La sociedad mendocina, con la madurez y respeto a la institucionalidad, está exigiendo mayor igualdad y representatividad en los órganos y funcionariado que la representa. Por eso demandó y fue escuchada en el pedido de que el cargo que dejó vacante el doctor Jorge Nanclares en la Suprema Corte de Justicia, fuera ocupado por una mujer.
Respondiendo a este reclamo, el gobernador Suárez designó a la doctora María Teresa Day, de una trayectoria notable.
María Teresa Day, abogada, comenzó en el ejercicio de la profesión a los 24 años, tras su ingresó en 1990 al Poder Judicial, desempeñándose sucesivamente como personal técnico administrativo; secretaria de juzgado; secretaria de Cámara y posteriormente como inspectora del Ministerio Público Fiscal, donde fue la encargada de realizar el control de procesos en la investigación criminal. Hasta su designación como ministra de la Corte, se desempeñó como coordinadora general del Ministerio Público Fiscal y encargada de los datos judiciales abiertos desde 2017. Ha sido además asesora y redactora de varios proyectos legislativos y profesora en cinco cátedras, convocada como capacitadora de fiscales a nivel internacional. Day cuenta también con un posgrado de actualización de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. El CV de la doctora Day muestra a una profesional destacada, comprometida con la administración de Justicia. ¿No es acaso esto lo que pide la sociedad mendocina? ¿No pretende una persona que, además del conocimiento profundo de derecho, ocupe un espacio de poder significativo capaz de ordenar y hacer más eficiente el acceso a la justicia de todos los mendocinos? Pareciera que no.
Pareciera que un sector de la sociedad quisiera decir: queremos una mujer, pero no “esta mujer”. Se la intenta difamar personalmente, privar de ciertos conocimientos como la perspectiva de género; se la acusa de pertenecer al Opus Dei, (cuestión que no es verdad) y se pretende privar también de validez a todo su trabajo y ejercicio de la profesión de abogada.
Ante esta actitud difamatoria uno se pregunta cuáles son los móviles de ciertos sectores y algunas asociaciones feministas (no todas).
Debe observarse el marco en el que este repudio sucede. Ya en las últimas designaciones de la Corte pasó algo similar de parte del juez Omar Palermo, hacia el doctor José Valerio.
En este contexto, un sector de la Suprema Corte, acompañado o impulsado por legisladores del PJ, pretende llevar a cabo una audiencia pública ilegal e ilegítima, para exponer públicamente un procedimiento que ya fue encausado y dirimido. Esto es, que a los miembros de la Suprema Corte los propone el Gobernador y son aprobados y designados por el Senado, que ya decidió el 30 de junio. La audiencia del jueves no tiene sentido; no es más ni menos que una obstinación hacia la doctora Day. Y lo más preocupante, es que estas acciones van claramente en contra del prestigio de la Justicia.
La sociedad entendió que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades, y ha dado valor a la lucha de las mujeres por alcanzar los espacios de decisión. Por eso este reclamo se presenta como una pretendida caza de brujas.
Más allá de esto, cabe resaltar la peligrosidad política e institucional de este tipo de procesos ilegales, que quieren influenciar a determinados sectores y que tienen que ver con intereses políticos partidarios concretos.
Producción y Edición: Miguel Títiro
