A escasos días para las elecciones de medio término en todo el ámbito del país, asistimos a un festival de incompatibilidades entre las funciones públicas que representan al Gobierno nacional, como provincial y municipal y las candidaturas a cargos electivos con motivo de la elección y que constituyen pésimos ejemplos de moral republicana. En efecto, si entendemos por “Incompatibilidad” la acumulación de una función pública con una candidatura a cargo electivo (Henri Capitant; Vocabulario Jurídico, Depalma, pág. 315) hay numerosos casos tanto en todos los ámbitos de la República que se producen estas graves anomalías.
Funcionarios (con excepción de los que tienen mandato popular como senadores, diputados y concejales) que asistían hasta hace unos días a inauguraciones representando al Gobierno local o nacional y son candidatos a cargos electivos están transgrediendo la Ley de Ética Pública n° 25.188, de raigambre constitucional (art. 36 de la Constitución Nacional), con todo desparpajo.
Asistimos a la falta de vergüenza al mezclarse los intereses de la sociedad con los de una fracción política con total impunidad para los transgresores ya que utilizan el cargo público para hacer campaña proselitista en favor de su divisa partidaria.
La sociedad tendrá que comprender que esas conductas que transgreden leyes sólo para no perderse unas “quincenas” tendrá, al tiempo de emitir su voto, la posibilidad de castigar a aquellos o aquellas que usufructúan los cargos en beneficio propio sin pedir licencias sin goce de sueldo.
Si los ejemplos deben venir de arriba hacia abajo, las conductas de algunos funcionarios (reitero con excepción de los que tienen cargos electivos) que no han tenido el deber jurídico ni menos moral, de transgredir la ley de ética pública, deben ser reprochadas para un mejor saneamiento de la política y de las instituciones de la República.
*El autor es doctor en Derecho (UBA)
