por los diputados encargados de validar su ingreso al Congreso Nacional. El escándalo fue mayor porque la joven que participó de la escena sexual es asesora rentada del legislado y percibe una remuneración que obliga a justificar dicha designación con profesionalidad, no burlándose de la ciudadanía que aporta con sus impuestos el sostenimiento de la actividad política.
En un artículo editorial reciente, resaltábamos el valor institucional de la llamada ley de Ficha Limpia, que avanza con amplio consenso partidario en la Legislatura de Mendoza. La norma impide que ingresen a la función pública personas condenadas por delitos de corrupción, penales y de índole sexual, entre otras consideraciones.
En el Congreso Nacional hay una iniciativa similar, pero no avanza. Si el criterio para aceptar el juramento de un legislador o funcionario se basara en lo que determina la mencionada y elogiable legislación, el ahora ex diputado Ameri posiblemente no hubiese llegado fácilmente a recibir el premio de una banca legislativa.
Otro detalle a tener en cuenta es el necesario replanteo del sistema electoral en cuanto a la selección de los candidatos. Gran parte de la dirigencia política pregona, entre otras cosas, el final de la vigencia de las llamadas listas sábana, pero nunca de concreta dicha iniciativa. Con dicho sistema, principalmente en los partidos o frentes mayoritarios, el votante se inclina por los antecedentes de quienes encabezan una nómina sin reparar en quienes se postulan en lugares subsiguientes, que muchas veces terminan accediendo a una banca por la renuncia de un legislador que deja su lugar por haber resultado electo o designado para otra función pública. Ese es el caso de Ameri. Por ende, se debe buscar alentar la formación de dirigentes políticos que puedan llegar a cargos públicos no sólo por su capacitación profesional, valiosa y necesaria, pero que no garantiza honestidad (véanse los casos de corrupción que se ventilan en la Justicia Federal penal), sino, además, por sus antecedentes personales.
Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad, señala la Constitución Nacional.
El mismo texto constitucional establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, con competencia para la postulación de sus candidatos.
Está claro, por lo tanto, que la dirigencia política en su conjunto es corresponsable del papelón vivido el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados. Incluso ni aún aceptando la renuncia del cuestionado diputado se hizo todo lo que se debía, porque para eliminar cualquier sospecha de tolerancia correspondía más bien la expulsión del legislador.
Pero lo importante de aquí en más es que no nos quedemos en el hecho aislado y pensamos seriamente en todo lo que hay que reformar en lo que se refiere a calidad dirigencial.
