La crisis en Venezuela no cesa, sino que se agrava. Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral siguen sin mostrar las actas de los comicios presidenciales celebrados el pasado 28 de julio. Entretanto, una organización no gubernamental atribuyó el triunfo electoral a la fórmula encabezada por Edmundo González Urrutia, convertido en candidato toda vez que la tenaz María Corina Machado fuera proscrita por el régimen que, desde 1999, se erigió en único intérprete del linaje revolucionario e independentista bolivariano, y del “socialismo” latinoamericano del siglo XXI.
En el medio, la movilización ciudadana no detiene su marcha increpando la temeraria maquinaria represiva que vulnera derechos humanos fundamentales y criminaliza la protesta social. Según el informe de expertos electorales de la ONU en los días siguientes a la elección hasta el 8 de agosto, se registraron 23 muertos por armas de fuego y una por golpes, más de 2200 personas (que incluye a 160 mujeres) fueron detenidas sin proceso mediante, a los que deben sumarse niños y adolescentes que participaron de las protestas callejeras o expresaron opiniones antigubernamentales en las redes sociales. La mayor parte de las detenciones se produjeron en el distrito capital con epicentro en Caracas, y en ciudades de los partidos de Carabobo y Anzoátegui. Entre las personas detenidas figuran dirigentes y simpatizantes de partidos políticos, periodistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos, considerados todos por las autoridades como opositores o “terroristas”. Sin embargo, la redada represiva y las amenazas anunciadas por el círculo de hombres fuertes que custodian al presidente y dictador Maduro, resultaron ineficaces para frenar la furia popular que se manifestó incluso en la “cancelación” o demolición de monumentos erigidos en espacios públicos en recuerdo del fallecido comandante Hugo Chávez, el fundador del régimen autocrático que tambalea.
Quienes asumen el riesgo de ocupar las calles, desafían la censura y las restricciones impuestas a organizaciones de la sociedad civil, lo hacen de cara a la opinión pública internacional, los gobiernos latinoamericanos y los casi ocho millones de compatriotas que desde hace años emprendieron la ruta del exilio a países vecinos, y más allá del inmenso continente americano. En Argentina, país receptor de inmigrantes europeos y latinoamericanos desde sus orígenes, habitan más de doscientos mil venezolanos y venezolanas, y en Mendoza lo hacen cerca de 4000 personas, según datos del último censo de población nacional. Como suele ocurrir en la mayoría de las migraciones masivas, y lo han demostrado María V. Martínez Espínola y Cinthia Insa, se trata de mujeres y varones jóvenes con o sin familia; más de la mitad arribaron a la provincia con formación técnica o universitaria; otros llegaron para estudiar y trabajar al mismo tiempo; otros tantos son cuentapropistas o desempeñan trabajos precarios o informales que les permiten organizar sus vidas cotidianas, recomponer sus familias de origen o fundar nuevas, y cuando tienen capacidad de ahorro enviar remesas para asistir a los parientes que quedaron y aliviarlos de la miseria.
Están quienes confían en el fin de ciclo del régimen y aventuran algún tipo de transición, mientras los gobiernos de Brasil, Colombia y México emitieron una declaración en la que instaron al gobierno venezolano preservar las bases constitutivas del orden democrático emanado de la voluntad popular. Una posición semejante a la adoptada desde un comienzo por el mandatario chileno Gabriel Boric, y diferente a la toma de posición del gobierno de Milei que reconoció el triunfo del candidato opositor con el doble propósito de erigirse en firme detractor del socialismo que condena, y a los efectos de confrontar con la “pesada herencia” de sus viejos aliados del subcontinente, el alicaído matrimonio presidencial conformado por Néstor y Cristina Kirchner. En cambio, y sin sorpresa alguna en el escenario internacional, Rusia y China reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro.
El dramático capítulo venezolano instala demasiadas incertidumbres como para proyectar cuál será su desenlace. Pero más allá de cualquier pronóstico, la crisis política y social pone de relieve los azotes que padecen las democracias contemporáneas al develar la tensión entre los principios y reglas que las dotan de legitimidad y las prácticas, procedimientos o mecanismos que corroen el lazo representativo entre gobierno, pueblo o ciudadanía.
En un ensayo reciente que vale la pena leer, Natalio Botana traza con su habitual lucidez el derrotero de los 40 años de la restaurada democracia republicana argentina haciendo honor a su respetada trayectoria como historiador, cientista político y “espectador comprometido” con la vida cívica o de la polis. En ese recorrido hay luces y sombras porque si bien la democracia electoral vigorizó la alternancia gubernamental entre partidos o coaliciones, la misma ha impactado poco o nada en la calidad de las instituciones democráticas. Otro tanto ocurre con el maltrecho federalismo vernáculo en tanto ha pronunciado las desigualdades interprovinciales, ha instalado gobernadores, partidos e intendentes perpetuos, y ha profundizado el decisionismo presidencial en la distribución discrecional de recursos fiscales a las provincias.
Pero la democracia argentina reciente también aloja en su interior el peso de su historia previa que procede del ciclo inmediatamente anterior a la esperanzadora etapa abierta en 1983 basado en la trilogía conceptual clásica de las democracias modernas: libertad, justicia e igualdad. Allí Botana no solo expone su perplejidad frente a su propio tiempo histórico, sino que nos recuerda la herencia del medio siglo previo en los que la primera interrupción institucional, la de 1930 que tumbó el experimento democrático liderado por Hipólito Yrigoyen, abrió no solo un ciclo de golpes cívico-militares que terminó en la más tremenda dictadura, sino también puso de manifiesto una idea y práctica de la democracia incapaz de conciliarse con el pluralismo político, sujeta a pujas e intereses corporativos y dependiente de liderazgos personalistas que obstruyen o limitan la solidez y la saludable renovación de las estructuras y dirigencias partidarias. Porque siguiendo a los autores clásicos que Botana enseñó a lo largo de su magisterio, sin partidos políticos capaces de arbitrar el vínculo entre sociedad, política y poder la democracia queda expuesta al arribo de algún outsider que la pone en vilo.
* La autora es historiadora del INCIHUSA-CONICET y de la UNCuyo.
