Con gran beneplácito he tomado conocimiento, a través de la página de Fiscalía de Estado, que con fecha 26 de agosto aparece una resolución de este ente de control, donde reglamenta la forma de presentar una Denuncia Anónima cuando el patrimonio del Estado se vea afectado de alguna manera.
Al contrario de lo aconsejado internacionalmente para los organismos de control ,y de lo regulado por ejemplo por la oficina anticorrupción en el orden nacional, en Mendoza, a pesar de que se tuvo la oportunidad de legislar sobre este tema fundamental contra la corrupción a través de la ley 8993 de ética pública -de que la diputada Mercedes Llano lo intentara en abril de este año, con un proyecto de ley al respecto- la respuesta legislativa siempre ha sido de no regularla, por lo tanto, la Oficina de Etica Pública rechaza las denuncias anónimas por falta de legislación.
No hay que extrañarse, los legisladores responden a las órdenes de sus jefes políticos, y viene a mi memoria el debate de los candidatos a gobernador que se hizo en el Hotel Intercontinental cuando se les preguntó sobre la denuncia anónima, la mayoría la rechazaron, incluido el que resulto ganador.
La denuncia anónima -seria- es la herramienta por excelencia que tiene cualquier ciudadano para ejercer el control sobre la transparencia del actuar de los que gobiernan, sin sufrir la represalia del poder de turno ,que no le gusta que lo controlen.
Por la salud institucional, y la necesidad de honestidad en sus gobernantes que tiene la sociedad, es bueno que la Fiscalía de Estado tome la bandera como órgano de control y en base a las potestades constitucionales que tiene, invite a la ciudadanía para que, sin miedo haga las denuncias anonimas -repito en forma seria– de hechos de corrupción que normalmente afectan el patrimonio de la provincia, como sucedió hace poco tiempo con una compra del Hospital Lagomaggiore.
