EL 26 de abril de 2023 el Gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, que reemplaza a la actualmente vigente y que incorpora instrumentos de gestión que tienen una influencia directa en la calidad institucional, ejes de gestión financiera del Estado, transparencia y, sobre todo, protección de los mendocinos frente ante la posible, y lamentablemente muchas veces ocurrida, utilización de los fondos públicos con fines partidarios sobre todo en años electorales.
Pocas veces ha ocurrido que un gobierno se obligue a sí mismo y a los que le sucedan a cumplir con criterios nuevos y más estrictos en lo que se refiere a la gestión de los fondos públicos. Colocar este tema en la agenda pública implica, ni más ni menos, hablar de cómo el Estado hace uso del dinero que proviene de los contribuyentes. Nada exigía dar este debate, y el gobierno de Mendoza optó por darlo porque corresponde, porque ante la triste y cada vez más profunda desesperanza de la gente de a pie frente a la dirigencia política es necesario dar pasos cualitativos que contribuyan a mermar esta distancia, a decir que no todo es lo mismo, y que la superación propia y el respeto por la gente es, ante todo, una decisión política.
El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal es el producto de un trabajo interdisciplinario y horizontal que se dio en el marco del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), un organismo democrático, creado por ley y absolutamente representativo de todas las instituciones, tanto públicas, privadas como de la sociedad civil, cuya voz es interesante en la formulación de las políticas públicas, cualquiera sea su especificidad. Esto le otorga una enorme legitimidad porque es el resultado de un análisis técnico profundo, orientado exclusiva y excluyentemente a ofrecer a los mendocinos la mejor opción de seguridad y respeto por los recursos con que el Estado provincial, a través de los gobiernos, gestiona para prestar sus servicios.
Algunos de los puntos más importantes del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal:
- Endurecimiento de las reglas de fin de mandato: esto incluye: a) prohibición de aumentar el gasto corriente durante el último de gestión, b) prohibición de incrementar el costo fiscal teórico que abarque al gobierno que suceda al que está finalizando su mandato, c) prohibición de donar cualquier activo del Estado durante el último año de gestión y d) prohibición de percibir anticipadamente impuestos o recursos.
Estas reglas tienen como centralidad el objetivo de evitar el uso indebido y electoralista de los recursos públicos: más transparencia, más previsibilidad, más seriedad , más certezas.
- Rediseño del Fondo Anticíclico: durante los últimos 15 años se ha suspendido la conformación de este Fondo, a pesar haber sido establecido por ley y cuyo objetivo es dotar al Estado provincial de recursos que le permitan enfrentar situaciones de dificultad financiera o económica que puedan acontecer en el fututo. Es decir: obligar a que el Estado ahorre, pero no a costa ni del salario del personal ni de la prestación de los servicios, sino a partir de excedentes, para permitirle afrontar los efectos dañinos que la población sufre a causa de crisis inesperadas o periodos recesivos.
El proyecto establece mecanismos claros para la constitución, uso y recuperación del Fondo Anticíclico: más orden, más solidez, más protección, más contención.
- Creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal: este nuevo organismo, conformado por los responsables del área de Hacienda del Poder Ejecutivo provincial y de todos los municipios además del Tribunal de Cuentas de la Provincia, será un ámbito de diálogo y consenso federal y equitativo. En un modelo de gestión diametralmente opuesto al que impera a nivel nacional, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial incluye disposiciones legales taxativas que tienden a la escucha, planificación y trabajo conjunto y coordinado entre las distintas jurisdicciones locales y el gobierno provincial. Esto permitirá evitar cualquier posible trato desigual e injusticia, como así también posibilitará la atención de cada problemática particular de nuestros 18 Departamentos.
El proyecto crea este Consejo Provincial y le otorga funciones amplias y claras: más claridad, más federalismo, más institucionalidad, más planificación.
Por todo lo dicho: hablar de responsabilidad fiscal es hablar de transparencia y de sostenibilidad del financiamiento de la seguridad, la educación, la justicia, la salud y todas las políticas públicas que afectan directamente la vida de todos nosotros. No es lo mismo ser responsables fiscalmente que no serlo. Todavía los mendocinos estamos pagando (en todo sentido) las consecuencias de gobiernos anteriores a 2015 que embargaron las cuentas provinciales, ingresaron al Estado miles de personas meses antes de que terminara su mandato, no pagaron lo sueldos ni a los proveedores, endeudaron esta provincia hacia niveles siderales y la dejaron en una situación de enorme vulnerabilidad ante posibles emergencias, que luego ocurrieron.
Los mendocinos tenemos la oportunidad tener un motivo más para estar orgullosos de ser la provincia que somos. La Ley de Responsabilidad Fiscal será, seguramente, un nuevo ejemplo en el país acerca de un modo de gestionar y de considerar el carácter sagrado de lo público.
La autora es Senadora provincial U.C.R. Bloque Cambia Mendoza
Presidenta Provisional del Senado
