Cierta incomodidad provoca el curso que ha tomado la problemática del agua en la Argentina.
Las respuestas gubernamentales, tanto a nivel provincial como nacional, a las diferentes crisis hídricas que se han acentuado recientemente, dejan ver que estamos lejos de alcanzar acuerdos que permitan asegurar el tan proclamado derecho al agua.
Da la impresión de que quienes gobiernan, independientemente de su filiación partidaria o ideológica, no logran formular propuestas superadoras a la crisis climática ni responder a los reclamos populares que manifiestan claramente una oposición a la mercantilización de este elemento vital y una negativa al avance de proyectos extractivos.
Todo indica que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional insisten con agudizar los desencuentros de nuestro sistema federal, descuidando las evidencias y opiniones científicas, y lo que es más grave en desmedro de garantizar un bien colectivo a la población.
Parece que las respuestas a la crisis hídrica surgirán de la concreción de obras de infraestructura, de la creación mecanismos de compensación financiera o de las innovadoras ideas traídas de un viaje por Israel.
Lo cierto es que la situación de la Provincia de Mendoza poco se aleja del despotismo hidráulico que hace referencia al control de un recurso único y necesario por una sola entidad.
Por otro lado, la intención de la Nación de empezar a gestionar un sistema centralizado del agua en la Argentina se acerca más a una demagogia hídrica que a lo que faculta nuestro texto constitucional.
Estos sucesos de la política hídrica provincial y nacional interpelan profundamente nuestra organización institucional y territorial.
Sin dudas, Mendoza se enfrenta a la necesidad de gestionar eficientemente un recurso cada vez más escaso.
Sin embargo, las propuestas de obras como, por ejemplo, Portezuelo del Viento resultan anacrónicas, las instituciones como el Departamento General Irrigación adolecen de estructuras poco participativas y los mecanismos anunciados como el Fondo de Agua dejan entrever una clara financiarización del recurso.
Por su lado, la Nación está confrontada a generar y fortalecer medios institucionales de concertación y de asistencia como el Consejo Hídrico Federal y los comités de cuencas interjurisdiccionales que permitan acercar posiciones entre las provincias por un recurso en pugna.
No ajena a esta problemática existe una comunidad, a la vez provincial y nacional, que está preocupada por el futuro del agua y que requiere la adopción de políticas acordes a sus necesidades y aspiraciones.
Reconocer sus capacidades creativas, democratizando a diferentes escalas los espacios de gestión del recurso, resulta primordial para superar la falta de respuestas inducidas por las pujas partidarias o territoriales.
El contexto socioecológico plantea el desafío de pensar soluciones alternativas que vayan más allá de la apropiación tecnológica de la naturaleza; reconocer las voces de jóvenes, de mujeres, de pueblos originarios, de quienes han sido marginados de su administración, puede resultar esclarecedor en este sentido.
Por último, la crisis del agua obliga a superar visiones dicotómicas que oponen lo provincial y lo nacional, lo público y lo privado, lo del Estado y de los mercados, para reivindicar que se trata de un bien común que ha sido víctima de un despojo de sentido por la hidropolítica local a favor de los grupos poderosos.
El reconocimiento de derechos colectivos sobre la base de algo que es común, como el agua, constituye el curso que debe tomar el debate en pos de preservar este recurso para las generaciones futuras.
*El autor es Geógrafo. Profesor UNPSIB. Doctorando CONICET-INTA.UNLP
