Hace poco más de doscientos años el mundo experimentó una sustancial transformación en el modo de entender y vivir. Si hasta ese momento y durante muchos milenios la vivencia más fuerte de los hombres radicaba en la duración, de repente se dio cuenta de que toda la realidad era atraída y engullida por el vórtice del cambio, de la mutación.
Los filósofos alemanes adoptaron la historia como objeto principal de estudio. Los soldados del poderoso ejército británico capturados en la batalla de Yorktown entonaban una vieja balada titulada The World Turned Upside Down (El mundo al revés). Los campesinos franceses veían que sus ancestrales creencias y costumbres sucumbían como efecto de la gran revolución burguesa. El espectáculo de la brutal transformación social y cultural operada por el despliegue del capitalismo fascinaba a Karl Marx: “todo lo que es sólido se desvanece en el aire”. Los cambios se aceleran, los tiempos se acortan.
La política no es ajena a este fenómeno. El tiempo se convierte en un factor cada vez más decisivo, que pesa cada vez más en los hechos, las acciones y las decisiones relativas a la organización y el gobierno de los grupos humanos.
Las identidades políticas modernas no solamente se configuran en términos de diversas concepciones del orden político y social (liberales, demócratas, socialistas, nacionalistas) sino de diversas actitudes frente al cambio: progresismo, conservadurismo, reacción, reforma, revolución. La política contemporánea se debate entre ser superada por los cambios o anticiparse a ellos.
En nuestro país el problema de la sincronicidad de los tiempos políticos ha sido un factor crítico desde su nacimiento. Situada en la periferia, alejada de los principales centros de poder político, militar y económico, se ha debatido desde entonces entre lo heredado, o la tradición, y la modernización. Los países no solamente difieren en la dimensión espacial, sino también en la temporal. Quedarse atrás, cultivar exclusivamente los valores de la tradición, supone (muchos nacionalistas no terminan de entenderlo) inevitablemente subordinación, extravío del autogobierno, sumisión.
Las dinastías plebeyas
La pregunta que nos queremos hacer aquí es si la dirigencia política argentina es una élite acorde a los tiempos que vivimos o sufre de algún tipo de anacronismo. Un problema principalísimo que se plantea a toda comunidad política es la transmisión del poder. Dicho de otro modo: cómo asegurar la continuidad del grupo en un cambio de conducción. Las formas de resolver el problema han sido diversas: quizá la más común fue la sucesión dinástica, que responde a la creencia de que las dotes para el mando se heredan de alguna manera. Aportaba también una solución pacífica. No bien cambiaron los principios de legitimidad (del dinástico a la soberanía popular) fue posible plantearse la posibilidad de seleccionar a los gobernantes en razón de sus condiciones específicas. Este cambio, como es evidente, no es una solución definitiva al problema de dar con el perfil adecuado para el gobierno (puesto que siempre es posible fingir aptitud o idoneidad) pero ningún grupo humano en su sano juicio parece estar dispuesto a renunciar a la posibilidad de elegir a quien gobierna.
En nuestro país se puede observar una notable regresión en este sentido. El restablecimiento de la institucionalidad democrática en 1983 se realizó sobre el principio de competitividad de los dirigentes políticos: no parecía haber otra alternativa, dadas las interrupciones recurrentes del orden institucional desde 1930. La pervivencia del orden democrático dio lugar al desarrollo de dinastías familiares, sobre todo en los gobiernos de las provincias del Norte.
La profunda crisis social, económica y política de 2001 tuvo como efecto político duradero la entronización de una dinastía familiar en el gobierno nacional: los Kirchner, que han gravitado decisivamente sobre los destinos del país por casi dos décadas. La cultura política argentina retrocedió aterrorizada hacia formas de liderazgo arcaico ante la posibilidad de la anarquía. Durante esos años, la política argentina adquirió una impronta marcada por las dinámicas internas, las apetencias y las necesidades de la familia Kirchner, al estilo de las antiguas monarquías del s. XVII.
