Analicemos el fallo de la Corte no desde la lógica jurídica de la cual ya se ha hablado todo, sino desde la filosofía política. De cómo este fallo expresa la principal desviación de la idea republicana en la democracia argentina. Cuando la república liberal se transforma desde adentro en corporativa. Cuando en vez de defender a los ciudadanos en primer lugar, defiende antes que nadie a los miembros de cada corporación.
Un claro ejemplo se puede ver cuando la universidad piensa más en el interés de los que enseñan, o sea de sus claustros profesionales, que en lo que enseña y a quienes enseña. Cuando deviene una fortaleza medieval al servicio de sus monjes laicos.
La corporación es lo contrario a la institución. La corporación se ocupa sobre todo de sí misma y solo en lugar subordinado del objetivo social para la que fue diseñada. La institución defiende primero los objetivos para los que fue propuesta y pone en lugar subordinado el interés de sus integrantes que nada más son servidores del fin público de la institución.
Hay una excepción a esto: la empresa privada, ya que su lógica es corporativa por definición. Porque la empresa privada tiene como meta principal la ganancia, pues aunque su propósito fuera la salvación del mundo, si no gana plata con ello va a la quiebra. Su fin no es público sino privado, y es responsabilidad del Estado ordenar esos fines privados con los públicos. Por eso es tan difícil trasladar a lo público la lógica de la empresa privada. Ser corporativo en una empresa no está mal, serlo en el Estado está definitivamente mal.
John Ralston Saul, uno de los más importantes ensayistas canadienses habla de “los bastardos de Voltaire” refiriéndose con ello al nuevo capitalismo que dejó de lado la concepción republicana liberal para asumir una corporativa donde sus miembros han copado el Estado creando una burocracia, una clase tecnocrática desde la política. Son los traidores de la ilustración. Con ellos el Estado ya no está al servicio de la Nación sino al servicio de sí mismo y de sus miembros.
Esa es exactamente la razón filosófica del fallo contra Bruglia y Bertuzzi y también contra el de Castelli. Además desnuda un malentendido acerca de que la Corte fue la garantía final de la constitucionalidad al frenar la reforma judicial cristinista de 2013 que tenía un claro objetivo: poner la Justicia al servicio del poder político, colonizarla. Pues ahora hizo si no lo contrario, algo parecido a lo contrario.
Esa Corte alabada como defensora de las instituciones en un país corporativizado por la clase política y estatizado por la ideología oficial, en 2013 no falló en contra del poder por puro amor a la verdad sino que hubo una casualidad histórica: esa vez el interés republicano general de la sociedad coincidió con el interés corporativo de la Corte que -al igual que gran parte del poder judicial- generalmente está dispuesta a transar con el poder político para que no le quiten su poder corporativo. Puede negociar los fallos pero no la intromisión del gobierno en la corporación judicial. Es cierto, no tenemos -al menos aún- una Corte adicta como la de Santa Cruz o Venezuela, pero sí una Corte encerrada en defensa propia.
Por eso, los fallos contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, son un modelo ideal para estudiar en las facultades acerca de la lógica de esta Corte y de la lógica corporativa de casi todas las instituciones públicas argentinas. Donde primero está la defensa de la corporación, luego el deseo de congraciarse con el poder de turno para que no le agredan sus intereses corporativos, al menos no demasiado (se trata de no entregarle al poder político la corporación aunque para eso a veces haya que sacrificar algunos de sus miembros) y en último lugar, un espacio chiquitito para la verdad en tanto no se oponga ni a la corporación ni al poder.
Con este fallo la Corte confirmó su potestad: somos nosotros y no el Senado quienes deciden sobre la constitucionalidad de las leyes. Pero a la vez aceptó la idea cristinista de que es inconstitucional el traslado definitivo. O sea adoptó la nueva doctrina oficial aún contradiciendo lo que la misma Corte dijo hace dos años. Pero para no quedar tan mal con el sentido común y con los jueces con los que claudicó, dio una voltereta: dijo que los jueces serán trasladados pero después de un largo concurso. O sea le dio la razón doctrinaria al poder oficial pero le dio tiempo a los jueces para ver si con ese tiempo se pueden salvar, o al menos permanecer lo más posible en sus cargos por si deben finiquitar alguna cuestión con el poder. Les dijeron, ustedes ya no son más jueces efectivos sino subrogantes, pero evitaremos que los saquen ahora. Así la Corte salvó(o cree que salvó) a la institución judicial de la furia total del poder político a ver si pueden calmar a los K de la intención de avanzar sobre ella y a la vez protegió como pudo a los jueces aunque los desjerarquizó y humilló. Los salvó de morir hoy, mañana se verá.
Si hubiera fallado que con respecto a los traslados lo que está está y de ahora en más se cambia, no habría habido contradicción y hubiera la Corte actuado bien. La retroactividad es su defección y la que arma un embrollo jurídico enorme con una cantidad amplia de jueces y juzgados, solo para complacer a la vicepresidenta.
Pero por si fuera poco, le hizo otro favor a Cristina con su interpretación: Cristina los quería trasladar a estos jueces no solo por temor a un fallo de ellos hacia ella sino también por venganza, y para advertencia a todos los demás jueces que no se atrevan más a meterse con ella. Y la Corte le dijo a Cristina, tenés razón aunque se van cuando queramos nosotros. Pero lo que no evaluaron los supremos es que al darle la razón a la vicepresidenta, su amenaza queda pendiente como una espada de Damocles también sobre todos los demás jueces.
Ni hizo justicia ni dejó de hacerla, un fallo mediocre y gris que nos avisa que por ahora, no aún al menos, no tenemos una corte K, empleada del poder político, sino solo una Corte corporativa que por sobre todas las cosas busca salvarse a sí misma, y si además puede salvar la república, bienvenido, aunque sino también.
El fallo de la Corte a los kirchneristas les gustó en parte porque les dieron la razón jurídica pero no les gustó nada que haya diferido la ejecución de los jueces involucrados. A los no kirchneristas en general les pareció que la Corte claudicó ante Cristina pero algunos más moderados dicen que se ubicó en el medio: demoró el traslado de los jueces para ver si el tiempo los salva. Alberto Fernández quedó conforme porque el fallo no lo obliga a malquistarse con la Corte por defender a Cristina ni malquistarse con Cristina si salía un fallo en contra de ella. Y la Corte, sobre todo su mayoría peronista, con eso de darle una manito a un presidente débil, calma en parte su mala conciencia porque sabe que lo que hizo no está bien.
En suma, una Corte por debajo de lo que necesita el país aunque tampoco a favor rampante de la corrupción. Una Corte de la cual, antes de que fallara, los kirchneristas dijeron que estaba desgastada lo suficiente para cambiarla y con este fallo no variarán su posición porque es tibio y ellos quieren una Corte propia. Pero la oposición ahora dirá lo mismo de la Corte, que ya se desgastó. Nadie dará mucho por salvar a estos jueces.
El sindicalista Casildo Herrera que era el titular de la CGT nacional cuando cayó Isabel Perón en 1976, para no ir preso huyó al Uruguay un día antes del golpe y desde el vecino país pronunció una frase que quedó en la historia: “Yo me borré”. Ahora es la Corte la que se borró.
