Con desazón he leído en “Los Andes” del 20/11/22 declaraciones del Gobernador calificando de “aberrante” el dictamen de la Oficina de Ética Pública respecto a la imposibilidad jurídica y ética de que dos concejales de Tunuyán sigan ocupando sus bancas y a la vez desempeñándose como médicos en nosocomios públicos, percibiendo ambos emolumentos.
Lo digo porque conociendo la condición de abogado del Gobernador cuesta entender la crítica al dictamen que desde lo jurídico y enancado en el artículo 13 de la Constitución, sostiene con acierto la prohibición del doble desempeño; remitiéndose el mandatario para fundar su ataque a normativa legal de jerarquía inferior, que más allá de no permitirlo ante incompatibilidad funcional y horaria, refieren a situaciones que no abrogan la regla constitucional, ya que en estos dos ediles no se dan las circunstancias de excepción que contempla dicha legislación, basada en necesidades impostergables y para determinados ámbitos geográficos. Atentos al carácter “superior y operativo” de la norma constitucional, agrego que lejos está la misma de requerir interpretación o hermenéutica alguna, ya que la claridad de su texto exige sólo una simple lectura, al no contener expresiones ambiguas, contradictorias u ocultas que demanden desentrañar su sentido.
Desde lo jurídico, nada “aberrante” el dictamen, siendo por el contrario coherente con el texto constitucional y con los principios que lo informan. Esto en tanto más allá de las virtudes innegables de nuestra Carta Provincial, son la “moral y la ética pública” sus pilares y en ellas asientan sus instituciones. Reconocimiento de su fuente filosófica, cimentada en el “krausismo” de Julián Barraquero. Así también, la “periodicidad de funciones, la no reelección de Gobernador, el reconocimiento del valor de la educación y del laicismo pedagógico, la defensa del agua, etc.”.
Todo en el contexto de un desapego republicano, entendido como la actitud ética de escapar de la obsesión por los cargos, patología extendida en la política actual.
Dentro de este escenario jurídico-filosófico y siendo la función nuclear de la Oficina de Ética Pública la de regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública para su responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño . . .”, no cabría tal cuestionamiento a su dictamen. Sugiero respetuosamente al Gobernador recordar que moral y ética pública representan el conjunto de valores que conforman el recto obrar, que por su alcance repercuten en la esfera de lo público. Una “ecología moral” según Robert P. George por la cual “el poder político tiene el deber de exigir por medio de la ley el cumplimiento de determinadas obligaciones morales y así también de prohibir las conductas viciosas” y que impone al gobernante la obligación de cumplir aquellos deberes devenidos del pacto de sociabilidad que conforma las reglas sustanciales del colectivo al que llamamos Estado.
Intuyo que aquí ha primado en el mandatario el “amiguismo político”, hijo del nepotismo y ambos perniciosos vicios de nuestra política para favorecer a los amigos del partido, correligionarios, compañeros, camaradas o punteros. No puedo afirmar, pero tampoco descartar, que los dichos del Gobernador, siendo uno de los concejales un “correligionario”, obedezca a tales circunstancias, a más del hecho que su padre haya sido legislador o su hermana sea hoy funcionaria.
Creo que no debe obviarse que en las repúblicas, a diferencia de las monarquías, herencias de sangre, partido o de apellido nada importan, debiendo rescatarse el imperio de normas y principios, máxime cuando ellas y éstos devienen de un ejemplar Código Político, que tampoco pareciera agradar al mandatario a juzgar por su insistencia en su innecesaria reforma.
Sorprende el hecho de que habiendo el Gobernador abrevado de niño en los principios de la U.C.R. no haya ponderado la esencia ética del partido, olvidando posiblemente que éste, antes que organización partidaria fue concebido como “una actitud ética hacia la política”. Es ésta y la defensa de las libertades lo que diera origen a la U.C.R. Decía Alem: “Se trata de elevar a un pueblo a la alta dignidad del hombre libre, de consagrarle sus más importantes derechos, combatiendo por la práctica de sus instituciones, que son, desconocidas y holladas por los malos mandatarios”. Conceptos a los que Yrigoyen, a través de sus acciones se encargó de dar legitimación política. Agregaba Gabriel del Mazo: “No es el radicalismo un simple partido.. Es fuerza de la Historia Nacional que concibe la República como idea moral y que brega por dar a la Nación bases morales, espirituales, políticas”.
Tristeza me causaran esas declaraciones, tanto como abogado con 45 años de ejercicio; como docente con 37 años de servicios; como funcionario de la Cámara de Diputados durante 35 y como afiliado a la U.C.R. desde 1.973. Y si bien esto no confiere certidumbre ni infalibilidad a mis asertos, los legitiman jurídica, académica y políticamente en estas épocas, donde algunas democracias, débiles de origen, necesitan del restablecimiento de esa “moral o ética pública”, presupuesto sustantivo del artículo 13 de la Constitución Provincial.
Deseo que el Gobernador, a quien conozco desde hace años como un político trabajador, inteligente y honesto, bregue en pos de acciones sostenedoras de una nueva forma de entender la política, en armonía con los principios que constituyen su andamiaje axiológico para reconstruir la relación entre el ciudadano y el poder, no privilegiando, si tal fuera el caso, a “amigos políticos”, los que por otra parte y a fuer de los resultados de los últimos años, no lo han beneficiado mucho electoralmente.
El respeto a la letra y principios de nuestra Constitución obliga a la dirigencia a trascender el escándalo trivial, ya que con la violación de los valores en que asienta, la víctima será el pueblo de la provincia.
*El autor es abogado
