Decir que durante un año los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina fueron vulnerados no es exagerado. A ellos se le quitó la posibilidad de acceder a la educación, un derecho humano fundamental y eso debe revertirse urgente, dejando de lado intereses sectoriales y egoísmos que atentan contra la inclusión de millones de argentinos.
En primera instancia hay que reconocer el esfuerzo extraordinario y valioso de las y los docentes que han procurado llegar sin exclusión, con la enseñanza a todos los sectores de la población. Porque saben el valor que tiene la educación y la contención que proporcionan a los niños, niñas y adolescentes. La conexión virtual no fue suficiente y se requirió un esfuerzo superior de parte del sistema educativo. En un país donde la brecha de acceso a las tecnologías y a servicios esenciales esta tan marcada, la universalidad no es más que una utopía.
Con la llegada del COVID-19 no sabíamos a qué nos enfrentábamos y la primera medida fue un Decreto de Necesidad y Urgencia (297/2020) del Poder Ejecutivo Nacional, que impuso el “aislamiento social preventivo y obligatorio” y con ello un cierre absoluto en todo el territorio.
Con el correr de los meses algunas provincias demostraron un eficaz manejo para sobrellevar la pandemia, pero el gobierno nacional se oponía, de forma caprichosa, a que cada jurisdicción tomara las decisiones que creyera conveniente para salir de la situación de aislamiento.
La escuela no fue ajena a este proceso, se cerraron todos los establecimientos y todos los institutos educativos en Argentina. Así, miles de niños, niñas y adolescentes fueron excluidos del derecho a la educación; y solo pudieron recibir una educación virtual quienes tenían posibilidades de conexión a internet y/o recursos que les permitieran vincularse a las y los docentes.
Quedamos sin nuestros establecimientos educativos, espacios de contención y enseñanza, por una decisión política vertical que excluyó a las y los estudiantes que no fueron escuchados, negándoles otro derecho fundamental, el derecho a la participación.
Ahora nos encontramos frente a un país acorralado por la crisis económica que se agudizó durante el último año, producto de una cuarentena interminable y decisiones políticas que no previeron la catástrofe social que ocasionarían. Priorizaron la apertura de casinos a la de las escuelas.
Días atrás, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó un informe advirtiendo que la vuelta a clases es “imprescindible”. Los médicos resaltan el rol de las escuelas en el desarrollo y el bienestar de los jóvenes y sostienen que es “indiscutible” no solo para la adquisición de conocimientos, sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales, sociales y el cuidado de la salud integral.
El derecho a la educación es clave puesto que permite el completo ejercicio y disfrute de los demás derechos humanos. Consagrado en nuestra Constitución Nacional y Provincial.
Parece que los funcionarios del gobierno nacional y los dirigentes sindicales son ajenos a las leyes que nos rigen y han usado la pandemia como excusa para avasallar los derechos más fundamentales de la población.
Ha pasado casi un año de malas decisiones en la administración nacional de la pandemia, las cifras de pobreza, exclusión, vulnerabilidad e indigencia dadas en diciembre por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina indicaron que el 44,2% de la población total está bajo la línea de pobreza en los centros urbanos, y un 64,1% de los menores de 18 años vive en hogares donde el dinero que ingresa no le alcanza a la familia para procurarse un conjunto básico de servicios y bienes materiales.
Frente a este escenario es imperioso planificar y reparar en lo posible el daño causado especialmente a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y/o excluidos de la educación.
Es tiempo de consensos, debemos dejar de lado las mezquindades políticas y sectoriales. Hay que resolver la vuelta a las escuelas con los mayores cuidados, pero también con la mayor equidad posible. Debemos asegurar y garantizar los 180 días de clases de cursado, presencial y semi-presencial para que los y las estudiantes puedan educarse, desarrollarse y formarse plenamente en la sociedad del conocimiento.
