El 3 de noviembre, el presidente Joe Biden lanzó la Alianza para la Prosperidad Económica de Las Américas (APEP por sus siglas en inglés). Fueron convocados para integrar la iniciativa Canadá y México en América del Norte; Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en América del Sur; Panamá y Costa Rica en América Central; y Barbados y República Dominicana del Caribe. En su mensaje de bienvenida, el presidente estadounidense sostuvo que la iniciativa busca incrementar las oportunidades y aprovechar el potencial de “las Américas”, para apoyar la expansión de la clase media y transformar al hemisferio occidental (otra denominación que utiliza la diplomacia de Estados Unidos para referirse a las Américas) entre Washington y América Latina y el Caribe.
La Casa Blanca dijo que la APEP apunta a “establecer un foro duradero para reforzar la competitividad regional y movilizar inversiones de alto nivel en nuestro hemisferio”. Se trata de una iniciativa que alcanza a aproximadamente un tercio de los países que integran la Cumbre de Presidentes de las Américas, que se reúne periódicamente y que el año pasado lo hizo en Los Ángeles, ciudad en la cual la presencia hispana es importante. Cabe señalar que Cuba, Venezuela y Nicaragua no integran dicha Cumbre, como tampoco están en la Organización de Estados Americanos (OEA). Estuvieron ausentes de la convocatoria la mayoría de los países de la región. El criterio para la selección fue una serie de variables que los han determinado como “socios confiables”, enfoque que el Departamento de Estado denomina “friend-shoring”.
El tema de las inversiones es prioritario en la APEP, pero Washington advierte que no se producirán automáticamente y que se determinarán en el concepto del mencionado friend-shoring. La Casa Blanca y el BID se han comprometido a apoyar esfuerzos para integrar la cadena de suministros de la región, como dijo Jeanette Yelen, Secretaria del Tesoro del gobierno estadounidense. El BID será la herramienta principal y su área Bid Invest trabajará con el sector privado.
De acuerdo al comunicado final, el BID Invest y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC según sus siglas en inglés), “tratarán de facilitar los procesos de financiamiento para proporcionar a los clientes una estructura sin fisuras, contribuyendo a desbloquear mayores inversiones y más capital privado”. El gobierno estadounidense también anunció una contribución de diez millones de dólares al fondo de donaciones para la “Biodiversidad y Soluciones Basadas en la Naturaleza” del BID, y veinticinco millones de dólares a los esfuerzos de este banco para enfrentar los actuales desafíos migratorios en la región. Se trata de fondos muy reducidos y casi simbólicos. La iniciativa incluyó tres nuevos acuerdos en migración, biodiversidad y facilitación de la inversión del sector privado en infraestructura, un área en la cual China tiene una creciente influencia en la región. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, expresó que los anuncios demuestran los compromisos con los objetivos de esta “alianza” (otra denominación que utiliza el Departamento de Estado para referirse a esta iniciativa) y “profundizan los lazos entre Estados Unidos y la región”.
La selección de los once países dejó una secuela de discusión y disconformidad. La exclusión de Brasil quita dimensión y proyección a la iniciativa, y en alguna medida algo similar sucede con Argentina. Políticamente quedan temas discutibles. Una línea central del Departamento de Estado ha sido elegir a los once países de América Latina y el Caribe que tienen firmados acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Se ratifica así una política planteada por este país hace más de tres décadas (1991) de articular una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, que incluyera todo el hemisferio.
Pero esta elección de aliados entra en contradicción con la política exterior estadounidense. Frente a la guerra de Ucrania, toda la región mantuvo una posición de neutralidad, que se manifestó en el rechazo a la invasión realizada por Rusia, pero al mismo tiempo en la negativa a sumarse a las sanciones económicas decididas por Estados Unidos y sus aliados globales.
La guerra de Gaza ha planteado en cambio posiciones más diversas en la región. De los once países que integran la APEP, hay dos que acaban de retirar sus embajadores en Israel como rechazo a los ataques que han producido numerosas víctimas entre la población civil. Se trata de Colombia y Chile, que tienen gobiernos “progresistas” que discrepan con los enfoques de la Casa Blanca en materia de política exterior. Canadá y México han sido incluidos probablemente por razones geopolíticas, además del libre comercio vigente en los tres países de América del Norte.
Uno de los presidentes que participaron, el uruguayo Luis Lacalle Pou, enfrentó simultáneamente en su país una crisis política que llevó a la renuncia del canciller por una situación generada por el otorgamiento de un pasaporte a un acusado de narcotráfico. Este año tendrá lugar la Cumbre de Ministros de Defensa del hemisferio americano, la que será en la capital argentina. Estados Unidos buscará intensificar las relaciones en este campo, en momentos en que los conflictos militares globales se agudizan. Es una reunión bianual y la última se realizó en Brasil en 2022. Es un área donde no hay conflictos formales, pero las relaciones son cordiales, aunque sin una agenda común sustancial.
En definitiva, se trata de una iniciativa con buenas intenciones, pero insuficiente y con demasiados países fuera de ella.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
