Escuela pública de gestión estatal y educación técnica. Ésas fueron las premisas para la elección de las instituciones a las que confiaría la escolaridad de mis hijos.
Estatal vs privada. Si bien no reniego de mi formación de 12 años en un colegio privado, nada de lo que vi -hace 15 años- en la oferta educativa de gestión privada -que estuviera al alcance familiar- inclinaba la balanza para destinar parte de mi gasto particular en lo que ya estaba sosteniendo con mis impuestos. Varias experiencias positivas y negativas de una y otra gestión confirman que la mejor elección ha sido ser parte de ese 70% de mendocinos que optamos por la popularmente conocida como “escuela pública” (aunque su título real sea escuela de gestión estatal).
Secundaria técnica vs orientada. Una escuela que ofreciera una enseñanza más práctica, que brindara más alternativas, que se acercara más a las y los estudiantes fue lo que nos sedujo de este formato que incluye formación técnica para el trabajo. Y cada uno de los tres -una mujer y dos varones- pudo ir a la escuela técnica que consideró más afín a sus gustos.
¿Estoy -estamos como familia- conforme con esas decisiones? Definitivamente, sí.
No obstante, en estos quince años que llevo en el sistema educativo como mamá, he comprobado cómo se ha deteriorado o -en palabras de Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella- cómo ha colapsado.
A nivel macro, el financiamiento educativo definido por la ley de 2005 -en que se fija la meta del 6% del PBI- está siempre en deuda. “La frazada es corta”, se excusan las autoridades escolares y enseguida enrostran que el 90% del presupuesto se va para pagar sueldos docentes.
Sin embargo, cada gobierno que desembarca en los ejecutivos nacional y provinciales borra todo lo que se hizo en la gestión anterior sin evaluar el camino recorrido; manda a imprimir miles de libros de sus autores amigos y los hace llegar a casi todos los rincones de su territorio sin observar si es lo que esas comunidades necesitan; tira planes de formación y busca unos nuevos…
La lista es larga y con más o menos ejemplos se llega a la misma conclusión. No hay políticas educativas, salvo un puñado de acuerdos (como el reciente piso de los 190 días de clases) y de leyes que perduran en el tiempo, algunas de esas normas enquistadas sin posibilidad de debate como el Estatuto Docente -que data de fines de la década del ‘50 y que si bien tiene entre sus puntos a favor que brinda estabilidad laboral, cuenta con otros puntos que frena el desarrollo de la tarea educativa-.
Ese déficit en el financiamiento educativo repercute en el aula porque está claro que un docente que debe estar preocupado porque no puede pagar sus cuentas diarias, no puede despejar su cabeza para ocuparse íntegramente de su trabajo, porque además -muchas y muchos- deben salir corriendo de una escuela para llegar a otra y más tarde ocuparse de sus propios hijos.
Desde el Ministerio de Educación de Nación coinciden en que el financiamiento es clave, que los consensos cuestan, que hacen falta más días y más horas de clases. El acuerdo por esos días ya se alcanzó y Mendoza aceptó el desafío de armar un calendario de 195 días lectivos. Ahora, el país y nuestra provincia están viendo cómo alargar la jornada educativa.
El aspecto no menos importante que falta definir es para qué las niñas, niños y adolescentes estarán más tiempo en la escuela. Ya hay algunos esbozos, pero genera otra cadena de necesidades que vuelve nuevamente al primer eslabón: el financiamiento.
Esa cadena de necesidades tiene que ver con el dominio de nuevos conocimientos: el alumnado no puede estar más horas sentado en el banco para que le digan lo mismo que aparece en el ciberespacio; no puede hacer prácticos que en vez de leer para sacar una conclusión pueda resolver copiando y pegando la pregunta en Google para luego copiar y pegar la respuesta en su carpeta.
Ese dominio de nuevos conocimientos y habilidades tiene que ver con cambios en la formación docente, una actualización que va más allá de las herramientas tecnológicas.