Adicionalmente se fueron formando dinastías cortesanas subordinadas, en las que el lazo familiar supone la vía de acceso al cargo público, electivo o no: Cafiero, Moreau, Posse, Morales, Zamora, Galmarini, Rodríguez Saá. Durante el kirchnerismo también aparecieron extraños cargos honoríficos hereditarios, como es el caso de hijos y sobrinos de integrantes de las organizaciones armadas o de detenidos/desaparecidos: De Pedro/Ustarroz, Pietragalla, Donda, Abal Medina, Vaca Narvaja, Cabandié, Raverta, Volnovich, Carlotto. Una especie de nobleza militante. Los (supuestos) méritos políticos de los padres son reconocidos en la persona de sus hijos a través de cargos electivos o en los organismos públicos.
Esta singular profusión de dinastías plebeyas coexiste con uno de los más sorprendentes resabios del Antiguo Régimen: el carácter hereditario de cargos públicos de nivel municipal, provincial y nacional, incluso en instituciones que requieren alto nivel técnico, como es el caso del Banco Central. Hasta el momento la lucha contra estas formas de nepotismo multinivel ha fracasado.
La democracia sindical, por su parte, tampoco pasa por su momento de mayor transparencia y salud institucional. Los gremios más importantes tienen por conducción a monarcas longevos que llegaron al poder en los primeros años de la democracia y se han mantenido en sus cargos desde entonces. La sucesión en esas organizaciones es un enigma. Algo similar está sucediendo con las organizaciones sociales, de aparición más reciente. Camioneros por su parte ha desarrollado su propia dinastía: los Moyano. Este prolongado ejercicio del poder les ha permitido desarrollar negocios y emprendimientos personales vinculados con la actividad sindical correspondiente.
En una parte sustancial la Argentina está gobernada por dinastías que han hecho predominar el vínculo de sangre por sobre la idoneidad. Si a este fenómeno se le agrega la resistencia a designar expertos y personal calificado (tecnócratas) en áreas especializadas del Gobierno, el Estado y la Administración Pública (una tendencia que puede remontarse a la reacción que generó el “superministro” Domingo Cavallo en los noventa) privilegiando en cambio lealtades personales o militantes -algo que remite a un antiguo criterio propio de tropa de guerreros o dinámicas cortesanas- desconociendo la complejidad del proceso contemporáneo de toma de decisiones a nivel gobierno, la regresión es completa.
El neofeudalismo
Después del colapso del Imperio de Occidente el antiguo territorio romano entró en un proceso de fragmentación que no se detuvo en el surgimiento de los reinos y principados bárbaros. Finalmente se estabilizó en una nueva forma de organización conocida como feudalismo, propia de una civilización en la que lo urbano desaparecía como centro político principal. El poder recaía en señoríos comarcales que subordinaban a otros señoríos menores a través de pactos interpersonales conocidos como feudovasalláticos. Los antiguos reyes y príncipes fueron reducidos a la condición de primus inter pares. Las ciudades sobrevivieron adoptando formas de autogobierno y en su seno de desarrollaron las corporaciones de profesionales.
La estructura política medieval era un intrincado sistema sociopolítico de solapamientos que fue sucumbiendo ante el proceso general de construcción del Estado Moderno: concentración del poder político, unificación territorial, centralización fiscal, administrativa y militar. Era la respuesta política que demandaban los nuevos tiempos. En nuestro país ese fue el modelo que se impuso a partir de la Organización Nacional y tuvo pleno desarrollo con la Generación del 80.
A partir de la irrupción del peronismo el Estado sufre una importante mutación. Su estructura y tamaño no dejan de crecer, pero da lugar a una forma de gobernabilidad compartida. El poder propiamente político establece un pacto corporativo con otros actores: las Fuerzas Armadas y las organizaciones gremiales. Inspirado quizá por el corporativismo fascista, se produce el fenómeno de solapamiento y competencia por el poder propio de sociedades políticamente descentralizadas como la medieval.
