En este preciso instante mientras yo escribo estas líneas y ustedes están leyendo del otro lado hay gente que está jugando online. Todos los casinos de la provincia están cerrados, pero sin embargo hay gente que está apostando y el Estado no tiene manera de saber quiénes son ni dónde están.
Esto no es un fenómeno nuevo, esto se da aproximadamente desde mitad de los ’90 del siglo pasado y frente a esto la política siempre optó por mirar al costado.
El juego online existe, está sucediendo, no tiene ningún tipo de regulación y ningún límite por parte de las autoridades pertinentes y es por eso que este proyecto establece reglas y límites respecto a la cantidad de licencias, títulos habilitantes, garantías, publicidad, sistemas técnicos, control y fiscalización, protección de datos, entre otros puntos.
Hasta noviembre del año pasado fui presidente del Instituto de Juegos y Casinos, y durante mi gestión en el directorio tuvimos un gran trabajo para ordenar, regular y achicar la oferta de juego.
La importancia del proyecto presentado por el ejecutivo radica en que tiene por finalidad también regular y achicar la oferta de juego online limitándola en número.
El proyecto que viene del Senado es una ley marco para que el instituto de Juegos y Casinos, en el ejercicio de sus atribuciones, luego regule más en detalle. Puntualmente, lo primero que propone es ordenar la creación de un Registro de Títulos Habilitantes de Juego En Línea, el cual tendrá carácter público y accesible, dependiente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, al cual todos los eventuales jugadores, que sean mayores de edad, tengan que registrarse para jugar en cualquiera de las páginas legales que tenga este organismo. Vale aclarar que están exceptuados de inscribirse los menores de edad, los deudores alimentarios, y las personas que posean ingresos a través de beneficios y planes sociales. Entonces, como vemos, se avanza en limitar el acceso al juego a los posibles jugadores.
También podrá otorgar hasta 7 licencias para la explotación del juego a través de una licitación pública, limitando de esta manera la cantidad y controlando la calidad de la oferta de juego online en la provincia.
Históricamente hubo dos problemas en la persecución del juego online no regulado, por un lado, el juego ilegal no era considerado delito si no falta, algo que cambió hace tres años; y por otro lado perseguir este tipo de delito es muy costoso por la tecnología necesaria para realizar esta investigación. Y con esta reglamentación y esta limitación del juego a través del canon que se le van a cobrar a las empresas poseedoras de licencias de explotación de juego online, el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza va a poder invertir en tecnología que permita hacer un seguimiento sobre esta modalidad.
En resumidas cuentas, el juego online es una realidad. El Estado no lo está controlando, no estamos viendo quiénes tienen problemas de ludopatía, y en este preciso momento cada casa podría ser un casino sin que el Estado lo sepa, sin que el Estado recaude y sin que el Estado controle ni al jugador ni a la empresa. Entonces, esta reglamentación es limitante a esa oferta de juego y al mismo tiempo es ordenadora.
Hicimos unas modificaciones al proyecto que viene del Senado para beneficiar a las empresas que actualmente se encuentran explotando juegos de casino analógico. Esto se decidió así en parte porque estas empresas, como todas, está sufriendo la cuarentena pero ha mantenido a su personal, y además en el caso de los casinos privados porque esos casinos se permitieron en el marco de una ley de promoción turística, como sostenimiento financiero de la actividad principal que es la hotelera.
Para terminar, la actividad lúdica es una actividad muy humana que necesita tener un fuerte contralor por parte del Estado como regulador. Ese camino de control y disminución de oferta lo empezamos hace 5 años y es con enorme satisfacción que vemos que el gobierno actual continúa con esta política.
Si seguimos así van a ser 8 años seguidos de políticas de juego serias y consistentes que redundarán en que el Instituto vuelva a ser ese lugar serio y profesional al que sus empleados sentían orgullo de pertenecer.
*La autora es Diputada Provincial y ex presidenta del Instituto de Juegos y Casinos.