“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos”. Así comenzaba la declaración del 26 de agosto de 1789 redactada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, cuando promulgaron los derechos personales y los de la comunidad.
La Asamblea Nacional había surgido después de la convocatoria de los Estados Generales en 1789. Desde los tiempos de Luis XIV que no se reunía dicho grupo de representantes del clero, los aristócratas y los ciudadanos, pero ante la precaria situación económica que atravesaba Francia, después de aportar los medios económicos para fomentar la rebelión entre los americanos contra el dominio inglés y una sucesión de malas cosechas que habían llevado al país a la bancarrota, el ministro Jacques Necker (1732-1804) convenció al rey Luis XVI de convocar a esta Asamblea de notables para dar fuerza a las medidas de fondo que debían tomarse. A tal fin, propuso que el llamado Tercer Estado –es decir, la burguesía, comerciantes y profesionales– tuviese más representantes que el clero y la aristocracia, ya que sabía que estos no estaban dispuestos a ceder sus prerrogativas ni apoyar a Necker en sus reformas del Estado.
Obviamente, el monarca y los nobles se opusieron a esta medida que Luis XVI consideró de “extremada condescendencia”. Con el Tercer Estado en pie de guerra contra la monarquía, el 11 de julio 1789, el rey despidió a Necker, conocido como “el ministro patriota”.
Luis XVI jamás se imaginó que esta medida podría desembocar en una expresión de descontento popular que culminó con la toma de la Bastilla.
El 16 de julio, Necker recuperó su puesto como ministro de finanzas, pero por más que no logró imponer sus ideas en la Asamblea, creó entre los diputados de la burguesía un empoderamiento que los llevó a desafiar la autoridad del rey.
En la reunión de los miembros del Tercer Estado, conocida como “Le Jeu de paume” (El juego de pelota), estos juraron dar a Francia una Constitución para asegurar los derechos de los ciudadanos. Se presentaron 21 proyectos y el más votado fue el del abate Emmanuel-Joseph Sieyès quien en su “Ensayo sobre los privilegios” preguntaba: “¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora el orden político? Nada”.
A pesar de ser sacerdote, Sieyès fue elegido representante del Tercer Estado por los habitantes de París.
Este proyecto fue debatido desde el 20 de agosto en adelante y la declaración de derechos se redujo a 17 artículos. El último de ellos, relativo a la propiedad privada, fue consagrado el 26 de agosto de 1789.
Esta declaración fue promulgada con patente real el 3 de noviembre, cuando se abolieron los privilegios del sistema feudal, sostén del “Ancien régime”.
Sin embargo, esta primera declaración no se refería a la condición de las mujeres ni suprimía la esclavitud. Esta última fue abolida el 4 de febrero de 1791 y pocos días después Olympe de Gouges proclamaba “la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas”.
Olympe propuso la igualdad de los derechos de las mujeres (incluido el divorcio), la protección de las infancias y la división de los poderes, pero se opuso a la ejecución de los reyes. Por esta posición y sus críticas a la dictadura de Robespierre, fue considerada una traidora. Antes de ser ejecutada dijo: “Si una mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna”.
La declaración de derechos fue el preámbulo de la Constitución francesa de 1791. Las versiones subsecuentes de dichas declaraciones, ampliadas y corregidas, fueron incluidas en las constituciones de 1793 y 1795. Finalmente, fue preámbulo de la Constitución francesa de 1946 y su ampliación de 1958.
La declaración de derechos fue la culminación de un largo proceso que había comenzado con la Carta Magna inglesa de 1215, el Habeas Corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y la Constitución de Virginia (EEUU) de 1776, donde Thomas Jefferson –quien había sido representante norteamericano en Francia– declaraba la existencia de derechos inherentes a las personas.
La declaración de tales derechos (“Todos los hombres son nacidos iguales”) fue incluida en la constitución norteamericana, pero en ella no se promovía la abolición de la esclavitud dado que la mayoría de los padres fundadores de la nación eran dueños de esclavos.
En el acta capitular del 25 de mayo de 1810, los cabildantes porteños siguiendo la declaración de los revolucionarios franceses (que fue traducida al español por Antonio Nariño y publicada en Bogotá en 1793), incluyeron principios destinados a garantizar la libertad de los individuos. Los gobiernos posteriores garantizaron la seguridad individual y la libertad de prensa. En la Asamblea de 1813 se declaró la libertad de vientres (para entonces la tercera parte de la población porteña era negra), pero la esclavitud como tal fue recién totalmente abolida con la consagración de la Constitución de 1853, eco de Las Bases de Juan Bautista Alberdi quien incluyó los principios de los revolucionarios franceses.
La declaración de los derechos del hombre y la mujer es el conjunto de principios más esclarecedores de la condición humana en la historia de las instituciones políticas, donde se consagra la igualdad, la libertad, el derecho a expresarse, la intangibilidad de la propiedad privada y la soberanía individual. Como dijo Ramsey Clark (1927-2021), ex fiscal general de los Estados Unidos: “Un derecho no es algo que alguien otorga sino algo que ningún gobierno o persona puede quitar”.
* El autor es médico y escritor.
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