Este esquema se mantuvo sin mayores novedades hasta el restablecimiento democrático de 1983, cuando el poder político consiguió sacar del pacto a las Fuerzas Armadas, pero no obtuvo por ello la consolidación de poder suficiente.
La crisis política, social y económica de 2001 se resolvió ampliando y profundizando un nuevo pacto corporativo, en el que emergieron nuevos actores y en el que se impuso una modalidad transaccional permanente. Es también efecto de la reforma constitucional de 1994, que debilitó al Poder Ejecutivo y acortó sus mandatos. El poder político recurre a una alianza con diferentes corporaciones y sectores sociales, de los que obtiene apoyo en contraprestación de recursos o fracciones del Estado: se consolida un modelo neocorporativista en el seno del Estado.
En términos reales, la gobernabilidad resultante apenas alcanza para mantener el poder, pero no para impulsar necesarios proyectos de reforma de gran calado. Resulta imposible obtener el suficiente capital político en las condiciones actuales, puesto que supone inevitablemente afectar uno o varios intereses de los sectores incluidos en el pacto corporativo.
El resultado es una fragmentación del poder político a manos de un conjunto de corporaciones: gremiales, sociales, mediáticas, empresariales y burocráticas, todas predatorias de los recursos públicos, que reconstituyen a su modo el mosaico medieval en continuo solapamiento, tensión, conflicto y negociación, que impiden todo proyecto trascendente de alcance nacional e inhiben todo posicionamiento internacional: la Argentina se debate continuamente en el plazo de lo inmediato.
El tesoro de la corona y del reino
Un de los pasos fundamentales hacia la modernidad política y administrativa fue la diferenciación entre el tesoro del Rey y el del Reino, algo que después de la instauración de las monarquías medievales empezó a gestarse a principios del s. XII. Es en Normandía e Inglaterra donde aparece la institución del Échiquier/Exchecker encargada de recolectar y administrar impuestos. Supone un enorme avance para la administración económica de los Estados y particularmente en su continuidad como entidad organizada, pero sólo se consiguió después de una lucha de varios siglos, en la que la Revolución de 1789 fue un hito fundamental.
En las democracias contemporáneas se da por sentado que las organizaciones políticas en condiciones de aspirar al gobierno, conocidas como partidos políticos (“el Rey”) poseen un financiamiento independiente al del Estado (“el Reino”). Esta afirmación, como es evidente, posee varios matices y más en nuestro país, ya que los partidos reciben fondos públicos. Lo mismo en el caso de los dirigentes políticos y militantes, que por ejemplo tienen acceso a cargos no electivos cuando la suerte no les sonríe en las elecciones.
El financiamiento de los partidos políticos es un complejo asunto que no ha tenido hasta hoy una solución mínimamente satisfactoria. Sin embargo, aun con todas las prácticas opacas que permite el Estado y la administración, se mantiene en la teoría el principio de que las cuentas públicas están al servicio del país y no de la clase política.
Sólo en teoría. En la práctica se verifica lo contrario. No es solamente el hecho de que la clase política nacional reclama una parte de esos recursos, sino que posee una concepción patrimonialista de su conjunto: los considera su propiedad, algo sobre lo que puede disponer libremente, a su arbitrio. Supone, como puede verse, una brutal regresión al tiempo en que el tesoro del Rey era el mismo que el tesoro del Reino, y que terminó en una sangrienta revolución.
Conviene detenerse en este aspecto, porque constituye la explicación a la mayor parte de nuestros males económicos. La clase política se configura en un modo predatorio, aprovechando la particularidad de que el Estado no puede quebrar y controla parte de los instrumentos financieros que rigen la actividad económica del país. La depredación de este modo se convierte en una práctica continua que se desentiende de la sustentabilidad general del sistema.
