“Cuando sueñas, la construcción de un mundo es una risa de albañiles”. Leopoldo Marechal
La inversión en infraestructura de un país contribuye a la calidad de vida de sus habitantes y a la mejora del nivel de competitividad de su economía. Sin ella un país, no puede tener un adecuado nivel de crecimiento de su PBI.
Gasoductos que transportan el gas que se produce en los yacimientos, represas que contribuyen a la generación de energía, caminos productivos que vinculan las áreas de producción con los puertos de salida de sus productos, autopistas que unen centros urbanos y áreas de frontera, líneas férreas que unen puntos importantes en un país con gran extensión de su territorio y sistemas de comunicación de acceso a internet y telecomunicación son algunos ejemplos del grado de importancia de la inversión en infraestructura que un país si o si debe realizar.
El Banco Interamericano de Desarrollo en su trabajo sobre La Brecha de Infraestructura en Americana Latina y el Caribe, estima las inversiones necesarias a realizar hasta el año 2030, para lograr un desarrollo sostenible en nuestra región.
De ese estudio surge una necesidad para nuestro país de invertir un monto de U$S 20.440 millones por año, que comparado con el PBI del año 2020, cuando se hizo el estudio, arroja un porcentaje de 4,2% por año.
En el año 2020, Argentina invirtió el equivalente a 1,20% de su PBI, en el año 2021 lo hizo a la tasa del 2,4%, en el 2022 fue de 1,4% y el año anterior fue de 1,3%
Es decir, estamos a 1/3 (un tercio) de lo que realmente deberíamos invertir para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible indicado en el estudio del BID.
Tenemos en consecuencia un desafío. ¿Cómo alcanzamos ese nivel de inversión del 4,2% anual? Se necesitan fondos y recursos adecuados para lograrlo.
El gobierno adoptó como definición, que a partir de ahora, la inversión en infraestructura será realizada exclusivamente por el sector privado. Y el retorno de esa inversión será obtenido de los usuarios de los bienes y/o servicios que produzca esa inversión.
¿Es eso posible? ¿Así funciona la inversión en infraestructura en los países desarrollados? ¿En los países con estabilidad jurídica, estabilidad macroeconómica y mercados de capitales altamente desarrollados?
En un estudio sobre “The impact of Public Private Parnertships (PPPs) in Infraestructure , Health and Education” realizado por Annais Fabre y Stephane Straub de la Toulouse School of Economics, se asevera que solo el 10% del total de la inversión en infraestructura es realizada por los sistemas de participación públicos privados en los países centrales desarrollados. Y solo alcanza al 3% si consideramos la totalidad de los países
Ahora bien, el Estado en esos sistemas PPP ¿se desentiende absolutamente de todo? ¿No participa absolutamente en nada? ¿no complementa la inversión a realizar en ningún caso?
En The Global Infrastructure Hub (GIH20), organización perteneciente al G20, creada para alentar el surgimiento y la utilización de los sistemas PPP en los distintos países, claramente se define el rol del Estado como un rol activo.
Se requiere, entre los aspectos mas importantes para viabilizar la rentabilidad de un proyecto, asegurar los flujos de demanda, mitigar los impactos inflacionarios a los que se exponen los ingresos del proyecto, asegurar las fluctuaciones del tipo de cambio y los giros de divisas al exterior y disponer de un set de garantías que permitan estructurar financiamiento y/o a diseñar fideicomisos especiales para asegurar el repago .
Y obviamente, considerando que el país cuente con estabilidad macroeconómica y jurídica, que permita pensar en inversiones a mediano y largo plazo.
¿Hubo experiencia de aplicación de Sistemas PPP para ejecutar obras en nuestro país?
Si, en el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri se promulgó la Ley 27.328 y su decreto reglamentario 118/2017 estableciendo un marco normativo para alentar el surgimiento de los esquemas PPP como una alternativa a los esquemas de Obras Publicas Tradicionales (OPT) .
Se introdujo la creación de fideicomisos como mecanismos de garantía y/o pago de la contraprestación a través del organismo del Estado que actuara como organismo contratante, los que deberían prever una reserva de liquidez durante la vida del contrato.
Este marco normativo recogió la experiencia de mas de 40 años de existencia de los sistemas PPP , que surgieron en el Reino Unido, pero adecuándolo a la realidad de nuestro país.
Lamentablemente los proyectos que dieron a luz bajo esa legislación, no pudieron concretarse, dado que a partir de 2018 el país volvió a caer en default y hubo que recurrir al FMI para sortear esas dificultades.
¿Cual es el camino a seguir para cubrir lo que el Banco Interamericano de Desarrollo nomina como Brecha de Infraestructura?
En primer lugar , el aspecto institucional. Existen países que han creado organismos específicos para administrar la inversión en Infraestructura dentro de una estrategia integrada a largo plazo. Se generan planes de Infraestructura que establecen cómo se financian, implementan y operan los proyectos que el país necesita. Canadá, Australia, Reino Unido y Colombia son ejemplos de ello.
En segundo lugar, es tiempo que las provincias –los estados subnacionales– asuman una mayor responsabilidad en la infraestructura, como un trade off con la coparticipación federal siempre en disputa. En los países de la OCDE, el 60% de la inversión es realizada por los estados subnacionales. Neuquen y Santa Fe han enviado a sus respectivas legislaturas proyectos de endeudamiento con el objetivo de incrementar la inversión en infraestructura en sus provincias.
En tercer lugar. es necesario asumir que convivirán por siempre los esquemas de construcción públicos privados con los de Obra Publica tradicional, existiendo en el medio esquemas mixtos como los que se vienen ejecutando en otros países.
Hay esquemas de financiación disponibles para cada uno de esos sistemas. Fondos y Bancos Internacionales de Inversión, préstamos de Organismos Multilaterales y Bilaterales, esquemas de Garantías de los Organismos Multilaterales, Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) imitando a los Fondos de Pensiones de los países desarrollados, compañías de Seguros, nuestros bancos nacionales ausentes de los procesos de inversión de mediano plazo, nuestro mercado de capitales carente de un desarrollo sostenido y Fideicomisos ad hoc creados y generados con recursos privados son ejemplos, entre otros, de un set de recursos de los que es necesario abrevar. Y resolver.
En consecuencia, es necesario que el gobierno nacional defina una política integral para el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Solo con el esquema privado no alcanza. Y es inaplicable en las condiciones actuales de la Argentina. Durante el gobierno de Mauricio Macri el riesgo país se situaba en 535 puntos básicos. Hoy esta en los 1230 puntos básicos. Y eso afecta al nivel de la tasa de interés con que se financian y construyen las obras. Y por ende a sus costos.
Esperemos que surja algo positivo.
* El autor es economista.
