En el plano institucional, el reclamo policial se ha transformado en algo tan peligroso que escalo a un claro intento de sedición. Ante esta gravedad inusitada, la oposición ha jugado un rol cuanto menos llamativo: dio un apoyo irrestricto a los reclamos policiales.
Los tuits de ayer por la tarde de algunos referentes opositores cuestionando la modalidad, retrocediendo en lo que fue la postura original, fueron tardíos. Recordemos que hace tres días hubo una ruidosa protesta policial frente a la residencia del gobernador Kicillof. Ese era el momento de la condena.
En cuanto al gobierno provincial resulta asombroso la falta de respuestas, que, sin dudas, permitió que el tema escalara. Si realmente tenía políticas específicas para el sector, ¿por qué no las anunció concretamente? Hubo un escenario previo de anuncios, de marchas y contramarchas, sin que se entendiera cuál era la idea. En teoría, el gobierno cuenta con un ministro que se suponía, contenía a la fuerza. Esa era la explicación que se daba ante los desbordes y sobreactuaciones del ministro. Quedó sin articulación política. Demoró más de un día en hacer declaraciones. En un contexto de crisis, es aconsejable dejar todo a un lado para resolver el problema.
Que 200 patrulleros rodeen la Quinta de Olivos excede cualquier tipo de reclamo salarial. Es sedición.
Veo un punto de conexión con el conflicto de Córdoba, de fines de 2013. Si bien los problemas salariales son históricos (en todas las policías provinciales) el detonante aquella vez fue el narco escándalo. En Buenos Aires ocurre algo similar con el caso Facundo. Ante las sospechas sobre la responsabilidad policial, se endurecieron las posiciones. Como no hay un ministro que lidere la fuerza, se rompieron todos los diques de contención.
El Gobierno nacional demoro en entrar. Sobrevuela una idea culposa sobre como ejercer la autoridad. El primer síntoma de mal manejo es cuando se quiere mostrar normalidad cuando no la hay.
El punto de coparticipación que pasará de porteños a bonaerenses, servirá para abonar la grieta, mas allá, que Alberto Fernández lo tenía acordado con Larreta desde marzo de este año.