Esta depredación cursa por vía de una continua expansión del gasto público y posee dos finalidades principales: la primera, incrementar patrimonios personales de la clase política; la segunda, asegurar el control permanente del Estado. Es este último el objetivo que merece mayor atención, porque es mucho más lesivo y perjudicial que el primero. El requisito que posee la clase política para arribar al control del Estado en un contexto de legitimidad democrática es ganar las elecciones. Necesita recursos públicos para volcar sobre el electorado, cuyo favor le permite acceder al poder o mantenerse en él. En la medida en que lo consigue busca la manera de perpetuarse, generando una clientela a base del incremento de la burocracia en los tres niveles, la creación de nuevos organismos, la multiplicación de las partidas presupuestarias, los contratos y la adjudicación de obras públicas y el asistencialismo social.
Todo ronda en torno a la conquista y la consolidación del dominio. Posee a su disposición las tres herramientas financieras del Estado: impuestos, crédito y emisión. El agotamiento de las dos primeras obliga a recurrir a la tercera, que es la más dañina de todas. El problema central de la inflación, que es típico de un capitalismo en crisis de otras épocas (y que sólo reaparece en fases de intenso stress del sistema, como fue la pandemia causada por el COVID 19) tiene su causa precisamente en la condición arcaica de la clase política argentina, cuyos recursos se obtienen de forma predatoria de las arcas del Estado, conduciendo al país a un estado de pobreza cada vez mayor. El tesoro del Reino se pone al servicio del tesoro del Rey. La inflación y la inestabilidad monetaria es efecto de una clase política que ha retrocedido a un estado anterior a la diferenciación fundamental entre recursos privados y públicos.
Consecuencias
En materia de formación y composición de la élite dirigente, de diferenciación y concentración del poder político y de principios elementales de administración de los recursos públicos la clase política argentina está en una fase de regresión generalizada. No tiene prácticamente ninguna capacidad de proyección estratégica, le está vedada toda perspectiva que desborde lo inmediato, lo local, la escala reducida.
Los recursos tecnológicos que le permitirían modernizar la gestión al servicio del país son descartados si suponen un desmedro de su dominio. Son empleados precisamente si le sirven para incrementarlo.
Dejando de lado la matriz de la élite política nacional y yendo a su desempeño, el diagnóstico se confirma. Si insisten con los siempre fracasados controles de precios para reducir la inflación (una especie de ritual al que le asignan propiedades mágicas); si reconstituyen monopolios que perjudican al usuario, como es el caso de la navegación aerocomercial; si dan marcha atrás con la digitalización de trámites que favorecen al ciudadano y al contribuyente; si promueven gabelas y exacciones que tienen por único fin conseguir fondos para la clase política, sus socios y parientes, como los registros del automotor; si protegen prácticas sindicales en perjuicio de los usuarios, como es el caso de los bancarios; si generan procedimientos discrecionales de carácter fiscal o cambiario, como con el comercio exterior; si la Argentina debe recurrir a organismos burocráticos internacionales como el FMI, que operan como prestamistas de última instancia de países incapaces de aplicar los principios elementales de la sana administración; si transforman una herramienta fundamental de las políticas públicas como las estadísticas oficiales en maquillaje para ocultar una realidad social y económica cada vez más degradada, que demanda medidas de fondo y reformas estructurales; si se suspende la aplicación de evaluaciones de la calidad con estándares internacionales para no poner en evidencia la decadencia del sistema educativo, como sucede con las pruebas PISA, todo se debe a la obsolescencia regresiva de la clase política argentina.
No es que el país esté atrasado, se haya quedado aislado en un tiempo pretérito, como describía Eduardo Goligorsky en A la sombra de los bárbaros, su novela de retroanticipación; es que su clase política lo está haciendo caminar deliberadamente marcha atrás.
* El autor es profesor de filosofía política de la UNCuyo
