Es evidente la centralización del discurso presidencial de apertura de sesiones del Congreso de la Nación en un severo ataque político hacia el tercero de los poderes fundamentales de nuestro sistema constitucional, es decir, a la Corte Suprema Justicia de la Nación.
Es más, pidió al Poder legislador, cuya apertura de sesiones inauguraba, que lleve a cabo una tarea de control que ya está contenida en nuestra constitución.
Es ese Congreso Nacional quien puede investigar, acusar y juzgar a los miembros del más alto Tribunal de la República.
Ello sólo es posible reuniendo mayorías especiales para la acusación por Diputados y para sentenciar en el Senado.
Parece claro que el objetivo presidencial se dirige a la Corte Suprema y no al Poder Judicial en general.
Esto es importante en la medida en que los límites más severos en el ejercicio de sus facultades discrecionales han provenido de los tribunales inferiores, aquellos que se imponen en el ámbito de las acciones de amparo y habeas corpus, tal como ocurrió en Mendoza recientemente cuando una jueza de Garantías declaró la inconstitucionalidad de un DNU del presidente.
El presidente apunta, por ahora, a la cabeza institucional, ¿por qué?
Podríamos aventurar una posible primera hipótesis, y es que el Poder Ejecutivo está preocupado por su política sobre servicios públicos, que fue otro eje central del discurso que analizamos.
Es evidente que la situación económica llevará al Gobierno a actualizar tarifas para enfrentar un invierno cuya rigurosidad vendrá acosada por una posible tercera ola de pandemia como en la Europa de estos días.
Las tarifas subirán, el tema es cuánto; los procedimientos están en marcha.
En materia de servicios públicos existe un último límite, no dominado por el PEN luego del desmantelamiento de controles independientes constitucionales (los entes reguladores) que el Congreso habilitó por Ley 27341, y que -luego- amplió y prorrogó: es la Corte Suprema de la Nación. Pues con la integración actual dictó el fallo “CEPIS” que frenó el “tarifazo” intentado por Macri en 2016 y que, hoy, en julio de 2020 se encargó de “recordar” en el fallo “Usuarios y Consumidores Unidos” en plena pandemia y congelamiento de tarifas.
Segunda posible hipótesis: el Consejo de la Magistratura de la Nación se rige por una ley cuya constitucionalidad está cuestionada judicialmente en una causa que se halla pendiente ante la misma Corte Suprema.
La reducción de la estructura a 13 miembros proveyó al poder político de turno de una desproporcionada ampliación de facultades en la designación y suspensión de magistrados, y redujo la incidencia de los grupos interesados como abogados y académicos en favor de la política coyuntural, está atacada en su constitucionalidad porque evidentemente no responde al equilibrio que la Constitución ha establecido.
El resorte de poder que significa el Consejo de la Magistratura no necesita ser explicitado y su relevancia en este tiempo de procesos penales en marcha que comprenden a políticos y allegados al poder de los últimos gobiernos es obvia; también su posible repercusión.
Una tercera posible hipótesis es que existen planteos que han superado la instancia de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Nación y que han llegado a decisión de la Corte Suprema en los que se incluye entre los procesados a la señora Vice Presidente de la Nación.
El Tribunal debe resolver temas procesales que jamás debieron llegar a esa instancia máxima. Pero ahí están.
Estas dos últimas hipótesis tienen alta relevancia en dos planos objetivos: en la relación Gobierno-oposición y en la relación Presidente-Vicepresidente. En ambos por su repercusión en tiempo electoral.
El primero en lo externo ante la oposición; en el segundo en lo interno del Frente de gobierno, porque implicaría la segura apertura de la necesidad insoslayable de un indulto presidencial que podría producirse no sin alguna negociación política o -al menos- el replanteo de alguno de los términos que debemos presumir que ya existen como en toda coalición política.
Este análisis no excluye y podría comprender más aspectos políticos que no ignoro pero sobre los que no me siento capacitado para explayarme: me he limitado a los que conozco desde el Derecho Público y desde la experiencia judicial personal pero que me animo a sostener que están en la médula del discurso presidencial.
En todos los casos, me produce un profundo rechazo el desafío a una contienda palaciega que contiene el planteo presidencial en un momento en que tenemos un problema común que nos lastima a todos y que exige de nuestra mayor cohesión.
Problema en el que la Corte Suprema ha tenido prudentes silencios y también oportunas respuestas claras y contundentes sobre los límites que deben ser respetados en tiempos de emergencia como su reciente fallo en “Petcoff Neidenoff” con relación a la provincia de Formosa.
Nos negamos a aceptar que únicamente algún problema penal personal de uno o varios de los integrantes de la coalición de Gobierno sea la causa de la confrontación; es demasiado simple y el problema es muy complejo.
Tampoco criticamos que el discurso haya excluido temas de política sanitaria porque observamos que no existe país en el mundo que no haya cometido errores y contramarchas; tampoco respecto de las políticas económicas donde contemplamos el grado de desorden en el intervencionismo y de proteccionismos irracionales en los países más liberales del mundo; ni de temas de nuestra ya cotidiana corrupción que sostenemos en los peores niveles de transparencia desde el año 1995 sin sobresaltos, de la que jamás podría haber escapado nuestra administración de salud nacional, provincial ni local, ni aún en pandemia.
El porvenir, las políticas de estado y las propuestas concretas son temas postergados para cuando -ya vacunados- nos hagamos cargo de lo importante; ahora nos toca sumergirnos en la coyuntura.
*El autor de la nota es abogado y ex juez de la Suprema Corte Mendoza.
