En fecha reciente, el Tribunal Oral Federal 4, de Buenos Aires, dio a conocer los fundamentos del fallo por el cual, en febrero, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por hechos de corrupción en el manejo de la obra pública durante las gestiones presidenciales de los Kirchner.
Se trata de la causa que se conoció como “la ruta del dinero K”. También recibieron condenas los hijos del empresario y el arrepentido Leonardo Fariña, entre otras personas vinculadas a las comprobadas operaciones ilegales.
Lo destacable es que la Justicia ratificó en sus considerandos que la fortuna que congregó Báez fue proveniente de la corrupción en la obra pública. Todo quedó explicado en un extenso escrito de más de tres mil páginas, lo que no sólo confirma la gravedad del caso sino la acumulación de pruebas irrefutables y claramente condenatorias de un accionar delictivo.
Los jueces que dispusieron la condena del influyente Báez y sus hijos y allegados dieron fundamentos contundentes al apuntar que los fondos del principal acusado se acumularon “concretamente desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal 2 en la mentada causa Vialidad”.
Y agregaron los magistrados que el lavado de dinero del empresario al servicio de los Kirchner fue efectuado con el beneficio de ser un integrante más de “la matriz de corrupción estatal y corporativa montada por la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”.
Esta clara confirmación de una trama de corrupción de semejantes características, y con complicidades de privados, se enmarca en una sucesión de evidencias que demuestran desde hace varios años cómo la trama y ejecución de la ilegalidad se encuentra enquistada en la política y, por consiguiente, en el manejo del Estado.
Un verdadero drama cultural para la Argentina, puesto que la no erradicación de estas prácticas, como lo hemos señalado muchas veces desde este mismo espacio, se traslada fácilmente a estamentos inferiores de la sociedad y termina haciéndose hábito en muchos ámbitos de la vida del país.
Las pruebas que arrojó el fallo contra Báez y allegados son irrefutables, totalmente condenatorias.
Y la sentencia en sí es demostrativa de cómo la Justicia puede evitar ser influenciada por los intereses políticos en tiempos de fuertes presiones y denuncias infames, de las que han sido parte durante muchos años, y lo siguen siendo, funcionarios y operadores del actual oficialísimo argentino.
Como indicó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en un reciente documento emitido con motivo del día mundial de la libertad de prensa, se ha recurrido descaradamente a “la postulación del ‘lawfare’ como tesis que plantea una confabulación de sectores de la prensa y el Poder Judicial con vistas a fraguar procesos contra referentes del actual oficialismo”.
El resonante caso por el que se condenó a Báez y otros fue producto de una larga investigación judicial iniciada en abril de 2013 a partir de un informe de un programa periodístico. El tiempo transcurrido y las pruebas acumuladas contradicen, felizmente, esas lamentables acusaciones.
