El avance hacia la nueva normalidad que plantea la pandemia disparó una suba de precios, con fuerte impacto en alimentos y otros bienes; por caso, los de la construcción.
Si bien no existe un desabastecimiento generalizado, ya que ciertos productos pueden ser reemplazados por segundas marcas o alternativos, la discusión entre fabricantes y supermercadistas expone la falta de ciertos alimentos en las góndolas.
El Gobierno nacional no reaccionó ante esas carencias con la misma dureza que ante las supuestas especulaciones en los elementos para la construcción. El presidente Alberto Fernández amenazó a las empresas fabricantes con aplicarles la Ley de Abastecimiento, que data de 1974. La antigüedad de la norma explica que el fenómeno no es nuevo en un país con una elevada inflación, que este año se situará entre 35 y 40 por ciento.
Uno de los elementos que las autoridades nacionales no incluyen en su análisis es el aumento del dólar blue o libre, que en numerosas jornadas llegó a duplicar el valor del dólar oficial. Esto motivó a miles de ahorristas a destinar ese dinero a la compra de automóviles o a la construcción privada, lo que originó el faltante de algunos materiales, ante la demora en su reposición por parte de las industrias proveedoras.
El índice Construya –que mide la actividad de las empresas más representativas del sector– creció 15,8% en octubre, respecto de octubre 2019.
Los dólares colocados en las cajas de seguridad o “en el colchón” se volcaron a mejorar la vivienda o a la construcción de nuevas unidades. El encarecimiento de los materiales fue inferior al alza de la divisa norteamericana en el mercado paralelo. También, esos bienes fueron comprados por los constructores y dejados en depósito a la espera de su uso en la obra.
La amenaza de aplicar una vieja norma para evitar la especulación no resolverá los problemas de fondo que atraviesan a la economía argentina. El aporte del gobierno de Alberto Fernández para evitar la especulación en la construcción y en otros sectores que están recuperado niveles de actividad acordes a la prepandemia sería el de evitar una excesiva emisión de pesos para cubrir el déficit fiscal.
El Banco Central girará al Tesoro nacional utilidades ficticias por 344 mil millones de pesos, que engrosarán el circulante y, por lo tanto, la mayor demanda de bienes o de dólares.
Las utilidades son ficticias ya que se refieren a la diferencia en la cotización de las reservas al inicio del ejercicio con su valor al final del período. Las reservas en otras monedas no aumentaron, sino que más bien se redujeron, pero la diferente cotización en pesos permite a las autoridades alegar que hubo “utilidades”.
Más allá de algunos casos específicos de especulación desmedida, la raíz del problema radica en la inflación y en la falta de incentivos a la producción, aspectos que el Gobierno podría buscar corregir, más que centrarse sólo en la persecución de ocasionales acaparadores de materiales de obra.
