Contemplamos azorados la desprolijidad en la actuación de un presidente, que debía cumplir con su tarea de arbitrar, con imparcialidad, ecuanimidad e independencia, un diferendo en el marco de un convenio interprovincial, de indudable valor como es el COIRCO, y que concurre a hacerse aplaudir por una sola de las provincias sometidas a su laudo para anunciar su inclinación y decisión favorable a las pretensiones de esa parcialidad del conflicto. Un verdadero acto partidario para un anticipo improcedente del resultado de una decisión formal que deberá tomar.
La tentación como abogados, casi inevitable, es la de comenzar a redactar nuestras eruditas demandas muy acertadas y fundadas sobre la inaceptable transgresión material y formal de todas las normas que rigen lo más elemental de esa tarea de arbitraje burdamente atropelladas por quien detenta un título de abogado y de profesor. Pero sería un error llevar a tribunales, aunque fuera para ganar -pero no sabemos cuándo-, lo que debemos resolver en la Política (con mayúscula).
También es grande la inclinación a denostar esos acuerdos marco de provincias, a los que la Constitución de 1994 nos invitó a fortalecer y celebrar, que hoy constituyen uno de los cimientos de la construcción de un futuro de concertación federal que también ha sido propuesto por la misma Convención constituyente. Pero sería otro grave error romper puntos de encuentro imprescindibles, tal vez no hoy para éste, pero sí para otros posibles proyectos de crecimiento y desarrollo de quienes compartimos una cuenca tan amplia y extensa como la comprendida por los ríos y ecosistemas involucrados por el Colorado.
La evaluación de impacto ambiental que se ordenará a pedido de las provincias favorecidas además de altamente costosa será de resultados previsibles y que, aunque nos fueran favorables, ya estarían por fuera de los tiempos, necesidades y realidades de aquéllas que, hace décadas, nos llevaron en su momento a diseñar esa obra tan apreciada para muchos sectores muy respetables de nuestra comunidad mendocina, sobre todo por los departamentos de nuestro Sur provincial. Nada hay para ganar en esa evaluación, fuera de los honorarios de quienes la hagan.
Más allá de su cálculo previsor o no, en materia de decisión política nada es azaroso cuando se trata de estos temas y de esta relevancia, hubo sin duda un gran acierto en el desprendimiento del destino de los fondos obtenidos como resultado del proceso judicial que, por vía de transacción final, indemnizó a la provincia de Mendoza por los daños sufridos por décadas de promoción industrial y agropecuaria que favorecieron a nuestras provincias vecinas.
Ese desprendimiento del destino de los fondos respecto de la obra Portezuelo, que era aparentemente obligado, más la oportunidad que hoy se presenta de poner fin inmediato a la incertidumbre de un tortuoso proceso administrativo que continuará en diversas etapas de judicialización y de medidas precautorias y de chicanas procesales de todo calibre, nos coloca ante un gran desafío de diseño consensuado, de política de Estado, de debate amplio y participativo, no por ello interminable ni dilatorio, sobre los destinos que debemos dar a esos fondos.
Porque esos montos tienen por meta reparar los perjuicios que sufrió toda la provincia, se impone la necesidad de un proyecto de emprendimiento amplio en el marco de la irrigación y la energía provincial. Hay mucho por optimizar, eficientizar, y construir en ese plano esencial para nuestro desarrollo en todo el territorio.
Es una oportunidad imperdible para llevar adelante un gran acuerdo de la más alta Política de la que somos capaces los mendocinos y de la cuál hemos dado testimonio en varias ocasiones.
Sólo se requiere un proceso abierto, transparente, garantizado en sus controles independientes y de auditorías profesionales (de los que hoy carecemos, pero podemos lograr), lejos de los intereses egoístas de sector, empresario o de facción política o demagógica; sólo necesitamos que sea debidamente motivado, creíble y razonable. Con metas y objetivos planificados y puntos de control verificables. ¡Estamos en condiciones de hacerlo, entre todos!
*El autor es Abogado
