A pocos meses de asumir, el rotundo triunfo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referéndum convocado para aprobar sus reformas en materia de seguridad, confirma la prioridad que tiene el tema en la región. Las preguntas que obtuvieron el porcentaje más alto del Sí fueron las referidas a esta temática, como la colaboración complementaria de las Fuerzas Armadas con la policía (79%); la extradición de ecuatorianos hacia el exterior, prohibida en el texto constitucional hoy vigente (72%); el control de armas en las vías y rutas de acceso a las cárceles (76%); y el endurecimiento de penas para diez delitos vinculados al crímen organizado y el narcotráfico (74%).
Al aprobarse cinco de las medidas propuestas, podrá modificarse la Constitución ecuatoriana. Anteriormente, la población ya había sido consultada sobre este tema en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de la ola de violencia que generó una masiva fuga de reclusos y la escalada de la violencia narco. Las dos preguntas que no obtuvieron apoyo están vinculadas a los cambios económicos que el presidente pretendía: permitir que los trabajadores sean contratados por horas (33%) y el arbitraje internacional para resolver controversias (39%). Estos puntos eran rechazados por la oposición, consciente del consenso que tenían los otros cuatro vinculados a la seguridad.
El mismo día tuvo lugar en Colombia la mayor protesta contra las reformas que impulsa el presidente Gustavo Petro, reclamando por su inacción frente a la violencia armada. Se movilizó medio millón de personas en las principales ciudades del país. El grupo convocante estaba integrado por organizaciones médicas, fuerzas políticas de centro y ex aliados del presidente, que hoy rechazan sus iniciativas para estatizar la salud.
Pero el reclamo contra la violencia, que no cede pese a las negociaciones de paz con los diversos grupos armados, fue un tema central de la protesta. Cabe señalar que el líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero que se mantiene activo, sostuvo que negociar con Petro era más difícil que hacerlo con Uribe.
La marcha se hizo bajo la lluvia y en Bogotá, la capital del país, llegó hasta el Palacio Presidencial. Otro reclamo central fue la oposición a la reforma de la constitución que impulsa el oficialismo. La imagen del presidente Petro se encuentra en el peor momento de sus veinte meses de gobierno transcurridos. Pero manifestantes de las distintas ciudades llevaban pancartas referidas a la inseguridad y a la violencia de las guerrillas y los narcos. La política de “paz total” del presidente, que aspiraba a terminar definitivamente con seis décadas de conflicto armado que los acuerdos de paz del presidente Santos no lograron resolver, enfrenta un fracaso. Sus críticos rechazan las concesiones que reciben los grupos armados, pese a las frecuentes violaciones de lo pactado en las mesas de diálogo y la poca voluntad de deponer las armas.
Las negociaciones con los rebeldes del ELN y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no han evitado asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública. Petro buscó contraatacar, denunciando que esta propuesta iniciaba un “golpe blando” tendiente a destituirlo.
En Brasil, la inseguridad es un reclamo creciente para el gobierno del presidente Lula, que enfrenta en octubre una elección centrada en los alcaldes, que podría perder. La inseguridad pública es por un lado un problema crónico en el país desde hace décadas. Pero a lo largo del siglo XXI ha ido escalando de la mano de dos bandas criminales que se conducen desde las cárceles: el Comando Vermelho de Río de Janeiro y el Primer Comando de la Capital en San Pablo.
El gobierno de Jair Bolsonaro logró algunos avances frente al problema y mantuvo una actitud firme y respaldó a las fuerzas de seguridad, mostrando mayor decisión que sus predecesores y el actual presidente. La actual administración no muestra disposición a realizar reformas en este campo y presentar iniciativas para reducir el crimen organizado. Esto da una oportunidad a Bolsonaro, que ya ha comenzado su campaña con vista a ser reelecto en 2027.
América Latina es la peor región del mundo en temas de inseguridad pública y crimen organizado. Generalmente se toma la tasa de homicidios cada cien mil habitantes como la más útil para evaluar el problema. Exceptuando los países que están en guerra civil, la de América Latina es la peor del mundo. Ello explica por qué El Salvador ha transformado al presidente Nayib Bukele en un modelo de eficacia en este tema.
Al llegar al poder en 2019, la tasa era de cincuenta homicidios cada cien mil habitantes. Seis años más tarde, al ser reelecto, había descendido a cinco, diez veces menos. En promedio, la región supera la tasa de África.
En esto convergen varios factores. En primer lugar el narcotráfico, que tiene una expansión creciente. Pero esto no logra resolverse con eficacia mientras el flujo de dinero que generan los consumidores en el mundo desarrollado no cese hacia la periferia. Se calcula que el “negocio narco” produce en Europa treinta y cinco mil millones de dólares al año. De esta cifra, aproximadamente el 80% se dirige hacia América Latina, y mayoritariamente a América del Sur. La cifra que producen los consumidores estadounidenses es varias veces mayor y ésta se dirige fundamentalmente hacia México, América Central y el Caribe.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
