La 61° reunión de Presidentes del MERCOSUR que se realiza en Uruguay en la primera semana de diciembre, encuentra al grupo en su mayor crisis desde su creación en 1991. A ésta se llega por dos factores: la intención de Uruguay de negociar acuerdos bilaterales por fuera del grupo regional y la baja prioridad dada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al MERCOSUR durante su gestión presidencial. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, viene planteando la necesidad de flexibilizar el MERCOSUR, de manera que sus miembros puedan firmar tratados de libre comercio (TLC) al margen del grupo regional, dada su falta de avances en negociaciones que otorguen mayor apertura y así amplíen el comercio. No es un reclamo nuevo. Ya en los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay (y también Paraguay) reclamaron mayor flexibilidad para negociaciones extra-bloque. El gobierno de Lacalle Pou ha mostrado una política exterior alineada con los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero mirando a Asia para sus acuerdos comerciales. Es así como comenzó la negociación de un TLC con China, pero no pudo hacer lo mismo con Estados Unidos. Es una situación paradojal, dado que la Argentina de Alberto Fernández y el Brasil de Lula que viene, por razones ideológicas, buscan mantener buenas relaciones con China, pero en el comercio están más alejados de la apertura comercial con la potencia asiática. Pero ahora Lacalle ha firmado la iniciación de negociaciones para incorporar a Uruguay al tratado comercial transpacífico, integrado por países con costa en dicho océano. La negociación se ha iniciado a través de Australia y Nueva Zelanda. Cabe señalar que el MERCOSUR no es un TLC entre sus cuatro estados miembros, es en realidad una unión aduanera imperfecta por sus excepciones. Cualquier acuerdo de libre comercio iría más allá en la apertura que en el nivel que se encuentra hoy. Si Uruguay avanzara en este camino sin acuerdo con los otros tres miembros del MERCOSUR, podría quedar excluido.
El 1° de enero Lula asume su tercer mandato como Presidente de Brasil, y esto permitiría una mayor posibilidad de evitar que la posición uruguaya derive en una crisis del grupo regional. La idea del próximo Presidente de Brasil es revitalizar la integración regional. Pero es una intención más política que económica, que tiene dos ámbitos precisos: el retorno de Brasil a la Celac (de la cual Bolsonaro suspendió a su país) que reúne a todos los países del continente americano menos Estados Unidos y Canadá. Pero en este ámbito -a fines de octubre se reunieron en Buenos Aires los ministros de Relaciones Exteriores de la Celac y la UE sin mayores resultados- en términos concretos sólo han logrado avances con China en materia de cooperación y desarrollo. El otro ámbito es la recreación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) integrada por los doce países de esta subregión. También se da el caso de que es un escenario más político que económico. Venezuela y Bolivia son miembros del MERCOSUR, pero no tienen la categoría de “plenos”. Dársela sería un avance y la ampliación del grupo, pero ambos países no tienen demasiado interés en realizar las reformas económicas necesarias para integrarse. El viaje de Lula a EE.UU., donde se reunió con el consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, y acordó un encuentro con el presidente Joe Biden para después de su asunción, muestra una relación política y estratégica, pero no económica y comercial.
El MERCOSUR tiene múltiples posibilidades de negociación, pero ninguna de ellas parece que pueda concretarse en el corto plazo. Por un lado, se analiza la posibilidad de un acuerdo con los países de América Central y el Caribe. Tiene clara racionalidad por la complementariedad de las economías. Pero los países de dicha subregión tienen mayor grado de apertura y acuerdos de libre comercio con otros bloques que complicarían avanzar en una negociación. También han sido iniciadas negociaciones con Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Canadá, pero ninguna de ellas se concretará en el corto plazo.
En lo inmediato, avanzar en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es el objetivo concreto en el corto plazo. Así lo ha reconocido el presidente argentino, Alberto Fernández, quien asume como Presidente pro témpore del grupo para el primer semestre de 2023. Lula, por su lado, también ha dicho que dará prioridad a esta negociación. En el segundo semestre del año próximo, el titular del gobierno español, Pedro Sánchez, asumirá como Presidente pro témpore de la Unión Europea y piensa dar impulso al acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, destacando el rol español en la relación de Europa con América Latina. Es una oportunidad que obliga a las dos partes a moverse con rapidez. Si a fines de 2023, en la elección presidencial argentina ganara un gobierno de centroderecha, la sintonía regional entre Lula y Fernández desaparecería, y entonces sería más difícil avanzar. Pero en lo concreto, la intención de Lula de avanzar en un TLC con la UE, encuentra resistencias en el sector industrial brasileño. También en Argentina existen cuestionamientos similares. Desde el punto de vista europeo, la política medioambiental de Lula -que es más cercana a la de la UE- facilita la negociación, y en particular reduce la objeción de Francia. Pero queda por resolver la resistencia de varios países europeos que no quieren abandonar la política proteccionista para su sector agropecuario.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
