Después de varios años de espera el Gobierno nacional depositó los primeros pagos para la construcción de Portezuelo del Viento, una mega obra hidroeléctrica sobre el río Grande (Malargüe) para la que deberían destinarse 1.023 millones de dólares que llegarán desde la Nación en concepto de indemnización por los regímenes de promoción industrial en las provincias vecinas.
Nadie duda sobre los beneficios que traería este dique, cuya capacidad para almacenar más de cinco veces el volumen de agua del dique Potrerillos permitiría abastecer de energía a unos 130.000 hogares.
Ahora bien, debido al rechazo histórico de La Pampa el proyecto ha entrado en un callejón de controversias e indefiniciones hacia el interior del Coirco, que pone en serias dudas su continuidad.
Frente a este panorama incierto y haciendo una lectura equivocada el Gobierno provincial ha decidido “malvinizar” el proyecto de Portezuelo cuando en realidad debería estar evaluando alternativas para utilizar estos U$S 1.023 millones que adeuda la Nación, los cuales no necesariamente deberían ser destinados a la construcción de una represa hidroeléctrica que en el mejor de los casos estará terminada dentro de 30 años.
Como se sostiene en la cláusula Tercera del convenio que se firmó durante las gestiones de Macri y Cornejo, los fondos de la Nación serán transferidos “a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la Obra (Portezuelo) y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”. En resumidas cuentas, el dinero es de Mendoza y podríamos usarlo para construir otras obras para la generación de energía.
Además, ¿para qué destinar el dinero de los mendocinos a la construcción de una obra de alcance regional que ni siquiera cuenta con el aval de las provincias vecinas, cuando podríamos utilizar estos mismos recursos para mejorar sustancialmente la infraestructura provincial? Mendoza no debería gastar un solo dólar en Portezuelo.
En tiempos de crisis, deberíamos comenzar a evaluar alternativas para invertir el dinero en otras obras públicas de interés estratégico que tengan un impacto más inmediato para la provincia en materia de generación de empleo. Obras que podrían ser realizadas por empresas mendocinas y que, de acuerdo con los cálculos, generarían tantos megas como Portezuelo, tales como la construcción de parques de generación de energía eólica y solar, de la represa El Baqueano en San Rafael, el Dique los Blancos sobre el río Tunuyán (al oeste de la Consulta) o del complejo hidroeléctrico Cordón del Plata, el cual consiste en la construcción de varias represas de menor tamaño y seis centrales eléctricas a la vera del río Mendoza.
Lejos de insistir con la “obra del siglo” el Gobierno provincial debería convocar a una audiencia pública conformada por expertos para evaluar la mejor forma de invertir los 1.023 millones de dólares, con eje en la construcción de estas u otras obras hidroeléctricas prioritarias que nunca contaron con recursos y que hoy podrían comenzar a ser financiadas con los bonos de Portezuelo.
* Prof. de doctrinas e ideas políticas IIF. Ciencias políticas Uncuyo Investigador.
Producción y edición Miguel Títiro
