Tras la elección venezolana del 28 de julio, las presiones militares, más que la internacional, definirán la crisis. La decisión de Nicolás Maduro de darse por ganador con el 51,2% frente a la oposición, a la que adjudica 44,2%, no ha sido reconocida por EEUU, la Unión Europea, algunos de sus aliados en Asia y varios de los países de América Latina. Seguramente, como sucedió con el gobierno interino de Juan Guaidó surgido en 2019 -reconocido por estos mismos países-, intensificarán las sanciones económicas.
Pero estas sanciones vienen fracasando en Cuba desde hace sesenta y cinco años, al igual que sucede con Irán y Rusia en años recientes. Estos países, junto con China, han reconocido el resultado oficializado por Maduro, al igual que varios de sus aliados. Esto dará al régimen venezolano cierta capacidad de resistir a las sanciones económicas. El gobierno interino de Juan Guaidó tuvo un apoyo popular mayoritario, como sucederá ahora con el desconocimiento del resultado declarado por la líder de la oposición, María Corina Machado.
Días antes de la elección Maduro amenazó con un “baño de sangre” si el resultado era desconocido y el mismo día de la elección dijo que tenía “un arma secreta” que eran las milicias, organizaciones paramilitares del régimen preparadas y dispuestas a la violencia callejera. No cabe duda de que está dispuesta a usarlas.
Como sucedió con Guaidó, el rol de las Fuerzas Armadas vuelve a ser la clave más importante de su posible fracaso. Sólo lo siguieron algunas decenas de uniformados.
Fracasado el golpe contra Chávez de 2002, éste recurrió a Fidel Castro para adquirir el mecanismo para asegurarse la lealtad militar que le había fallado, al igual que para reorganizar sus servicios de inteligencia y tener una custodia confiable, inicialmente a cargo del mismo servicio de inteligencia cubano.
Respecto a los militares, el primer mecanismo que se implementó fue una poderosa Dirección de Contrainteligencia Militar, destinada a suprimir cualquier esbozo de disidencia. A quien no está identificado con el régimen le espera cárcel y torturas, como persecución a sus familias.
La segunda iniciativa fue el cambio ideológico, simbolizado con la sustitución de la consigna de lealtad de “Patria o Muerte” por la de “Socialismo o Muerte”. Como sucede en Cuba, las instituciones armadas son del partido, no del Estado. A ello se agrega cierta reinterpretación de la Historia, de acuerdo a la cual el país tiene dos padres en la faz político-militar: Bolívar y Chávez. El primero lideró la independencia política y el segundo la soberanía económica.
En la oposición se afirma que la mitad de los presos políticos son militares jóvenes; puede ser una estimación exagerada, pero es una evidencia del tipo de trabajo que realiza la contrainteligencia militar. En cuanto a las jerarquías superiores, están beneficiadas por su actividad en la economía a cargo del Estado y es aún más difícil que se produzca entre ellas alguna reacción contra el régimen.
El chavismo lleva un cuarto de siglo en el poder y es muy difícil que Maduro lo deje si no pierde el control de la fuerza militar y ello no es fácil que suceda. Hasta ahora no hay señales de disidencia en el ámbito militar, con la posición de Maduro de exigir tanto fuera como dentro del país que sea reconocido el resultado electoral oficial. Las protestas siguen desarrollándose: hay concentraciones en las plazas; cortes de rutas y avenidas, y cacerolazos en barrios predominantemente de clase media. En este contexto, en la noche del 29 de julio se registró el primer muerto entre los manifestantes que protagonizan las protestas.
Lamentablemente esto se convertirá en un indicador de la evolución de la crisis.
Desde el punto de vista internacional, es claro que predomina la condena a Maduro, pero con matices. En el mundo occidental desarrollado predominó la posición de que Maduro debe permitir un recuento transparente de los resultados, a lo cual, hasta ahora, se niega. Esta posición es compartida por los treinta y dos países de la Unión Europea. Se encuentran en esta posición, además de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Italia y España, entre otros. Pero hay algunos países relevantes de América Latina que también la acompañan. Es el caso de Brasil -que se ha hecho cargo de la representación argentina en Caracas-, que tiene el mayor electorado de la región, y Colombia, que es el tercero.
Reconociendo los resultados defendidos por Maduro están dos potencias globales: China y Rusia. También en África lo apoya Madagascar, y en Medio Oriente Irán y Siria. De América Latina lo hacen Honduras, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Un tercer grupo, integrado por nueve países de América Latina, afirman que hubo fraude. Se trata de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en América del Sur, y Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala de América Central. También hay países importantes que no se han pronunciado, como India en el sur de Asia. Todo el continente africano está en esta postura, salvo Madagascar. No es fácil por ahora coordinar una estrategia concreta en el plano internacional para obligar a Maduro a que reconozca su derrota electoral.
El pase a la clandestinidad de Corina Machado, que sigue incitando a la resistencia, y los más de veinte muertos y mil detenidos a consecuencia de la represión de Maduro, dan un sesgo dramático a la crisis.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
